La transformación digital en el ámbito jurídico ha traído aparejados importantes beneficios desde el punto de vista de la eficiencia y la transparencia de los procesos, pero, en paralelo, trajo consigo grandes desafíos. Tal vez, el más importante, el de encontrar los propios límites a este nuevo marco a la hora de ser implementado.
Desde la normativa hasta la seguridad, todo está bajo la lupa. La competencia, los costos y la responsabilidad de cada involucrado son motivo de análisis y se suman a la complejidad intrínseca de la tecnología; sobre todo para aquellos como los "hombres de ley" para quienes pantallas y algoritmos les son naturalmente ajenos.
Un breve repaso por cada una de las áreas impactadas por la tecnología en clave jurídica revela cuáles son los problemas a resolver y las cuestiones sobre las cuales reflexionar para, finalmente, sacar ventaja plena y consciente de las herramientas de la economía del conocimiento en el ámbito del Derecho.
Normativa
Depende de cada jurisdicción y por experiencia sabemos que además de compleja es cambiante. Si bien es cierto que las nuevas herramientas digitales facilitan el poder acceder a la normativa, no menos cierto es que no todo resulta digitalizable.
Expliquemos que, cuando interpretamos la ley, no solo nos basamos en lo que el texto expresa sino en otras fuentes como la jurisprudencia o el espíritu del legislador a la hora de elaborar un proyecto. El reto es cómo digitalizar estos elementos que, por ahora, resulta imposible
Ciberseguridad y secreto profesional o confidencialidad
En el ámbito jurídico, tanto a nivel de personas físicas o jurídicas, manejamos datos obviamente sensibles; la digitalización conlleva mayores riesgos de hackers y ciberataques. Es decir, que las personas e instituciones enfrentan riesgos de carácter reputacional, por indebidas filtraciones de la información.
En este sentido, hay herramientas y profesionales expertos en seguridad informática que permiten extremar los recaudos y garantizar la confidencialidad propia de la actividad jurídica.
Oposición, resistencia al cambio y capacitación
En el ámbito jurídico existe un entorno muy conservador. Es decir, a nivel etario y dependiendo de las condiciones personales o habilidades, hay una gran reticencia a confiar en la tecnología.
Nadie está ajeno: jueces, abogados y otros actores del derecho la rechazan, quizás, porque no la conocen. La transformación digital requiere diversos cambios en los procesos, en organizaciones y en la forma en que se brinda el servicio jurídico, entendiendo que la capacitación en tecnología es prácticamente condición sine-qua-non para llevar a cabo nuestra tarea y, como tal, inevitable.
El proceso de aprendizaje no siempre resulta fácil ni rápido. Muchas firmas legales y tribunales carecen de personal con la capacitación adecuada para utilizar estas herramientas de manera efectiva, lo cual dificulta su integración total en las operaciones diarias.
Complejidad en el acceso a la tecnología
Estrechamente vinculado con lo anterior, el acceso equitativo a la tecnología no es una realidad para todos los profesionales u otros agentes. La transformación digital en el ámbito jurídico debería asegurar que todas las personas dispongan de las mismas oportunidades de acceder a los servicios legales.
Sin embargo, la desigualdad en el acceso a herramientas digitales, especialmente en sectores o regiones menos desarrolladas, limitan el potencial o capacidad de uso de estas herramientas en varios ámbitos y especialmente el jurídico.
Costos de implementación
La digitalización en el sector legal implica inversiones en diversos elementos como nuevas estructuras, programas y aplicaciones (software), seguridad y formación.
Para numerosos estudios profesionales, así como entidades públicas, estos costos pueden ser sumamente elevados, encontrándose fuera del presupuesto, lo cual limita el alcance de la adaptación digital necesaria.
Responsabilidad y aspectos éticos vinculados a la IA
Actualmente, diversas herramientas de inteligencia artificial apoyan la búsqueda de jurisprudencia o la predicción de fallos legales, pero su aplicación en la toma de decisiones presenta verdaderos desafíos éticos.
La IA no puede sustituir el juicio humano y su utilización nos deja serias dudas en cuanto a las decisiones que se pueden llegar a adoptar, las cuales podrían resultar francamente equivocadas y no ajustadas a la prueba o a Derecho.
En suma y por lo hasta aquí expuesto, la modernización digital en el ámbito jurídico tiene un enorme potencial, pero su implementación integral requiere enfrentar todos estos retos con un enfoque de diversas disciplinas, que fomente la colaboración entre profesionales legales, expertos en tecnología y organismos reguladores.
*Por Carlos Ruiz Lapuente, abogado y asesor de inversiones de Uruguay
