De cara al inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso, que se pondrán en marcha el 5 de febrero, el Gobierno ultima detalles del nuevo proyecto de Ley de Economía del Conocimiento. La suspensión de la Ley anterior, aprobada en octubre de 2019, generó malestar e incertidumbre en el sector, que espera mayores precisiones respecto del nuevo marco legal con el que trabajarán.
A pesar del consenso de todas las fuerzas, la Ley anterior tenía algunas cuestiones para corregir, según la actual administración.
- En primer lugar, como aclaró el Gobierno, la falta de una mayor especificidad en lo que es "conocimiento"
- En segundo término, la inequidad entre Pymes y grandes empresas o multinacionales
- El tercero, y fundamental, un diseño basado en un panorama económico poco realista
Así, los equipos técnicos de Desarrollo Productivo analizan una decena de escenarios en los que podría impactar cada una de las medidas, con dos objetivos: que aporte mayor desarrollo a las empresas del sector y que el esfuerzo fiscal sea menor –se habla de reducirlo un 30%– al que planteaba la norma original.
Desde el ministerio de Desarrollo Productivo, que comanda matías Kulfas, evitaron hasta ahora brindar mayores precisiones sobre el proyecto, sin embargo, de acuerdo a lo que pudo averiguar en exclusiva iProUP, los cambios girarán en torno a 10 puntos claves:
1.- Empleo y exportaciones: en lugar de mantener la cantidad de empleados o el volumen de ventas al exterior que planteaba la norma original, se exigirá el incremento de esos ítems entre 2% y 5% cada dos años, para poder mantenerse en el régimen
2.- Nuevo fondo: la ley original obliga a destinar el 1,5% de los beneficios fiscales anuales al Fondo de Capital Emprendedor (FONDCE) y otro 4% para la auditoría del régimen. Ahora, se apunta a crear un "Fondo del Conocimiento" que agrupe ambos ítems pero invirtiendo la ecuación: más recursos para promover programas y acciones de la Secretaría de Economía del Conocimiento y, como contrapartida, menos para el control
3.- Estabilidad fiscal: es una de las cuestiones más espinosas. La norma original establece el no aumento por 10 años de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Ahora, "se diagramará para que ese beneficio no entre en contradicción con la Ley de Emergencia", revelan fuentes a iProUP. Podría reducirse el plazo a 5 años
4.- Federalización: se propondrá un incentivo para aquellas compañías que abran filiales fuera de las grandes urbes, como Capital y Gran Buenos Aires. De este modo, se buscará diversificar la matriz productiva en el interior
5.- Escalas impositivas: "El objetivo es dividir en dos grupos -grandes empresas y Pymes- para brindar beneficios diferenciales. A estas últimas se les dará mayores incentivos. La finalidad es generar más impacto en las más chicas y en las que requieran de plazos más extendidos para consolidar sus negocios (como por ejemplo la bio o nanotecnología)
6.- Nivel de conocimiento: la norma "vieja" estipula que una empresa debe dedicar el 70% de su actividad a los rubros promovidos. El problema es que las pequeñas y medianas no llegan a ese mínimo. En virtud de ello, la nueva normativa propone un tratamiento especial. La palabra clave es "progresividad"
7.- Doble imposición: por el momento, se mantendrá el crédito fiscal para los impuestos análogos que se abonen en el exterior (IVA o Ganancias, por ejemplo)
8.- Reducción de cargas sociales: "Este punto está en contradicción con la Ley de Emergencia, por lo que está bajo análisis", revelan altas fuentes. En efecto, la norma original establecía un mínimo no imponible de $17.000 por cada empleado, pero la Ley de Solidaridad lo redujo a $7.000
9.- Límite de beneficios: no habrá tope para las empresas sino, más bien, un cupo fiscal: un máximo de beneficios en general. Se está definiendo cuánto les corresponde las Pymes y cuánto a las de mayor tamaño
10.- Capacitación: la formación de nuevos profesionales no estaba contemplada en la Ley. Ahora, en cambio, "se apunta a la creación de una Dirección de Capital Humano para promover programas que formen capacidades en todas las industrias que requieran profesionales vinculados a la Economía del Conocimiento. El Plan 111 Mil ( para generar esa cantidad de perfiles), se reemplazará con varios programas para formar expertos en diversas disciplinas
De esta forma, el borrador del proyecto va tomando forma y se espera que durante marzo se convierta en Ley y –finalmente– comiencen los registros en el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento.
