Uber fue declarada nuevamente ilegal en la Ciudad de Buenos Aires a partir de una denuncia del Sindicato de Peones de Taxis contra el gobierno porteño. La sentencia definitiva fija que la app viola regulaciones fundamentales y le da la razón al Ejecutivo por los controles de tránsito impidiendo la actividad.
Uber prohibido: qué pasa ahora
Rafael Skiadaressis, economista especializado en transporte y plataformas, indica a iProUP que, aunque Uber siga operando, "el fallo ratifica su situación: las regulaciones que viola, el servicio es ilegal y la Ciudad tiene competencia para fiscalizar y penalizar".
El problema de fondo es que todavía no hay acuerdo sobre si Uber es un servicio público de transporte y, en consecuencia, debe ser regulada, pagar impuestos y "blanquear" a los choferes, o si se trata de un servicio entre privados.
Skiadaressis asegura que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad fija que el transporte de pasajeros en auto puede prestarse como:
- Taxi: tipificado como servicio "de alquiler con taxímetro", para lo que existe un tope de 32.000 licencias
- Remis: denominada como prestación de "alquiler con conductor". El máximo es de 2.500 vehículos en la Ciudad
De hecho, el juez Víctor Trionfetti, en su dictamente determinó que Uber debe ser un servicio complementario a las regulaciones vigentes de la Ley de Taxis y Remises.
Pero según Skiadaressis, "a la fecha, la prestación de Uber no se encuadra en ninguna de estas figuras. La operación es ilegal, porque requiere una habilitación con la que no cuenta".
"Entiendo que a veces es difícil comprender, ya que es un servicio que se presta hace años y la empresa dice lo que le conviene. Pero eso no quita que en un control pueda penalizarse al conductor y retener el vehículo", añade.
El experto indica que esto ocurre en las 24 ciudades en las que funciona (salvo Mendoza, dónde sí es legal) y que la única que cumple las normas de habilitación en CABA es Cabify, opción más segura para que el conductor evite perder su auto y los pasajeros no sean demorados.
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Los taxistas denuncian que Uber destruyó el mercado y ahora ofrece precios de monopolio
Uber prohibido: qué pasa ahora
Los taxistas acusan a la empresa de haber entrado haciendo dumping, con promociones, tarifas baratas y viajes gratis. Y denuncian que, tras apoderarse del mercado, comenzó a aplicar precios de monopolio. También argumentan que no cumple con las leyes de transporte público, impositivas ni laborales, ya que no reconoce a sus conductores como trabajadores.
En tanto, el negocio de los taxis se derrumbó rápidamente. Hoy es cada vez más difícil encontrar uno: al no poder competir por las regulaciones e impuestos, muchos dejaron el auto en el garage y otros empezaron a trabajar con las apps.
Eduardo Jorge Ríos, secretario de Actas en el Sindicato de Conductores de Taxis, explica que antes había más de 37.000 licencias circulando y hoy quedan apenas 15.000. Es decir, menos de la mitad.
"No tenemos problemas de competir, pero sufrimos la deslealtad comercial. Son empresas que no pagan impuestos, se llevan la plata afuera y no invierten en el país. Mientras nosotros estamos totalmente regulados: no solo dañan nuestro mercado, también deterioran todo el sistema de aportes y contribuciones".
Ríos descree sobre el efecto real que pueda tener esta medida. "Veamos cómo reacciona el gobierno porteño. No hay prácticamente controles, sobre todo en la vía pública. Lo hacen algunas semanas y luego se discontinúa. Esperemos a ver cuál es el grado de efectividad y cómo se ejecuta", completa.
Prohibición de Uber: qué pasará con los choferes
Uber es una multinacional, con espalda suficiente para resistir este tipo de conflictos, como lo ha hecho en otros países. Pero los más perjudicados son los choferes, que en su mayoría tienen a Uber como su principal fuente de ingreso y, desde ahora, estarán expuestos a recibir multas o tener que entregar su vehículo.
Los expertos aseguran que Uber seguirá siendo ilegal y que las autoridades pueden multar y retener vehículos a los choferes
A falta de cifras oficiales, estimaciones de mercado aseguran que posee 75.000 conductores. La compañía remarca que más de 500.000 personas generaron, al menos en algún momento, ganancias con la app y más de 10 millones de personas viajaron con la app.
Respecto a los conductores, Skiadaressis remarca que el Código de Faltas de la Ciudad establece que quienes exploten un servicio de transporte público sin autorización serán "sancionados con multa de diez mil (10.000) unidades fijas (UF) y la inmovilización del vehículo".
El valor de cada UF en $103, por lo que las multas pueden superar el millón de pesos, una verdadera fortuna para un chofer. Entre 2017 y 2020 se llevaron a cabo 69.500 operativos y hubo 7.900 sanciones. Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista, señala a iProUP que la app eludió y hasta aprovechó la prohibición, no así los choferes, que sufrieron una persecución triple.
"Fueron rehenes de Uber porque no se les respetaron sus derechos laborales; del Gobierno de la Ciudad y su política prohibicionista; y padecieron las multas y el peso de una actividad denunciada como ilegal. Esto provocó que un trabajo que ya es vulnerable fuera clandestinizado aún más", enfatiza.
Uber: una historia sin fin de prohibiciones
La relación de Uber con la Ciudad de Buenos Aires se desarrolló en un marco de extrema tensión desde su llegada en 2016. La app recibió -y resistió- todo tipo de embates legales. Al margen de la ley y fuertemente resistida por los taxistas, la firma continuó operando pese a todo.
Mariano Otero, CEO de la filial argentina, fue acusado de ejercicio ilegítimo de la actividad y uso indebido del espacio público. Fue condenado a pagar e inhabilitado por dos años en el sector del transporte.
Se estima que hay 75.000 conductores de Uber en el país
En ese momento, se dictó el bloqueo de la app y el sitio web en Capital, pero por imposibilidades técnicas la limitación llegó a todo el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó el acto como censura y se levantó la medida. También se suspendieron temporalmente las tarjetas de crédito.
En 2019, la AFIP consideró que Uber evadía impuestos y los choferes debían estar en relación de dependencia. Reclamó una deuda de más de $358 millones por aportes, IVA, Ganancias y multas. Se fijó la obligatoriedad para conductores de anotarse en Monotributo y la inscripción de oficio, a fines tributarios, a la sociedad extranjera UBER INTERNATIONAL BV.
Ese mismo año, la Justicia volvió a exigir al gobierno de la Ciudad que suspenda la actividad de todas las apps de transporte, pero Uber siguió operando. En 2020, el Ejecutivo porteño recibió una nueva intimación para que cumpla con las medidas judiciales. Otras provincias también intentaron limitar la actividad, sin demasiado éxito.
