El apoyo al sector de la innovación se había convertido en una política de Estado: la Ley de Software fue promulgada en 2004, prorrogada seis años más tarde y finalizaba en diciembre 2019. Sobrevivió a tres gobiernos.
Poco antes de que venciera, la administración de Mauricio Macri impulsó una nueva norma que empalmaba con ese régimen y lo ampliaba: no sólo contemplaba a empresas informáticas, sino también a las del "Conocimiento". Es decir, se incluyeron a los rubros: servicios profesionales, disciplinas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) e industria cultural.
El proyecto fue aprobado por unanimidad en el Senado el año pasado y todas las empresas del sector se preparaban para inscribirse en el nuevo registro y acceder a múltiples beneficios. Sin embargo, ocurrieron los siguientes imprevistos:
- La administración de Alberto Fernández consideró que esa ley "dejaba afuera" a las pequeñas y medianas firmas
- En virtud de ello, frenó su vigencia y la Secretaría del Conocimiento, encabezada por María Apólito, comenzó el trazado del nuevo borrador
- Si bien la iniciativa de ley fue aprobada en Diputados, lo cierto es que sigue en "stand by" esperando que se trate en Senadores
Así, la ley que debía estar vigente desde marzo quedó postergada (para algunos cajoneada), haciendo naufragar en un mar de incertidumbres a un sector que factura más de u$s3.000 millones anuales (y más de u$s7.000 millones si se suman otras unidades de negocios).
Pero que tiene un potencial mucho mayor. La Cámara de Empresas del Software y Servicios Informáticos (CESSI) publicó un informe recientemente en el que afirma que la pausa de la ley pondría en riesgo los siguientes objetivos para los próximos años:
- 500.000 puestos de trabajo
- u$s20.000 millones de facturación al año
- u$s10.000 millones de exportaciones anuales
En contra
"El Ministerio de Producción quiere que se trate. Los empresarios queremos que se trate. Es increíble cómo sigue parada en el Congreso", advierte a iProUP una fuente muy escuchada dentro de las empresas del Conocimiento.
El efecto, el titular de la cartera, Matías Kulfas señaló en el dictamen en Comisiones de la Cámara Baja que "es necesario tener la ley lo antes posible", ya que "es prioridad la generación de empleo de calidad y el desarrollo productivo".
El presidente de la CESSI, Sergio Candelo, revela a iProUP que, si bien estaba todo dado, la Ley de Solidaridad impactó de lleno en los beneficios impositivos previstos en la Ley de Economía del Conocimiento, cambió el mínimo no imponible y hasta la dejó sin sentido.
"No entendemos por qué (Martín) Lousteau, senador por la UCR, pidió que vuelva a contemplarse que se realice un formato de beneficio de número fijo. Para nosotros eso es malo, queremos que sea proporcional, ya que permite contratar gente de más seniority", lamenta Candelo, en alusión a la propuesta de "topear" la devolución de aportes patronales como crédito fiscal.
"Además, si se acepta un cambio en este momento, tendría que volver a Diputados y sería como arrancar otra vez", expresa.
El presidente de la CESSI afirma: "Todos los legisladores con los que hablamos nos dicen que están de acuerdo en que esta ley debiera aprobarse, ya que se trata de una rama de actividad que puede hacer crecer la economía y es una fuente genuina de exportaciones".
"Para las empresas que ya eran beneficiarias de la Ley del Software, como venció su aplicación el 31 de diciembre, las consecuencias que surgen a partir de la demora por parte del Senado tienen que ver con un período gris en el que todos los beneficios que regían quedaron congelados", cuenta a iProUP Juan Pablo Tricarico, representante institucional de Amdia.
Y añade: "Recordemos que esos beneficios ya estaban previstos. Esto genera una distorsión importante para los negocios". Germán Viceconti, gerente de NeuralSoft, mantiene una luz de esperanza: "Si al momento de aprobarla y reglamentarla se hace retroactiva, entonces habrá sido solo un problema financiero", dice el directivo.
/https://assets.iproup.com/assets/public/images/lazyload.gif)
En su visión, se transita una etapa en la cual la toma de decisiones resulta muy complicada, ya que al contar con la norma se hace difícil generar previsiones para invertir.
"Es la evolución de la ley de Software, cuenta con unanimidad, no se entiende por qué no termina de salir. Sobre todo si se tiene en cuenta que somos el sector que más creció en los últimos años, en proporción, en cuanto a puestos de trabajo", agrega Viceconti.
Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, alerta a iProUP que "Argentina sigue perdiendo negocios globales cada día que pasa, por carecer de seguridad vinculada a las condiciones en las que se va a desenvolver el sector".
"La incertidumbre normativa, unida a la inestabilidad macroeconómica, agrava la tendencia a que muchas empresas de todo tipo, pequeñas, medianas y grandes, proyecten su desarrollo fuera de Argentina, instalándose en países vecinos -como Uruguay- que les ofrecen marcos de desarrollo más previsibles y favorables", completa.
Oportunidades perdidas
¿Por qué es tan importante apoyar esta industria? Es que genera empleos cuyos salarios están un 40% por encima del promedio nacional y, como si esto fuera poco, cada año quedan entre 5.000 y 10.000 mil puestos sin cubrir. En este marco, un punto que desde el área se reclama es que la ley favorezca la capacitación.
Pero aún hay más. Según el último estudio Argenconomics, de Argencon, el país resignó durante la última década la oportunidad de ganar u$s4.000 millones adicionales por no haberse desarrollado al ritmo del promedio mundial. Además, se cree que se perdió la chance de crear unos 100 mil nuevos empleos.
Según indican en el rubro, al no haber ley no hay forma de cotizar los proyectos, por lo que la industria está parada y, en tanto, es difícil tomar personal, a pesar de que requiere una inversión mucho menor para generar trabajo que en el resto de la economía:
-
u$s700.000 por cada puesto en el rubro cementero
-
u$s40.000 en el automotor
-
u$s3.000 en el software, ya que el principal componente es capital humano
"Es paradójico que en estos días el Gobierno esté promoviendo un programa nacional de impulso a las exportaciones y la Cámara alta no dé tratamiento a una ley fundamental para el futuro de una de las pocas industrias con capacidad de rápido crecimiento", reclama Galeazzi.
Matías Kulfas pidió al Congreso que se trate rápidamente la ley para generar empleo de calidad
Por su parte, Luis Garay, gerente de Nucleus, señala a iProUP que "no solo desde el segmento en sí, sino desde diferentes ámbitos también se está exigiendo el tratamiento en Senadores de manera urgente e imperiosa".
Esto se deben, según el directivo, debido a que su implementación impulsará y fomentará:
- La competitividad
- La exportación de valor agregado
- Apertura de nuevos mercados
- Transformación de la economía de todas las empresas del sector y sus proveedores a nivel nacional
Esta norma, promulgada durante el gobierno anterior, prevé duplicar los puestos de trabajo e incrementar las exportaciones de acá a cinco años.
"Sus puntos más destacados son facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas al régimen de promoción y mantener los beneficios de reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias y sobre el pago de contribuciones patronales, entre otros beneficios fiscales", detalla Garay.
Para el directivo, la ley busca apostar al desarrollo de un país inclusivo y federal, defendiendo una industria que posee un potencial incomparable.
"Argentina es reconocida como uno de los mejores países en generación de recursos humanos, según el último informe Global Skills Index, un índice muy destacado a nivel global. ¿Vamos a desperdiciar este tremendo valor agregado?", se pregunta Garay.
Condiciones especiales
Verónica Martínez, directora Comercial de Grupo Datco, apunta a iProUP que mirar toda la escena para ver lo que pierde al no apurar la aprobación de la ley.
"Con un tipo de cambio alto, la Argentina es competitiva en comparación con otros países aún sin incentivos adicionales. Pero si queremos posicionarnos como potencia en este campo de expertise, necesitamos otra escala, otro empuje y por eso se necesita una ley como la de Economía del Conocimiento", apunta.
Martínez agrega que "en este escenario, así como Vaca Muerta se plantea como un eje de desarrollo económico con potencial para traccionar varios puntos del PBI, el ecosistema de empresas vinculadas a la economía del conocimiento, con los incentivos y las políticas públicas de impulso adecuadas, puede ser también una locomotora que ayude a una más rápida recuperación de la actividad económica post COVID-19".
Está claro que la Argentina no es el único país que, casi siempre, corre de atrás con sus leyes. Pero, como aconsejan Pablo Rueda y Maximiliano Batista, socios del Estudio Martínez de Hoz y Rueda (MHR), sería bueno aprender de los errores de los otros.
"Un ejemplo de lo que pasa por errar en materia de políticas públicas, y en el caso argentino, además, antagonizar políticas públicas, puede valorarse en la migración de empresas tecnológicas y empleo asociado, desde el estado de California hacia el estado de Texas", señalan los socios a iProUP.
Y completan: "Hoy, Texas desplazó a California como el principal exportador de tecnología de los Estados Unidos desde su Sillicon Hills, en Austin y centenares de empleos nuevos son creados en ese Estado a costa de pérdida de empleos en California".
Así, una industria completa espera la resolución de la ley que, tanto desde las empresas como desde el Gobierno, coinciden en que debe avanzar rápido en el Congreso.
