En medio de la polémica por la criptomoneda $LIBRA por el que se investiga al presidente Javier Milei, diputados kirchneristas presentaron un proyecto para sancionar a funcionarios que utilicen redes sociales para incitar a la violencia o difundir información falsa.
Para los autores de la propuesta, estos hechos, que se tornan cada vez más frecuentes, "no solo generan una polarización innecesaria, sino que también debilitan la confianza de los ciudadanos en sus autoridades".
Lo cierto es que el caso de la criptomoneda $LIBRA a partir de un posteo de Milei generó revuelo a nivel internacional. Pero no es la primera vez que su actividad en las redes sea centro de controversias, incluso antes de ser Presidente
Al igual que su par de EE.UU., Donald Trump, el libertario mantiene una intensa actividad en las diferentes plataformas, especialmente X, replicando mensajes de otras cuentas y dando "me gusta" a otros.
Se trata de una actividad que también realiza la mayoría de los integrantes de su gabinete y miembros de la oposición. Así, aunque lo hagan de manera informal, generan todo tipo de controversias y fuertes repercusiones que en muchas ocasiones se convierten en tendencia del día.
Ley "anti likes": qué dice el texto
La nueva iniciativa que lleva la firma de las diputadas Eugenia Alieaniello (Chubut), Victoria Tolosa Paz (provincia de Buenos Aires) y otros diputados de Unión por la Patria. El proyecto plantea una modificación al Código Penal para sancionar más severamente las conductas en redes de los funcionarios públicos, a saber:
- De dos a seis años el que, para infundir temor público o suscitar tumultos o desórdenes, diera voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común o empleare otros medios materiales o digitales idóneos para producir tales efectos
- Dos a cuatro años el que, públicamente o a través de redes sociales, por medio de publicaciones, aprobación expresa, replicaciones, "Me Gusta", o cualquier forma de interacción digital que implique difusión o adhesión a la publicación, incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, cuando tal incitación sea idónea para generar un peligro cierto de afectación al orden público o la honorabilidad y/o la seguridad de las personas
- De uno a tres años el que organizare o tomare parte de asociaciones destinadas a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor
- Si el objetivo fuera hostigar, desacreditar o incitar a la violencia contra personas o grupos, la pena será aumentada en un tercio e incluirá la inhabilitación especial para el ejercicio de la función pública por hasta diez (10) años
- De dos a cinco años el que financiare, promoviere o facilitare la formación o sostenimiento de grupos que tengan por objeto la comisión de delitos contra el orden público
- Cuando la conducta sea realizada por un funcionario público en ejercicio de su cargo o utilizando redes sociales con impacto institucional, la pena será aumentada en un tercio e incluirá la inhabilitación especial para el ejercicio de la función pública por hasta diez (10) años
Ley "anti likes": las razones de los legisladores
Los legisladores advierten que en los últimos años hubo un "incremento alarmante en el uso de redes sociales por parte de funcionarios públicos para generar confrontaciones, incitar a la violencia, difundir información falsa, insultar al Papa, a representantes del amplio abanico de la política argentina, a otros países y atacar tanto a ciudadanos como a instituciones democráticas".
Según los diputados de UxP, las redes se convirtieron "en un terreno fértil para que algunos actores políticos utilicen herramientas digitales con fines destructivos, provocando un daño real y tangible a la paz social, al orden público y a la convivencia democrática".
La diputada Eugenia Alianiello (UxP San Juan), señala a iProUP que "este proyecto busca garantizar que los funcionarios públicos utilicen las redes sociales de manera ética y responsable"
"No podemos permitir que quiénes ostentan cargos de poder utilicen estas plataformas para incitar a la violencia, difundir desinformación o desestabilizar el orden público", completa.
Además, remarca que "esta ley propone sanciones más severas y establece un marco claro para evitar abusos que dañen nuestra convivencia democrática".
Según la legisladora, "en un contexto donde las redes sociales tienen un impacto enorme en la opinión pública y en la vida cotidiana, es fundamental que aquellos que representan al pueblo sean un ejemplo de integridad y responsabilidad".
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