El ecosistema de criptomonedas en Argentina atraviesa una etapa clave tras la reciente publicación de la Resolución General N° 1025.
Esta norma, impulsada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Unidad de Información Financiera (UIF), establece nuevas reglas para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en el país, con el objetivo de prevenir el lavado de dinero y garantizar la ciberseguridad en la custodia de activos virtuales.
El presidente de la CNV, Roberto E. Silva, explicó que el proceso de desarrollo de la norma incluyó la participación de actores de la industria. Al respecto, subrayó que el objetivo "es regular conforme a los principios de la Ley, pero sin frenar la innovación en el sector".
Por su parte, Marcos Zocaro, contador especializado en activos digitales, señaló a iProUP que la RG N° 1025 se inscribe en un proceso más amplio que comenzó con la RG N° 994, que creó el Registro de PSAV.
Esta nueva resolución, explicó el experto a este medio, introduce exigencias adicionales para la inscripción de proveedores, tales como la presentación de información sobre acuerdos con terceros y detalles sobre el referenciamiento de clientes.
"La norma busca establecer controles básicos para los PSAV, incluyendo un patrimonio mínimo, lo que seguramente procura que estas empresas cuenten con un respaldo patrimonial para hacer frente a diversas circunstancias y proteger a los usuarios", detalla Zocaro.
Regulación cripto en Argentina: ¿el país podrá convertirse en líder regional?
Este marco regulatorio fue uno de los temas centrales en Labitconf 2024, el mayor encuentro de criptomonedas y blockchain en Latinoamérica, donde los principales referentes del sector analizaron los desafíos y las oportunidades que la normativa plantea.
Alejandro Rothamel, Chief Legal Officer de Ripio, destacó en diálogo con iProUP la importancia de la continuidad regulatoria en el contexto actual.
"El gobierno entrante se encontró con una normativa ya sancionada que establece la categoría de PSAV como sujetos obligados en temas de prevención de lavado de dinero", recordó y añadió que el proceso de regulación en Argentina ha sido moderado y adecuado, permitiendo que los actores del ecosistema se adapten a las normativas sin frenar la innovación.
Según Rothamel, la CNV optó por implementar la regulación de forma progresiva, permitiendo primero el registro de los proveedores para luego avanzar en normativas más detalladas.
"La Resolución General 1025 representa un paso hacia una regulación más intensa que equilibra el mercado local, permitiendo que los jugadores nacionales e internacionales operen bajo las mismas reglas", señaló el experto de Ripio a este medio.
Además, el ejecutivo consideró que esta iniciativa favorece la competitividad en el país, ya que, en el pasado, algunos players internacionales operaban sin cumplir las exigencias locales, lo que generaba una desigualdad en el mercado.
Por su parte, Pedro Gutiérrez, Director Regional de CoinEx para Latinoamérica, sostuvo que Argentina tiene el potencial para convertirse en líder regional en la regulación de criptomonedas si se establecen reglas claras y estables.
"El país tiene la oportunidad de posicionarse en la región, al igual que Brasil, siempre que el Gobierno mantenga un enfoque proactivo y flexible", afirmó Gutiérrez en diálogo con iProUP.
Además, resaltó la importancia de adoptar buenas prácticas de otros países sin replicar aquellos marcos regulatorios que han resultado excesivamente restrictivos o difíciles de implementar.
Ambos expertos coincidieron en que la gradualidad es clave para evitar que las normativas asfixien la innovación en el sector.
Según Rothamel, un error frecuente en otras jurisdicciones ha sido regular la tecnología en lugar de a los intermediarios. En este sentido, concluyó que las reglas deberían enfocarse en quienes proveen servicios financieros y no en la tecnología subyacente, como sucedió con la regulación de Internet en sus primeros años.
