El Gobierno Nacional oficializó, este lunes, la desregulación del servicio de correos mediante el Decreto 1005/2024, publicado en el Boletín Oficial.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, argumenta que una "sobrerregulación de la actividad postal" generó barreras de ingreso al mercado, limitando la competencia y provocando un servicio de menor calidad y mayores precios, en detrimento de los usuarios.
El objetivo de la resolución es promover la transparencia, simplificación, digitalización y mejorar la seguridad del servicio.
La medida del Ejecutivo establece: "Se dispone la desregulación del comercio y la eliminación de toda exigencia normativa que restrinja la oferta de bienes y servicios e impida la libre iniciativa privada".
Para operar como prestador postal, las personas jurídicas deberán registrarse ante la autoridad de aplicación de manera electrónica, gratuita y declarativa. La inscripción se realizará una sola vez al inicio de la actividad, y los operadores podrán comenzar a funcionar cinco días después de completado el registro, que será suficiente para habilitar la actividad.
Además, los operadores postales, tanto nacionales como internacionales, podrán decidir libremente la cantidad de empleados, las modalidades, los tipos de servicios, los equipos, medios de transporte y locales necesarios para su operación.
Otra modificación relevante es que la constancia de entrega de telegramas y cartas documento podrá ser en formato digital, y la verificación de identidad de los destinatarios podrá realizarse mediante el RENAPER u otros sistemas de verificación remota.
En un principio, Correo Argentino estaba incluido en la lista inicial de empresas estatales que el Gobierno planeaba privatizar en la Ley Bases, junto con Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión Argentina. Sin embargo, en la última versión de la normativa aprobada, fue excluido.
La empresa estatal, que opera con una red de 1.400 sucursales y oficinas postales, registró un déficit de $71.322 millones en 2023 y recibió más de $90.000 millones en 2024 para implementar un plan de retiros voluntarios.