"Los desocupados se volvieron monotributistas, perdieron los derechos a la jubilación y a una obra social, se subieron a una bicicleta y reparten pizzas".
Esta fue la frase que disparó Alberto Fernández en el último debate presidencial contra Mauricio Macri, para endilgarle que "uberizó la economía".
El concepto fue repetido más de una vez durante la campaña para referirse a un nuevo actor social cuyo protagonismo creció con fuerza hace dos años: los trabajadores de las apps de delivery.
Desde 2018, en los principales corredores gastronómicos nació una alianza entre los restaurantes y las plataformas de envío que comenzaban a ganar visibilidad en las calles.
Buena parte de la sociedad comenzó a pedir comida a domicilio de sus establecimientos preferidos, abonando un "micropago" (que ahora ronda los $60 pesos) que percibe un repartidor que, en menos de 40 minutos, promete llegar al hogar.
La frase del Presidente fue interpretada por muchos como una declaración de guerra contra estas app que no tienen a ninguno de ellos con un empleo en blanco ni pagan cargas sociales.
Del mismo modo, los propios ciclistas empezaron a quejarse por ser los peones de la llamada Gig Economy o "economía de la changa". Hasta convocaron a una huelga este miércoles en Argentina, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Perú y España para visibilizar su precarización.
Como consignas, exigen un 100% de aumento del pago por pedido, elementos de seguridad e higiene apropiados contra el covid-19 y cobertura frente a los accidentes, ya que no poseen una ART. La protesta de caracter global surgió a partir de las huelgas de las últimas semanas frente a recortes en las tarifas, cierre de operaciones y la eliminación unilateral de premios.
En tierras albicelestes cobran como monotributistas y previo envío de la factura. Se sienten discriminados y reclaman ser tratados como empleados y gozar de beneficios básicos que consagra la Ley de Contrato de Trabajo.
Sin embargo, pedalean cuesta arriba contra las compañías, que aseguran que no se trata de una relación de dependencia, ya que el repartidor es quien elige a qué empresa prestarle servicios y en qué momento conectarse para entregar los pedidos.
Como si fuera poco, los ciclistas poseen frentes abiertos en las ciudades. Con los automovilistas, que critican las arriesgadas maniobras que realizan para llegar a la hora señalada; también los vecinos, que se quejan de que usan las Ecobicis para trabajar.
Ahora la pandemia los "condecora" como una suerte de "héroes" –aunque reniegan del calificativo y piden cambiarlo por "explotados"– en tiempos de aislamiento, al transportarle a una población atrincherada comida, artículos de limpieza y otros productos clave.
De hecho, algunas consultoras de opinión dan cuenta de un cambio favorable en la imagen y percepción de los repartidores por parte de la sociedad.
Incluso, las calificaciones de estas app en las tiendas de Android y iPhone muestran altos puntajes de los usuarios que se animaron a usarlas, casi la mitad de ellos por primera vez.
Según señalan las empresas, las compras de productos de supermercados y farmacias eran segmentos que buscaban imponer, pero recién con el aislamiento se dispararon al doble y al 80%, respectivamente.
No sólo eso: se duplicó la cantidad de comercios que buscan afiliarse a estas plataformas.
Mientras tanto, las principales ciudades argentinas parecen sitiadas, con calles desiertas surcadas por algún que otro vehículo y repartidores que, con su uniforme fluorescente miran cara a cara al virus en una de las 20 entregas diarias promedio que realizan para juntar unos $25.000 mensuales.
Regulación
A principios de marzo, antes del aislamiento preventivo, el Gobierno había impulsado un proyecto para regular la situación laboral de 160.000 personas que trabajan como repartidores de plataformas digitales. La iniciativa en sí no plantea una modificación de la Ley de Contrato de Trabajo sino, más bien, la creación de un estatuto específico para esta nueva forma de empleo.
Para Juan Pablo Chiesa, experto en Nuevas Modalidades Laborales y consultor de la OIT en la Comisión del Trabajo del Futuro, "en Argentina se necesita una figura intermedia entre la relación de dependencias y la modalidad independiente".
En la misma dirección, el abogado Santiago Cestari afirma a iProUP: "El monotributo es casi un impuesto al trabajo que prácticamente no ofrece derechos laborales, mientras que la relación de dependencia es exactamente lo opuesto".
"Esta brecha es la que genera los conflictos entre las nuevas formas de empleo, en las que uno elige cuándo trabajar y cuándo no. El monotributo debe otorgarle seguridad al trabajador, agregarle derechos, incluir fondos para desempleados y dejar de ser un impuesto del cual nadie sabe cuál es el beneficio de ese costo", agrega.
Chiesa propone junto a José Luis Ramón un proyecto alternativo que plantea una nueva figura laboral: la del trabajador independiente de plataformas digitales (TIPD), similar a la existente en España y Brasil."Es una persona que puede elegir trabajar en estas plataformas. Con independencia laboral pero, a la vez, con un principio protector en cuanto a la seguridad social", explica el especialista.
Otro aspecto que destaca como importante es el encuadre gremial, es decir de qué sindicato formarían parte. "Debemos dialogar con el Gobierno para crear regulación que tenga en cuenta las características propias del sector", plantean a iProUP desde Glovo.
En tanto, Matías Casoy, gerente General de Rappi, asegura a iProUP :"Estamos a disposición del Gobierno. Generar mesas de debate es de gran utilidad para comprender la naturaleza de la actividad, y que la misma se vea reflejada en la regulación".
En esta línea, la empresa lleva adelante distintas iniciativas acordes con las sugerencias del Ministerio de Salud. "Acentuamos las medidas de seguridad e higiene de repartidores y comercios que utilizan nuestra plataforma, reforzando el sellado de los paquetes y compartiendo los instructivos oficiales de prevención higiénica".
"Desactivamos de manera temporal el requerimiento que obligaba a los usuarios a firmar en los dispositivos de los repartidores al recibir la orden, de modo tal de garantizar las entregas con el menor contacto posible", agrega.
Además, Casoy confía a iProUP que la firma "reforzó el envío de materiales para sellar bolsas a los comercios aliados, con quienes trabajamos en campañas de prevención para reforzar procesos claves en la preparación de pedidos y en la higiene del empaque una vez que el pedido haya salido de cocina".
En UberEats han establecido un equipo global que recibe asesoría experta en salud pública para implementar acciones según sea necesario en cada mercado en el que opera. "Estamos llevando adelante distintas acciones para apoyar a los socios y socias repartidores", dicen a iProUP fuentes de la empresa.
Repartidores en tiempos de pandemia
Según Glovo, se registró cambio de hábito en los pedidos: "Antes, la mayoría era del rubro restaurantes; ahora, supermercados y farmacias encabezan el ranking, con crecimientos de 100% y 80%, respectivamente". En la actualidad, hay más de 8.000 glovers en Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Salta y Tucumán.
"En Rappi decidimos poner en primer lugar nuestro servicio a las comunidades, por encima del interés comercial. Es claro que la sociedad nos necesita más que nunca en este momento, y es por ello que decidimos operar a pérdida durante los meses de abril y mayo", asegura Casoy.
Y agrega: "Como compañía vamos a operar perdiendo más de 15 millones de dólares al mes en vez de aprovechar la subida de demanda para generar más ingresos. Es una decisión difícil para el negocio en el corto plazo pero coherente con el propósito de apoyar al crecimiento de nuestros países.
Por otro lado, señala que, más allá de la mayor demanda de pedidos, "creemos que lo importante es que las empresas y emprendedores encuentran en Rappi la posibilidad de seguir vendiendo".
Hasta el momento el número de rappitenderos supera los 10.000 mensuales activos. Sin embargo, la demanda está creciendo y la empresa evalúa acciones para poder cubrirla, "porque nuestro interés en este momento es ser un apoyo para toda la sociedad", insiste. Por el lado de Uber Eats, en marzo se sumaron a la plataforma restaurantes que tradicionalmente no hacían delivery.
Solana de Diego, del estudio De Diego & Asociados, afirma: "Los repartidores son quienes más están dando asistencia a las personas. En especial, a las de situación de riesgo que no pueden salir de sus casas a comprar. Cualquier regulación que se implemente en este momento de emergencia no sólo va a perjudicar a las compañías si no a los usuarios que las utilizan", explica a iProUP.
Además, la letrada subraya que "estas apps vinieron con una solución que ningún servicio de mensajería tradicional proporcionaba y han tomado todas las medidas de distanciamiento y seguridad sanitaria para hacer las entregas".
"Si el proyecto del Gobierno va por un estatuto especial, es decir, plena relación de dependencia que destruye a estas compañías, subirán los costos no solo para las empresas, sino que también los repartidores van a ganar menos", remarca De Diego.
Desde Glovo afirman: "En esta situación que estamos viviendo reforzaremos nuestro posicionamiento como un servicio que da flexibilidad y manteniene la actividad económica en constante movimiento".
"La plataforma posibilita que pequeños restaurantes puedan seguir realizando entregas y así hacer frente a los desafíos sin precedentes en la industria gastronómica", completan desde Uber Eats.
Para Cesatri, el proyecto de ley debe ser considerado y discutido con el fin de llegar a un equilibrio aceptable. "De ser aprobada la ley tal como está planteada, estas empresas dejaría muchos desempleados".
La cuarentena sigue y el Congreso no sesiona. Por ende, la iniciativa oficial está frenada. Mientras, las plataformas digitales siguen ganando adeptos en medio de la pandemia.
