El gobierno de Cataluña ha firmado este martes un decreto que se transformó en un golpe fatal para las aplicaciones de transporte como Uber o Cabify y que comenzará a regir desde el 1º de febrero.
De esta forma, el Consell Executiu estableció que el pedido de servicio de recorridos a través del celular debe efectuarse con 15 minutos de antelación y sin el uso de la geolocalización, dos funcionalidades clave en las aplicaciones de este tipo.
Pero, además, ratifica la prohibición para que los choferes de apps circulen por las calles buscando clientes, sino que deberán permanecer estacionados cuando no presten servicio.
El incumplimiento de estas condiciones se considerará una infracción grave, por lo que se impondrán multas de hasta 1.400 euros. Sólo el incumpliendo de la antelación de 15 minutos significará una sanción de 1.001 euros.
La medida tiene como antesala la fuerte protesta de los taxistas en Barcelona, que dispusieron un paro por tiempo indeterminado, el cual fue levantado cuando se anunció la semana pasada la firma de este decreto.
Además, podría sentar un precedente para el resto de los países, especialmente los latinoamericanos, donde hubo casos de extrema violencia entre taxistas y conductores de Uber, como en México y la Argentina.
Damià Calvet, conseller de Territorio, argumentó que que el decreto Ley "no regula ni en favor de unos ni en contra de los otros", al tiempo que señaló la fijación de la antelación de 15 minutos es "proporcional, razonable y competitivo".
Por otro lado, argumentó que la norma permite diferenciar a los taxis de los vehículos de alquiler con conductor o "VTC", como se conoce a esta modalidad bajo la cual operan las apps en Cataluña.
También señaló que ofrece una oportunidad para la convivencia y la competitividad de ambas modalidades en beneficio de los usuarios y completó: "El taxi tiene que hacer de taxi y el VTC, de VTC".
Después de Madrid, Barcelona es la segunda ciudad española con mayor cantidad de VTC: 2.283 coches de este tipo, es decir, uno por cada cinco taxis, según los datos del Ministerio de Fomento.
El miércoles, Uber anunció que dejaría de prestar su servicio UberX en Cataluña, en tanto que la española Cabify remarcó que el gobierno catalán los "expulsaría" si aprobaba esa normativa. Esta última, está trabajando en su expansión en Latinoamérica.
En efecto, varias firmas que rentan vehículos para ser utilizados con las aplicaciones, entre ellas, anunciaron que despedirán a miles de empleados luego del golpe a su negocio que supone el decreto.
Por estas horas, unos 700 conductores de VTC se manifestaron ante la Generalitat protestando contra la medida y entregaron 10.000 firmas de rechazo.
No obstante esta nueva regulación, el Govern prevé desarrollará una ley para regular de manera integral el transporte de viajeros con turismo (taxis y VTC) en Cataluña.
Sin embargo, este decreto no es más que un anticipo: la Consellería ya avanza en un proyecto de ley y prevé hacer una consulta pública previa antes de abril.
La normativa regulará la formación de conductores, sus turnos y periodos de descanso, reducción del impacto ambiental de esta actividad, uso de nuevas tecnologías, mayor transparencia en las tarifas de los VTC, entre otros.
Para ello, lanzarán un impuesto para crear un fondo que permita impulsar esa ley, algo que tendrá que decidir el parlamento catalán.