La Argentina es uno de los países de la región con mayor nivel de adopción de criptomonedas, según el reporte de Americas Market Intelligence (AMI).
Según el relevamiento, en total 1 de cada 10 personas en el país ya es usuario cripto.
Además, el trabajo adelantó que crecerá el uso de criptomonedas como medio de pago por consumidores, en especial, a través de las tarjetas.
Sin embargo, esta tendencia de crecimiento en usuarios se enmarcó en un 2022 donde la economía global sufrió un gran retroceso y las crisis atravesadas por el mundo cripto pusieron en relieve serios cuestionamientos al ecosistema y a la necesidad de que los gobiernos se involucren en el ámbito regulatorio.
Como adicional, el fin del llamado "dinero gratis" ante el aumento generalizado de las tasas de interés y otros desbalances de la macroeconomía en general, impulsaron a la consolidación de los grandes jugadores que comenzaron a ofrecer productos basados en la Web 3.0, situación que pareciera tener un impacto dinamizador para la economía real.
Este nuevo escenario generó un doble comando a nivel gubernamental:
- por un lado, se percibió la necesidad de impulsar a este sector emergente de la economía
- por el otro, se abrió el debate sobre cómo regularlo
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Un marco regulatorio se vuelve fundamental
Creación del Cómite
En este sentido, a comienzos de diciembre de 2022 por medio de la Resolución 17/2022 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció la creación del Comité Nacional de Blockchain el cual tiene por objetivo determinar su implementación en distintas tareas que se lleven a cabo desde el Estado Nacional.
Con esto se buscará aclarar los grises regulatorios que todavía existen, para asegurar que los productos 3.0 que se ofrezcan a la población sean confiables y adecuados para los clientes, el retail, y también para delimitar claramente el campo de juego para que las instituciones tradicionales ingresen de forma segura a la denominada "nueva economía".
El Gobierno remarcó que a nivel mundial las blockchain lograron consolidarse como una alternativa que permite "fomentar la transparencia de los procesos públicos y la apertura de información de cara a la ciudadanía".
Asimismo, el ministro de Economía, Sergio Massa, sostuvo que las empresas de criptomonedas forman parte de la revolución tecnológica global, de manera que consideró necesario que el Estado se integre para trabajar en conjunto y posicionar a la Argentina como uno de los líderes en el área. Además, resaltó que las blockchain sirven al proceso de modernización del Estado.
Los líderes de la industria, en general, ven de manera positiva este tipo de iniciativas por parte de los gobiernos, entendiendo que están cada vez más receptivos a incorporar este tipo de tecnologías y buscando generar las condiciones necesarias para el crecimiento del ecosistema.
Tres niveles para fomentar la adopción
Tres niveles
Francisco Mayora, CFO de Koibanx, plataforma de tokenización de activos en blockchain líder en Latinoamérica, explica que la participación de un gobierno en la industria cripto puede darse en 3 niveles:
1- Legislando y ofreciendo el marco regulatorio adecuado para que los privados puedan desarrollar su actividad en el ecosistema sin complicaciones ni trabas burocráticas innecesarias.
2- Fomentando el crecimiento del ecosistema, con programas de capacitación para usuarios y programadores y beneficios fiscales para las empresas que desarrollen tecnología. Un claro ejemplo sería la inclusión del desarrollo y uso de la tecnología blockchain como actividad promovida dentro del marco de la Ley de Economía del Conocimiento.
3- Aplicando directamente los beneficios de la tecnología blockchain en los procesos gubernamentales. Algunas de las áreas en las que podría aplicarse son, por ejemplo, en los procesos de contratación pública, en la gestión financiera y presupuestaria de las entidades gubernamentales, en el registro de propiedades y patentes, en la dispersión y seguimiento de subsidios, entre otras.
Mayores usos
Mariano Di Pietrantonio, referente del sector y Co Founder & Head Of Strategy de Maker Growth, remarcó que "ve de buen modo que el gobierno se acerque al sector" aunque consideró que debe "participar toda la industria y ser la misma la que proponga y defina en conjunto con el Gobierno cuál es la mejor manera de regular al propio sector".
Es importante destacar que la tecnología blockchain no abarca solamente a las criptomonedas, y que cada vez se encuentran más casos de uso en donde la tecnología permite reducir costos, mejorar la seguridad, y aumentar la transparencia en soluciones que aplican tanto para el sector público como para el privado.
"En el futuro, veremos aplicaciones de la tecnología en más industrias, saliendo del ecosistema fintech para revolucionar los procesos de la industria en general. Ya se empiezan a ver ejemplos de nuevos casos de uso de la tecnología en la industria del gaming, la propiedad intelectual, y hasta en la tokenización de los abundantes recursos naturales con los que cuenta el país", subrayó Mayora.
Desde la ONG Bitcoin Argentina, Rodolfo Andragnes, resaltó que el ecosistema blockchain madura y crece a pesar de la menor cantidad de recursos e inversiones que se sufrieron debido al invierno cripto. De todos modos, el ejecutivo mantuvo "una mirada positiva de la industria".
Andragnes destacó que: "Vi empresas aprender a trabajar con menos personal y automatizando procesos, con flexibilidad para profundizar ciertas áreas de negocio. Además, veo también mucha creatividad y a muchos emprendedores intentando generar proyectos nuevos tanto en Bitcoin como en otras redes".
¿Llegará al Congreso este año el proyecto para regularizar de forma definitiva a las criptomonedas?
Di Pietrantonio agrega que "el desarrollo de tokenización de activos del mundo real puede otorgar un impulso a la economía argentina como ningún otro, pero hay que tener en cuenta cómo se desarrolla a nivel mundial para no quedar encerrados en un set de reglas que no tienen sentido para el ecosistema internacional".
Lorena Fabris, abogada e integrante del ecosistema, mostró una mirada más crítica y cuestionó el interés regulatorio gubernamental, al sostener que "el mismo estaría motivado, sobre todo, por los fines recaudatorios".
