El Gobierno Nacional modificó el sistema antidumping con el objetivo de limitar el alcance de las medidas vigentes, y las que se puedan tomar en el futuro, facilitar las importaciones y evitar "abusos que redundan en mayores precios" de los productos que se venden y que llegan desde el exterior.
Así lo hizo mediante el Decreto 33/2025, publicado este jueves, 16 de enero, en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, de Guillermo Francos, jefe de Gabinete, y del ministro de Economía, Luis Caputo.
Fue precisamente el titular del Palacio de Hacienda quien, unas horas antes de la publicación de la disposición, había adelantado esta medida en su cuenta de X (ex Twitter).
En un posteo, detalló que, con esta reforma, "se reducen los plazos de duración de las futuras medidas antidumping, que pasan de una vigencia máxima de cinco años con renovaciones ilimitadas a una de tres, con una única posibilidad de extensión por dos años más".
Sin embargo, no solo se centra en este aspecto. En efecto, se trata de una extensa resolución que cuenta con 138 artículos y que fue desarrollada por el equipo económico del Ejecutivo para "dotar de agilidad, transparencia y eficacia a los procedimientos vinculados al comercio internacional", tal como establecen los considerandos del decreto.
"Con esta reforma, se fomenta la competencia, se restituye la función original de los derechos antidumping y se busca un comercio exterior más transparente y equilibrado", agregó Caputo en su publicación.
¿Qué es el dumping y por qué el Gobierno anunció estos cambios?
En su definición, el dumping (o venta a pérdida, por su traducción) es la práctica de vender un producto importado por debajo del valor de mercado en el país de origen, lo que se interpreta como una "competencia desleal" con los productos locales.
Por ende, las medidas antidumping son, en efecto, proteccionistas y tienen un impacto en los precios de los productos que llegan desde el exterior, ya que evitan que se vendan a un menor costo, algo que sería beneficioso para los usuarios, sobre todo en tiempos de crisis económica.
Esto es lo que se enfatiza desde la Casa Rosada y lo que llevó al Gobierno a implementar esta medida: ante acciones que, en algunos rubros, pueden volverse "perpetuas", se genera una distorsión que impide a los usuarios, aunque el objetivo final sea proteger a la industria nacional, acceder a precios más accesibles en dichos productos.
"En Argentina, estas medidas funcionan en muchos casos como un derecho adquirido, lo que evita la competencia y encarece productos para los consumidores e insumos para la industria", subrayó Caputo.
En este sentido, el tributarista Marcos Zocaro resalta a iProUP que, en efecto, "con la reducción de plazos de las medidas antidumping se busca evitar que estas se perpetúen y fomentar la competencia".
"El objetivo es que una medida antidumping eterna no contribuya a que los precios en Argentina sigan siendo altos en comparación con los mismos productos en el exterior. Además, se pretende generar mayor competencia en la industria local", indica el experto.
Esta situación fue ilustrada por Caputo en redes sociales con algunos ejemplos que, en su visión, son un fiel reflejo de esta problemática.
"Las bicicletas cuentan con medidas antidumping desde hace más de 20 años, lo que encarece su precio. Lo mismo ocurre con productos como planchas eléctricas y calefactores, que tienen precios mucho más altos que en otros países: las planchas cuestan más de $100.000, mientras que en Europa valen menos de la mitad; los calefactores superan los $30.000, mientras que en Brasil rondan los $27.000", reveló.
"En el caso de las bombas de agua, los derechos antidumping, que son los porcentajes que deben pagar quienes importan bienes con medidas aplicadas, son del 246% sobre el valor total de la importación; las multiprocesadoras deben abonar un 203% y los ventiladores un 164%", criticó.
Zocaro asegura a iProUP que estas medidas beneficiarán al comercio, no solo a los importadores, sino también a los productores, quienes deberán mejorar la producción para competir, lo que llevará a mejores precios y calidad.
"Imaginate que yo sea fabricante argentino de bicicletas. Si sé que existe una medida antidumping eterna, vía aranceles, y el precio de las bicicletas importadas nunca puede ser menor que el precio de mi bicicleta fabricada acá, voy a seguir vendiendo caro y ni me voy a molestar por mejorar mi producción, hacerla más eficiente e innovar", remarca.
¿Quiénes controlarán que exista o no dumping?
Según especifica el decreto, el Ministerio de Economía será la principal autoridad encargada de dictar las resoluciones que establezcan derechos antidumping o compensatorios, ya sean provisorios o definitivos, y se ocupará de aprobar compromisos de precios, iniciar exámenes de medidas de salvaguardia, entre otras funciones.
En ese marco, también se designó a la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Palacio de Hacienda, y a la Comisión Nacional de Comercio Exterior, organismo desconcentrado en el ámbito de dicha secretaría.
Esta última será la encargada de determinar la existencia o no de dumping. Cabe aclarar, de todas maneras, que la sola existencia de ésta no es suficiente para aplicar medidas, sino que se requiere determinar la existencia de un perjuicio a la producción nacional.
En este sentido, la entidad deberá evaluar si esa competencia directa con productos locales existe y si, en efecto, genera un daño a la producción local.
"Se entiende por daño a una producción nacional tanto un daño importante existente o una amenaza de daño importante real e inminente, como también un retraso sensible en la creación de una rama de la producción nacional. La determinación de la existencia de daño debe estar basada en pruebas positivas y no en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas", aclaran desde el Gobierno.
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