En España. el Ministerio de Trabajo y Economía Social, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME alcanzaron el miércoles un acuerdo sobre la regulación de las relaciones laborales de las personas trabajadoras dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía a través de plataformas digitales, la denominada "ley de riders".
Según este acuerdo –que es el octavo de carácter social en lo que va de legislatura– el Estatuto de los Trabajadores reconocerá la presunción de laboralidad para los repartidores que desempeñan sus servicios "a través de empresas que gestionan esta labor mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital", dijeron Trabajo y los interlocutores sociales en un comunicado conjunto.
Eso significa que los repartidores de plataformas de reparto a domicilio tendrán que ser asalariados de la empresa y no falsos autónomos con contrato mercantil. De esta forma, la patronal acepta el traslado a la norma de sentencias judiciales que reconocían esta relación laboral, entre ellas una del Tribunal Supremo en septiembre.
Si bien la laboralidad del colectivo se daba ya por descontada, el aspecto más novedoso de este acuerdo, y que ha sido el fleco principal por el que la patronal no daba su consentimiento, consiste en que las partes han pactado que "para todos los ámbitos", la representación legal de los trabajadores deberá ser informada "de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles", añaden los firmantes.
Esto significa que ese acceso sindical a los algoritmos que determinan condiciones laborales (no la gestión de la producción) se aplicará a todo tipo de plataformas digitales –como las de asesorías legales, fiscales u otros profesionales freelance de todas clases– y no solo a las de reparto a domicilio.
La norma se aprobará previsiblemente a través de un real decreto y las plataformas tendrán tres meses para regularizar a sus trabajadores, según las condiciones acordadas por las tres partes.
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El acuerdo establece una serie de beneficios para los sindicatos de los repartidores.
Enfado de las plataformas
La Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS), que engloba a las principales plataformas de reparto de comida a domicilio en España, entre ellas Uber Eat, Glovo, Deliveroo y Stuart, han emitido un comunicado sobre lo que califican de "cesión de la CEOE" ante el Ministerio de Trabajo en la mesa del diálogo social. "Lamentamos profundamente la posición que la CEOE ha tenido en la mesa del diálogo social, en la que ninguna de las propuestas del sector del reparto de comida a domicilio ha sido tenido en cuenta", dicen en un comunicado.
En opinión de las empresas de delivery, las cesiones de la CEOE "han sido totales", incluyendo la obligación de revelar los algoritmos, una medida que aseguran afectará muy negativamente al desarrollo de la economía digital en España además de atentar contra los principios más básicos de la libertad de empresa y la propiedad industrial.
"Las plataformas de delivery seguimos viendo con mucha preocupación el futuro del sector y el efecto que la laboralización forzosa propuesta por el Gobierno podría tener en el colectivo de repartidores, que ha expresado claramente su rechazo, y en el sector de la restauración, que ha pedido al Gobierno una Ley Rider que no dañe todavía más al sector de la hostelería", continúan.
La asociación señala igualmente que mientras otros países europeos aprueban regulaciones que apoyan la economía digital con mayores protecciones para los repartidores autónomos, como es el caso de Francia, "España parece ir en dirección contraria, poniendo en peligro un sector que aporta 700M al PIB nacional".
El impacto de la nueva ley será importante si se tiene en cuenta que en 2019, un total de 30.000 repartidores y más de 64.000 restaurantes generaron ingresos a través del sector del delivery, y 5 millones de usuarios usaron las aplicaciones de comida a domicilio, según el último estudio de la consultora AFI.
Igualmente, según un análisis de Adigital, de los 30.000 repartidores que actualmente operan a través de plataformas de delivery en España, un 76% (23.000) perderían su fuente de ingresos a causa de la desaparición del servicio en ciudades de menos de 100.000 habitantes y la reducción de horarios en el resto de ciudades.
Otro efecto colateral, según la asociación, tiene que ver con los ingresos de los restaurantes. La estimación es que, en los 12 meses siguientes a una transición al modelo de flotas, se perderían más de 250 millones de euros de ingresos adicionales para ellos.
El envío a domicilio floreció en la pandemia del coronavirus.
Tras conocerse la noticia, las organizaciones APRA y Repartidoresunidos.org han emitido una breve nota asegurando que como parte del colectivo de los repartidores que trabajan día a día en las plataformas, consideran que el hecho de que "esta Ley se haya acordado sin nosotros es inadmisible y una vergüenza".
Ambas organizaciones recuerdan que han enviado peticiones de reunión hasta en siete ocasiones y han salido a la calle tres veces para expresar que no están de acuerdo, sin que nadie les haya escuchado, "pese a que esto tendrá un impacto muy negativo para nosotros".
"Esta Ley dejará a muchos repartidores sin trabajo", aseguran. Y ponen como ejemplo a aquellos que realmente son autónomos y que tienen varios trabajos, aquellos que lo combinan con otro proyecto o la familia o aquellos que lo han utilizado para entrar al mercado laboral". En esta línea, añaden que "esto no es la Ley Rider, sino la Ley Anti Rider".
