Según Alejandro Galvis, "Chief of staff" de Rappi, y Sebastián Rúales, director comercial de Rappi LatAm, los "rappitenderos" (la forma en la que la firma denomina a sus repartidores) no son empleados de la compañía, sino usuarios de la aplicación y que con ellos no hay relación laboral.
Al ser consultado por el diario Portafolio Ruales Galvis sostiene que "es importante aclarar que Rappi es una plataforma que conecta a dos tipos de usuario. Un usuario que está dispuesto a hacer un pago por conveniencia a cambio de un producto o servicio, con un usuario que se conecta a la plataforma para atender órdenes con el fin de generar un ingreso"
"Por otro lado, no se cumplen con condiciones de ley para denominarse como nuestros trabajadores. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, no tienen subordinación. Segundo, los ingresos por un pedido son en su totalidad de los Rappitenderos, ya que la compañía no toma un porcentaje del domicilio", amplió el ejecutivo.
Según Rappi los domiciliarios tienen la flexibilidad necesaria para vincularse con las diversas plataformas existentes para no tener una sola fuente de ingreso, y el modelo de negocio no permite que puedan contratar a los rappitenderos, ni siquiera por horas.
Las declaraciones de los ejecutivos de Rappi se dan días después de que la ministra de Trabajo de Colombia, Alicia Arango, asegurara que los contratos laborales de la compañía no son ilegales, pero que no los obliga a pagar seguridad social y otros beneficios para los domiciliarios.
"Son contratos independientes que hace el trabajador con la empresa o la plataforma, que no implica por parte de la plataforma la necesidad de pagar seguridad social y pensión, ese es el primer problema que hay, pero es legal lo que están haciendo", declaró Arango al diario La República.
Sin embargo, los ejecutivos de Rappi aseguran que la compañía es solidaria con los repartidores y por eso les paga la ARL (Administradora de Riesgos Laborales, la forma en la que en Colombia a la ART) en un 100 %.