En medio de la eliminación de las regulaciones que limitaban los aumentos en los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), las familias toman medidas para reducir sus facturas y mitigar el impacto de la crisis económica en el poder adquisitivo.
Es que, según reveló la Cámara Argentina de Internet (CABASE) en su reciente CABASE Internet Index, casi el 70% de los hogares argentinos llevaron adelante medidas paliativas para reducir el costo de sus servicios de internet, telefonía (fija y móvil), televisión paga y streaming.
Según indica el documento, en los últimos tres meses muchos usuarios "se vieron en la necesidad de buscar mecanismos para evitar dar de baja los servicios de conectividad y contenidos en el hogar, tomando medidas para reducir su costo, ya sea mediante un acuerdo con su proveedor o cambiando a uno de menor precio".
El estudio muestra que el rubro más afectado en el pasado trimestre fue el de internet fijo, con un 67,5% de los encuestados revelando que tomaron alguna acción para intentar bajar las tarifas.
El informe detalla que su costo promedio a nivel nacional es de $20.035, lo que representa alrededor del 4% de los ingresos promedio de un hogar. Esto supone un aumento de un punto porcentual en relación a septiembre del año pasado, cuando se divulgó la última edición del trabajo.
Por su parte, streaming fue el menos impactado en términos de consultas, aunque es el que espectro en el que más personas decidieron, directamente, dar de baja la suscripción, con un 10% de idas.
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¿Qué medidas toman las familias argentinas para reducir sus facturas?
Respecto a los datos desglosados, surge que el 44% de los usuarios que tomaron medidas paliativas respecto a su plan de internet solicitaron la baja, pero obtuvieron un descuento, mientras que el 10,1% cambiaron de proveedor. El 45,9% restante, por su parte, aún no ha resuelto qué medida tomar.
En el caso de los servicios de streaming, que por su formato comercial no permite margen de negociación en cuanto a precios, el 89,7% aún no ha resuelto qué hacer, mientras que el 10,3% optó por cambiar a una alternativa más barata.
En cuanto a la telefonía móvil, el 52,2% de los usuarios solicitaron la baja, pero obtuvieron una rebaja y el 17,8% se fueron a una compañía bajo el argumento de contar con un mejor precio.
Una situación similar se dio con la telefonía fija, donde el 49% de los que tomaron una medida paliativa solicitaron la baja y obtuvieron un beneficio, mientras que solo el 2,5% indicó haber marchado a la competencia.
Por su parte, el 47,5% de los clientes de televisión paga solicitaron la baja y tuvieron un descuento, mientras que un 8,4% cambiaron de proveedor para obtener una tarifa más baja.
Según expresan a IProUP desde CABASE, "los datos muestran a las claras que, frente a la necesidad planteada por un contexto de menores ingresos, las empresas del sector hacen un fuerzo muy grande para acompañar la situación a través de acuerdos de precios y descuentos especiales, promociones y otras facilidades que permiten que la gente pudiera sostener los servicios de conectividad, contenidos y entretenimiento en el hogar".
¿Qué ocurrirá tras la desregulación de las tarifas del sector por parte del Gobierno?
Cabe remarcar que el pasado 27 de junio, mediante la Resolución 13/2024 publicada en el Boletín Oficial, el Ente Nacional de Telecomunicaciones (ENACOM) eliminó las regulaciones que limitaban los aumentos de las tarifas de los servicios de internet, telefonía y cable, que hasta ese momento eran de entre el 5% y el 10% mensual.
Tras este cambio, los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ya no se consideran públicos, esenciales y estratégicos, y las empresas del sector tienen libertad para incrementar las facturas en los márgenes porcentuales que consideren adecuados.
Mientras desde el Ejecutivo sostienen que esto busca fomentar la inversión y mejorar la calidad de los servicios, permitiendo que las empresas adapten sus valores a las necesidades del mercado y los costos operativos crecientes por la inflación, también hay preocupación por el impacto en los bolsillos de los argentinos.
Es que, de verse subas que superen los márgenes inflacionarios y los índices salariales, podría llevar a un aumento de las medidas paliativas mencionadas o a un incremento en los porcentajes de bajas del servicio en el mediano plazo.
Sin embargo, fuentes de las cámaras que agrupan a los proveedores de conectividad y telecomunicaciones de todo el país afirman a IProUP que las recientes resoluciones son más bien cuestiones formales que, aseguran, no tienen impacto en la dinámica de precios, la cual está fuertemente condicionada por el poder adquisitivo.
El Gobierno eliminó las regulaciones que limitaban los aumentos de las tarifas de los servicios de internet, telefonía y cable
Esto se debe a que, indican, "mucho antes de la derogación del DNU 690/2020 (que declaraba a internet, telefonía móvil y cable como servicios públicos esenciales), la gran mayoría de las empresas tenía libertad para fijar precios en virtud de decisiones judiciales" y "aún así, los mismos, en los últimos dos años, evolucionaron muy por debajo de la inflación, por la sencilla razón de que el que actúa como regulador es el bolsillo de la gente, lo que puede o no pagar".
En línea, concluyen que "la única solución a este problema es que se acomoden las variables de la macroeconomía, para que las familias se recompongan, los servicios de conectividad tengan un peso relativo menor en los ingresos del hogar y las empresas, por su parte, puedan recuperar una rentabilidad mínima que les permita invertir en el mantenimiento y actualización de las redes, en una industria que es de capital intensivo y tiene gran parte de sus costos dolarizados".
