Regresa el controvertido "dólar turista". Eso es lo que está bajo estudio por estas horas en el Gabinete de Alberto Fernández, como parte del paquete de medidas tendientes a cuidar reservas y seguir limitando el acceso a dólares, por parte de empresas y particulares y, de paso, mejorar la recaudación fiscal.
Si bien los funcionarios del nuevo Gobierno anticiparon que no iba a haber cambios en el cepo que heredaron de la administración de Mauricio Macri, la necesidad de cuidar al máximo las reservas del Banco Central está impulsando a las autoridades a revivir la misma medida a la que ya había echado mano Cristina Kirchner, durante su última gestión.
Según fuentes consultadas a iProfesional, en la administración de Fernández no hay dudas de que deberá avanzarse con la imposición de impuestos al turismo emisivo, como una forma de encarecerlo y, además, incrementar la recaudación.
"Se están discutiendo los detalles para implementar el recargo", confirmó una de las fuentes que tiene contacto directo con el equipo de funcionarios que está trabajando en la medida.
Cuando se le preguntó sobre el nivel de alícuota que está bajo estudio, afirmó que "lo que se está debatiendo por estas horas es un nivel que se ubicaría por encima del 30%".
La medida se espera que afecta a la compra de tickets aéreos con destino al exterior y a los paquetes turísticos (incluyendo hoteles y excursiones).
También, y este es el ítem más importante, a las compras con tarjeta en moneda extranjera, que representan el 60% de las erogaciones de divisas que salen bajo la categoría "gastos por turismo".
La penalidad al "tarjeteo" no sólo será para quien utilice los plásticos en algún lugar fuera del país. También alcanzaría a quienes los usan para pagar servicios como Netflix o Spotify, así como también suscripciones a medios del exterior.
Y, desde ya, a aquellos que utilizan plataformas de ecommerce, como Amazon o Alibaba, para hacerse traer productos del exterior a través del correo o empresas courier.
De modo que el surgimiento de este recargo también le pegaría de lleno al "puerta a puerta" que, desde que fue relanzado por Macri en abril de 2019 y hasta noviembre, movió la friolera de 2,6 millones de paquetes, con más de 600.000 usuarios registrados.
Aprovechando el "timing" político
La medida llega con una sensación de "deja vu": en marzo de 2013, el entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, había impuesto un recargo del 20% a la compra de viajes y paquetes al exterior y gastos con tarjeta en moneda extranjera. Y lo había hecho fijando una percepción que se cobraba como adelanto de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales en los consumos con tarjetas de crédito y débito realizados en fuera del país.
Sin embargo, con un tipo de cambio que se mantuvo quieto y una inflación (no oficial) que ese año escalaría un 27%, los funcionarios, apenas nueve meses después, en diciembre, elevaron dicho recargo al 35 por ciento.
En base a esta experiencia previa, y en un contexto en el que el índice de precios para 2020 que proyectan consultoras prevé un nivel del 33%, está bajo estudio una percepción que podría ser superior al 20%.
El otro punto que está en debate es el mecanismo: en el Gobierno ven a este recargo como una importante fuente de recaudación. Por eso se busca la manera de que no sea reembolsable ni descontable de Ganancias.
En cuanto al "timing" político, para el Gobierno de Alberto Fernández el momento para tomar medidas antipáticas es ahora.
Además, el Gobierno hoy cuenta con una variable a favor, que no existía durante la última presidencia de Cristina. A pocos días de haberse conocido que la pobreza alcanza al 40,8% de la población, como consecuencia de la agudización de la crisis y de la devaluación, y en un contexto en el que el consumo y la industria no repuntan, hay pocos argumentos para oponerse a una medida que el Gobierno puede presentar como una forma de garantizar dólares para la estabilidad cambiaria y el funcionamiento de la economía.
En su momento, cuando el ahora gobernador bonaerense, Axel Kicillof era viceministro de Economía, había salido a justificar el "impuestazo" al turismo.
"¿Cómo las divisas que necesito para hacer torres de petróleo se van a gastar en que los sectores más pudientes puedan comprar bienes de lujo?", afirmaba, envalentonado, el funcionario en una exposición ante el Senado.
Durante su exposición, fue más allá y llamó a "cuidar los dólares para que se dirijan a las importaciones fundamentales y así mantener el proceso de industrialización" porque, advirtió, el "mayor riesgo" es que los mismos se "terminen malgastando en productos de consumo suntuoso".
Lo paradójico fue que, al final del mandato, las reservas terminaron al límite y las empresas sufrieron un feroz cepo a las importaciones que generaron trastornos incluso a las industrias, que tuvieron problemas para ingresar materias primas desde el exterior.
"Dólar turista"
El tema en discusión ahora es el porcentaje que se aplicaría en concepto de percepción. Como se mencionó, en un contexto de elevada inflación, un nivel del 20% podría quedar corto rápidamente.
Las proyecciones son variadas pero hay cierto consenso sobre la posibilidad de que el tipo de cambio se vaya atrasando. Rodolfo Santángelo, socio de Carlos Melconian, acaba es de los que prevé este escenario.
"El tipo de cambio va a ir para abajo. En seis meses, o en doce meses, van a ver que la inflación le ganó al tipo de cambio oficial", advirtió.
De modo que los funcionarios hablan de un recargo mayor que, vale aclarar, tampoco podría superar el 35%, dado que por encima de ese techo la medida puede ser interpretada por la Corte Suprema como "confiscatoria", lo que podría alentar reclamos judiciales.
Haciendo un ejercicio rápido, al tipo de cambio oficial actual ($63), un potencial recargo del 35% elevaría un nuevo "dólar turista" a un nivel cercano a los $85.
De concretarse sería, sin dudas, un golpe importante para el servicio "puerta a puerta", una modalidad que incluso venía siendo alentada desde la Aerolíneas Argentinas de Macri.
También significará un impacto negativo para el turismo emisivo. De hecho, desde el sector, los empresarios se venían atajando y argumentando que no iba a ser necesario avanzar con una medida de esta índole porque el tipo de cambio de por sí ya era muy elevado.
Sin embargo, esto puede ser tema de debate. De hecho, en el sector ya se venía percibiendo un pequeño repunte de los viajes al exterior, especialmente luego del cepo y las PASO.
En noviembre, por ejemplo, cuando ya había pasado el ruido político que dejaron las elecciones, desde Almundo advertían un incremento de la demanda de viajes a destinos como el Caribe y Brasil, de cara al verano 2020.
"Hay una marcada tendencia a reservar las vacaciones 2020 antes de las fiestas, abonando por anticipado en pesos", agregaban.
Desde el metabuscador TurismoCity también venían notando un incremento, algo que, según sus responsables, obedecería a una estrategia de cobertura por parte de los consumidores.
"Gran parte de este movimiento está explicado por gente que está tratando de asegurarse las vacaciones 2020, fijando ya el precio del dólar y con la ventaja de que todavía hay vigentes algunas promociones y planes de cuotas sin interés", ampliaron desde la empresa, para luego agregar que estaban viendo "que a través del sitio hay gente que está contratando viajes para volar en julio".
Un "rojo" que preocupa al Gobierno
¿Funcionaron en su momento las medidas que aplicó el Gobierno de Cristina Kirchner para frenar la sangría de dólares que dejaba el turismo emisivo?
Al analizar las estadísticas se puede ver que en 2014, luego de la aplicación del recargo y en combinación con la devaluación que convalidó Kicillof, el rojo de la balanza pasó de casi u$s8.700 millones a unos u$s5.400 millones, una caída del déficit del 38%.
Ahora bien, dicho recargo por sí solo no tuvo demasiado efecto luego, a medida que se agravó el atraso cambiario, provocando que el déficit turístico se disparara los dos años siguientes, superando largamente los u$s8.000 millones.
Este año hay una realidad: el rojo por gastos con tarjeta en moneda extranjera y
viajes al exterior se fue achicando considerablemente tras el salto del billete verde, la profundización de la crisis económica y los ruidos que llegaron de la mano de la incertidumbre política.
En concreto, entre enero y octubre se fueron unos u$s6.503 millones. Como contrapartida, ingresaron u$s1.761 millones en concepto de turismo receptivo. Así las cosas, el saldo fue negativo en u$s4.740 millones (ver cuadro).
De cara a lo que resta del año, la expectativa es que el déficit sectorial se ubique levemente por encima u$s5.000 millones.
Es cierto que serían u$s3.000 menos que el de 2018, pero igualmente se trata de una cifra elevada para una economía que ahora, con Alberto al mando, cuenta cada billete de dólar que hay en el mercado.
Los empresarios ya reclaman
Las agencias de viajes y turismo ya tienen argumentos para rechazar cualquier medida de este tipo. Desde un operador líder alertaron que "sólo una parte de los dólares que se giran al exterior para cancelar operaciones son turismo genuino. No es la mayoría. Hay que desagregar los datos y no meter todo el déficit en la cuenta de viajes".
Al analizar a fondo cómo se articula esta salida de divisas, datos oficiales revelan que:
-Apenas el 17% del total son dólares que adquieren en el país las empresas de transportes de pasajeros, para luego girarlos a sus casas matrices. En su mayoría, son compañías aéreas, pero también se incluyen desde cruceros hasta micros de larga distancia.
-Un 12% de los dólares los compran los operadores turísticos, es decir, las agencias de viajes que comercializan paquetes en el exterior. Bajo esta categoría se incluyen servicios como hospedajes, excursiones, entradas a parques y hasta el alquiler de autos.
-El 71% restante, son billetes verdes girados al exterior por las compañías internacionales emisoras de tarjetas de crédito para "bancar" los gastos con plásticos realizados por argentinos en moneda extranjera.
-De ese 71%, el 20% obedece a compras con tarjeta hechas desde la Argentina (incluye "puerta a puerta" y servicios como Netflix).
-Y el resto se divide casi en partes iguales entre gastos realizados de manera presencial fuera de país para adquirir alimentos en supermercados y bienes durables (ropa, tecnología) y la otra mitad para pagar hoteles, restaurantes y excursiones.
