En el marco del reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno de Javier Milei acordó avanzar con una transformación estructural del sistema previsional argentino, como parte de un plan económico que tendrá vigencia durante cuatro años.
Este compromiso quedó establecido como una de las condiciones claves del nuevo programa, con la meta de reforzar la estabilidad macroeconómica y asegurar un funcionamiento más eficiente del esquema jubilatorio actual.
Según documentos oficiales, la reforma deberá estar completamente diseñada para diciembre de 2026 y tendrá como ejes centrales la sostenibilidad financiera del sistema y una mayor equidad en la distribución de los beneficios.
Reforma provisional con apoyo del FMI
El Gobierno de Javier Milei avanza con una reforma previsional que apunta a reordenar un sistema fragmentado, alineando de forma más eficiente los aportes de los trabajadores con los beneficios otorgados a los futuros jubilados.
La iniciativa también busca promover la formalización laboral como una vía para ampliar la base contributiva, reducir la informalidad estructural y fortalecer la sostenibilidad financiera del régimen provisional a largo plazo.
Este compromiso forma parte del acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional, que establece un programa de cuatro años centrado en la estabilidad macroeconómica y el equilibrio fiscal sostenido.
Las autoridades remarcaron que el Gobierno ya logró un superávit fiscal en sus primeros meses de gestión, resultado que no se obtuvo desde hace casi dos décadas, como muestra del cumplimiento del objetivo de déficit cero.
El plan contempla una estrategia más amplia que incluye reformas coordinadas en los regímenes previsional, tributario y de coparticipación federal, sumadas a mejoras en el control del gasto público y en la eficiencia del Estado.
Nuevo esquema cambiario para acumular reservas
El Gobierno avanzará con modificaciones en el régimen cambiario que permitirán una mayor flexibilidad del tipo de cambio, buscando fortalecer reservas internacionales y enfrentar con mayor solidez futuros shocks externos.
Este nuevo esquema se enmarca dentro del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional y apunta a estabilizar variables clave, sin depender de intervenciones constantes en el mercado cambiario.
Además, se implementará un marco de metas monetarias con límites precisos sobre los activos domésticos netos del Banco Central para alinear el crecimiento de la base monetaria con la demanda real de dinero.
El objetivo central es consolidar la desinflación mediante una política monetaria más estricta, respaldada por un enfoque fiscal prudente y sostenido en el tiempo.
Reforma fiscal busca simplificar impuestos clave
El Gobierno impulsa una reforma fiscal que eliminará gradualmente los impuestos distorsivos, como los aplicados a exportaciones y transacciones, reemplazándolos por tributos directos más simples y administrables sobre hogares y empresas.
El plan contempla una armonización del monotributo, la revisión del Impuesto a las Ganancias corporativas y una evaluación exhaustiva de los gastos tributarios que hoy favorecen sectores o regiones específicas del país.
Esos beneficios fiscales representan actualmente el 3,5% del PBI y serán revisados como parte de un proceso más amplio para lograr una estructura impositiva equitativa, moderna y fiscalmente sostenible.
A nivel provincial, se buscará reducir impuestos como Ingresos Brutos y mejorar la valoración de tierras e inmuebles, especialmente en áreas rurales, promoviendo una mayor coordinación tributaria entre las jurisdicciones.
Más ajustes económicos y reformas estructurales
El Gobierno avanzará con la reforma del sistema de coparticipación federal y promoverá nuevos marcos de responsabilidad fiscal para mejorar la coordinación entre provincias y Nación, alineando mejores los incentivos financieros interjurisdiccionales.
Además, se impulsarán cambios estructurales que favorecen una mayor apertura económica, con mercados de bienes y trabajo más dinámicos, mejoras en la eficiencia estatal y un marco regulatorio más previsible para el desarrollo sostenido del país.
El plan incluye la actualización del marco legal anticorrupción y contra el lavado de activos, garantizando su compatibilidad con los estándares internacionales vigentes y fortaleciendo la confianza institucional ante actores locales y globales.
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