Paraguay, uno de los países más activos en la lucha contra la ilegalidad de la minería cripto, decidió tomar medidas aún más drásticas contra la minería ilegal del blockchain de Bitcoin (BTC).
Si bien el aumento de los precios de BTC generó optimismo en el mercado, la supervisión regulatoria de los mineros en América Latina podría afectar los valores y obstaculizar el repunte.
El país se posicionó como el líder en la interceptación de operaciones ilícitas de minería de Bitcoin.
Durante el 2024, el número total de equipos mineros incautados superan los 10.0000 igualándose con Venezuela.
El gobierno de Paraguay, secuestró 450 máquinas de minería de BTC (ASIC) en un almacén en el barrio Caacupemi.
Los dispositivos se encontraron en una granja minera que fue descubierta por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Las autoridades de la ANDE descubrieron un depósito de equipos y materiales destinados a la construcción de operaciones de minería de criptomonedas.
En el establecimiento también encontraron equipos que habían desaparecido previamente en otra estancia cerca del lugar.
En Hernandarias, las autoridades de Paraguay, cuyo Senado ya aprobó sancionar con hasta 10 años de cárcel para quienes minan BTC sin permisos, presentaron 20 denuncias penales vinculadas a actividades ilegales de minería de divisas digitales.
El gran potencial hidroeléctrico del país, principalmente en Itaipú, fue lo que atrajo a los mineros de Bitcoin.
Sin embargo, una campaña gubernamental en contra de las operaciones mineras ilegales reveló un robo generalizado de energía y una posible complicidad oficial.
Los ingresos diarios de recaudación minera cayeron de u$s53 millones a u$s34 millones.