Innovación, creación, eficiencia, conocimiento son algunas de las palabras utilizadas para explicar la economía digital. Los vocablos se intercambian, se funden, se superponen en las expresiones de las nuevas formas de hacer negocios.
Detrás de cada concepto y transformación existen algoritmos, secuencias informáticas y programas que habilitan el quehacer digital. Software, en definitiva. Y como sustento se encuentran empresas y personas que conforman una industria que en el país creció fuertemente en los últimos 15 años.
Parte de este desarrollo se explica por la sanción de la Ley de Promoción del Software de agosto de 2004 y su modificación en el mismo mes de 2011, además de otras políticas específicas para el sector a nivel provincial y municipal.
Básicamente, estas normas otorgaban diferentes incentivos fiscales para la contratación de empleados y aliviaban la carga tributaria de esta rama, como el Impuesto a las Ganancias. Estos beneficios caducan a fin de año.
Debido a los logros obtenidos, el Gobierno junto con representantes de diferentes industrias basadas en el conocimiento presentaron en diciembre una propuesta más ambiciosa: el proyecto de Ley de la Economía del Conocimiento. Abundan estudios y literatura económica que argumentan que el conocimiento es lo que apalanca la transformación digital.
La nueva norma promete ser una iniciativa superadora a la actual legislación, ya que, además del sector del software y servicios informáticos, incluye otras ramas, a saber:
- Industria 4.0 (inteligencia artificial, robótica, Internet de las cosas, realidad aumentada y virtual, entre otros)
- Biotecnología
- Geología
- Servicios profesionales de exportación
- I D en ingeniería y ciencias exactas, naturales, agropecuarias y médicas
- Nanotecnología
- Sector aeroespacial y satelital
- Producción audiovisual
De acuerdo con el Observatorio de la Economía del Conocimiento (OEC) del Ministerio de Producción y Trabajo, los servicios basados en el conocimiento (SBC) exportaron más de u$s2.900 millones durante el primer semestre de 2018 (último dato oficial). Esa cifra no incluye a todos los sectores que el nuevo proyecto pretende incorporar.
El sector de servicios del conocimiento, que forma parte de la llamada "industria sin chimeneas", superó a los complejos minero metalífero y petrolero-petroquímico en ventas al exterior y se ubica en cuarto lugar de exportaciones, detrás de los rubros oleaginoso, cerealero y automotriz.
Desde la Fundación FIEL, estiman que las exportaciones de software para 2017 llegaron a u$s1.753 millones sobre un total de facturación de u$s3.837 millones.
"El conocimiento es transversal a la actividad económica. Por ejemplo, los autos pueden llegar a integrar más conocimiento que partes mecánicas. La soja transgénica también es producto del conocimiento", explica Alejandro Prince, director de Prince Consulting, a iProUP.
Y advierte: "Es muy difusa la zona que puede definir el conocimiento y dar lugar a desigualdades. El punto clave será la reglamentación".
Actores de la industria confían en que el proyecto de Ley de la Economía del Conocimiento sea tratado a inicios del presente año legislativo para dar certidumbre al sector.
"La iniciativa avanza. Hay que ver los tiempos parlamentarios en un año electoral", anticipa Carlos Pallotti, especialista en Políticas Tecnológicas y Desarrollo Productivo y ex Subsecretario de Servicios Tecnológicos y Productivos del Ministerio de Producción, función que desapareció después de la última reorganización ministerial.
"La ley debería tener consenso. El Gobierno dice estar interesado y para la oposición kirchnerista sería una ampliación de leyes que se promulgaron bajo su administración. También también toca temas de interés que el Peronismo Federal promueve", agrega.
Sin embargo, al tratarse de un proyecto de beneficios impositivos puede generar conflictos en un año electoral y en un escenario de severas restricciones fiscales. "Debería tener mucha fuerza del Ejecutivo", sostiene Pallotti.
En la CESSI coinciden en que el Gobierno debe impulsar con fuerza la ley.
"Durante 2018 trabajamos en conjunto con las autoridades nacionales y con otras industrias en la elaboración del proyecto", explica Aníbal Carmona, presidente de la entidad, a iProUP. "El desafío es que no quede en el papel", señala.
Una ley sancionada durante la presidencia de Néstor Kirchner, renovada en tiempos presidenciales de Cristina Fernández y probablemente ampliada con Mauricio Macri al frente del gobierno pareciera tener los condimentos para transformarse en una política de Estado.
"El proyecto es central en la agenda de la Secretaría de Modernización, pero juega contrarreloj", dice Pablo Listingart, cofundador y director ejecutivo de Comunidad IT (ComIT), una organización civil que ofrece formación técnica a jóvenes.
Un borrador del proyecto indica que, gracias a la Ley de Promoción de Software, más de 450 compañías experimentaron avances investigación, internacionalización y certificación de estándares de calidad con un fuerte incremento del trabajo calificado.
El 98% entra en la categoría de micro, pequeñas y medianas. Las firmas adheridas contrataron 3,4 veces más profesionales, multiplicaron sus ingresos por seis y quintuplicaron sus exportaciones con respecto a las no alcanzadas por la Ley de Promoción del Software.
Además, las ventas al exterior de las empresas promovidas crecieron a una tasa anual promedio del 20% en los últimos diez años y el empleo alcanzó a más de 25.000 puestos.
A su vez, desde FIEL remarcan que desde la aprobación de la Ley de Software la creación de compañías del sector triplicó la del resto de la economía nacional.
El crecimiento del trabajo también fue positivo, al presentar una tasa anual promedio del 9,4%, comparado con el 3,5% estimado para el sector privado en su conjunto.
Ahora bien, ¿cuánto costó promocionar el software? El estudio ofrece un panorama. Los incentivos impositivos para el sector fueron del 0,021% del PBI en 2017, frente a, por ejemplo, la promoción económica de Tierra del Fuego (0,26% del PBI).
En términos internacionales, la cifra es baja frente al 0,15% que ofrecen países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La proyección indica que la promoción habría producido un estimado de ventas adicionales por $ 62.000 millones (valores totales del período 2006-2017 actualizados al año 2018) e impuestos adicionales por $13.400 millones de 2018.
Este plus de recaudación es inferior al gasto tributario. Sin embargo, el efecto neto de recaudación es un costo tributario neto de $228 millones por año, monto relativamente marginal comparado con los beneficios adicionales producidos (ventas, empleo y exportaciones).
La industria englobada en el proyecto de Ley de la Economía del Conocimiento se muestra satisfecha con las reuniones mantenidas con el Gobierno.
Pero también contrariada por el Decreto 1201/2018, que impone un derecho de exportación del 12% a los servicios de software, profesionales y de consultoría que se venden al exterior.
La retención no podrá exceder los $4 por cada dólar de valor imponible. Las exportaciones realizadas por las micro y pequeñas empresas tributarán sobre exportaciones superiores a los u$s600.000 anuales.
Así, las políticas de largo plazo pueden chocar contra las necesidades de un ajuste fiscal severo.
"Hay contradicciones para el sector, entre el impulso a la nueva ley y las retenciones a la exportación de servicios. Esperemos que se mantenga provisorio por dos años, tal como se instrumentó", explica Carmona, de CESSI, a iProUP.
Y detalla: "Si bien los beneficios fiscales actuales de la ley de software representaron $2.500 millones, las retenciones implican $7.500 millones, tres veces más que los beneficios".
Listingart, de ComIT coincide con la visión de Carmona en la contradicción gubernamental, aunque entiende que "hay una necesidad macro".