La Legislatura porteña convirtió en ley este martes el proyecto que endurece las penas a quienes transporten pasajeros de manera ilegal con la que se busca frenar el avance de Uber en la ciudad de Buenos Aires.
La propuesta, presentada por el oficialismo, agrava las penas a los conductores no habilitados, con sanciones de hasta 200.000 pesos y la retención de la licencia de conducir.
También contempla multas económicas para el "titular o responsable de un vehículo que transporte pasajeros y que lo explote sin la autorización y/o habilitación para prestar el servicio establecida por la normativa vigente".
Asimismo, propone multas de hasta 10.000 unidades fijas -equivalentes hoy a montos que rondan los 200.000 pesos, pues su valor depende del precio del medio litro de nafta de mayor octanaje- y la inhabilitación para conducir de cinco a diez días.
La iniciativa, respaldada por las agrupaciones de taxistas, fue cuestionada por la empresa Uber, que en un comunicado consideró que su actividad era legal y pidió a la Legislatura por "un debate participativo".
"Perseguir no es el camino. La Ciudad se debe un debate participativo porque la gente ya se expresó. El caso de Mendoza demuestra que con voluntad política se puede debatir la movilidad y la tecnología. Nuestro compromiso es con todos los que eligen Uber cada día", indicó la compañía.
Por otra parte, los asesores de los diputados de la Comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura porteña iniciaron la discusión en torno a otro expediente, elaborado por el Gobierno local, que obliga a los taxistas porteños a contar con una aplicación que permita recibir pedidos de viajes y habilita a los pasajeros a pagar el servicio de traslado con tarjeta de crédito y débito.
La propuesta dispone que "todos los titulares de las licencias y los conductores no titulares" de taxis "deberán encontrarse vinculados a una aplicación de despacho de viajes o a la aplicación oficial del Gobierno de la Ciudad", es decir BATaxi.
También la iniciativa fija que los taxistas ofrezcan la opción de pago con tarjeta de débito y crédito en forma obligatoria, ya sea a través de una app, como por medio de un posnet o mpost.Y, estableció que el "Reloj Taxímetro" deberá reflejar las palabras "Libre, Ocupado o Reservado" visibles desde el exterior, además de permitir que los vehículos puedan contar en los techos con carteles con publicidad.
Cientos de taxistas nucleados en diversas agrupaciones sindicales se manifestaron desde el mediodía frente a la Legislatura porteña para manifestar su apoyo a la sanción de la llamada "ley anti Uber", una medida que busca agravar las penalidades a quienes transporten pasajeros sin habilitación.
Los conductores se habían congregado desde las 10 en distintos puntos de la Ciudad y a las 11 se movilizaron en sus vehículos hasta las adyacencias de la Plaza de Mayo, lo que derivó en el bloqueo de la avenida Diagonal Sur, que se convirtió en un gran estacionamiento negro y amarillo.
En la puerta de la Legislatura, los conductores entonaron canciones contra Uber y contra legisladores que ya habían adelantado su voto en contra de esta regulación. Entre las pancartas se destacaban aquellas que piden -además de onerosas multas contra los choferes de Uber- el control del tránsito vehicular para detectar a las miles de personas que trabajan con su auto particular a través de la aplicación.
"Sentimos que soportamos una competencia desleal. Nosotros pagamos un montón de cosas que ellos no pagan y no queremos emparejar para abajo", comentó Gabriel, uno de los manifestantes de la Sociedad de Propietarios de Automóviles con Taxímetro.
Andrea, una de las taxistas presentes en el lugar, fue terminante y sostuvo que "Uber tiene que irse, porque es ilegal. Esta es nuestra fuente de trabajo, la de 38 mil familias y no la de ellos".
"Es cierto que Uber tiene tarifas bajas, pero eso es insostenible por los costos que se manejan hoy", agregó.
Por otra parte, los dirigentes de las agrupaciones sindicales aclaran que la norma que se sancionaría hoy no es "una ley contra Uber sino contra la ilegalidad".
"Acá se está sancionando una ley contra los remises sin licencia y contra aquellos que tienen una para un fin y la usan para otra, como los transportes escolares", había señalado más temprano Marcelo Boeri, de Taxistas Unidos.
Las intervenciones de los legisladores en contra del proyecto fueron reiteradamente abucheadas por las barras y el presidente del cuerpo, Diego Santilli, quien debió pedir silencio en varias ocasiones.