El Banco de la Nación Argentina (BNA) ha iniciado una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la provincia de La Pampa.
Esta acción se debe al reciente aumento de la tasa del Impuesto a los Ingresos Brutos sobre operaciones financieras, que subió del 7% al 15,47%, afectando negativamente los créditos que la entidad ofrece en esa región.
Este movimiento legal del Banco Nación se enmarca en un momento en que el gobierno nacional está adoptando estrategias para controlar el incremento de tasas e impuestos provinciales y municipales, una cuestión de creciente preocupación en las últimas semanas.
Banco Nación contra la nueva ley impositiva
La reciente legislación en La Pampa, formalizada mediante el Decreto N°3609 y la Ley Provincial N°3582, comenzó a regir el 1 de septiembre de 2024.
Esta normativa aumentará significativamente el Impuesto a los Ingresos Brutos que afecta las actividades financieras, especialmente los créditos que otorga el BNA.
Este aumento impositivo ha sido duramente criticado por el BNA, que argumenta que el incremento es desproporcionado y tendrá consecuencias adversas sobre la economía local, especialmente afectando el financiamiento de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y otros sectores productivos vitales para la región.
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Daniel Tillard, presidente del Banco de la Nación Argentina
El presidente del BNA, Daniel Tillard, ha expresado su preocupación acerca del impacto que este nuevo régimen tributario puede tener, señalando incluso la posibilidad de cerrar la Gerencia Zonal La Pampa como una medida extrema para enfrentar los desafíos que plantea el aumento de impuestos.
Sin embargo, Tillard también ha dejado claro que la entidad está explorando diversas alternativas para mitigar los efectos negativos del incremento fiscal, con el objetivo de mantener el crédito disponible para las empresas y sectores productivos a pesar del aumento en los costos.
En un contexto económico nacional más amplio, el gobierno de Javier Milei se ha comprometido a reducir la carga impositiva como parte de su estrategia para controlar la inflación y estimular el crecimiento económico.
En este marco, Tillard ha enfatizado que la promesa del gobierno de lograr una inflación cero debe ir acompañada de medidas para aliviar la carga fiscal y apoyar el desarrollo económico.
El Banco Nación considera que este problema no se limita únicamente a La Pampa, sino que podría tener un efecto dominó, alentando a otras provincias a adoptar políticas fiscales similares que podrían afectar negativamente la estabilidad y operación bancaria en todo el país.
La acción legal emprendida por el banco tiene un carácter preventivo, con el objetivo de evitar que aumentos impositivos similares se generalicen en otras jurisdicciones y causen un impacto aún mayor en el costo del crédito a nivel nacional.
Hasta ahora, La Pampa es la única provincia que ha aplicado un incremento tan significativo en las alícuotas que gravan las actividades financieras, lo que ha generado una gran preocupación tanto en el sector bancario como en los sectores productivos locales.
Guerra contra las tasas: medidas del gobierno nacional
La acción legal emprendida por el Banco Nación Argentina (BNA) se enmarca en un contexto donde el gobierno nacional también está intensificando sus esfuerzos para controlar el aumento de tasas e impuestos a nivel provincial y municipal.
Recientemente, el Ministerio de Economía, bajo la dirección de Luis Caputo, ha anunciado una nueva resolución que prohibirá a provincias y municipios añadir recargos adicionales a las facturas de servicios públicos esenciales como electricidad y gas.
Esta medida, que será oficializada en el Boletín Oficial, tiene como objetivo "transparentar" el desglose de los costos, permitiendo a los usuarios distinguir claramente entre los cargos por servicios contratados y los impuestos locales no relacionados directamente con dichos servicios.
El ministro Caputo ha criticado con firmeza lo que considera un abuso por parte de algunos municipios que imponen recargos excesivos a los servicios públicos, argumentando que estas tasas inflan injustificadamente el costo de vida de los ciudadanos.
Según Caputo, "las tasas deben estar directamente relacionadas con el servicio efectivamente prestado", y muchas de las tasas impuestas son "exorbitantes e irracionales".
Además, Caputo ha señalado que estas medidas impositivas se han utilizado no solo para recaudar fondos, sino también con motivaciones políticas que interfieren con las políticas del gobierno central orientadas a reducir la inflación.
El conflicto sobre las tasas municipales se ha extendido a diversos sectores, como supermercados y entidades bancarias, que han denunciado en repetidas ocasiones el incremento de estas cargas.
Un ejemplo reciente es el municipio de Lanús, que ha elevado la Tasa de Seguridad e Higiene, afectando significativamente a grandes cadenas de supermercados.
Estas acciones han sido duramente criticadas por el gobierno nacional, que ha lanzado varias iniciativas para contrarrestar estas prácticas y proteger a los consumidores de aumentos impositivos injustificados.
