El Gobierno nacional puso en marcha el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un programa que busca atraer proyectos de inversión de más de 200 millones de dólares en sectores estratégicos como energía, minería, tecnología e infraestructura.
Este régimen, aprobado mediante la Resolución 1074/2024, ofrece estabilidad fiscal, seguridad jurídica y beneficios fiscales durante 30 años, brindando un marco atractivo para inversores tanto locales como internacionales.
A partir de la reglamentación oficial, las empresas interesadas ya pueden postular sus proyectos a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).
El RIGI tiene como objetivo fortalecer el crecimiento económico, fomentar las exportaciones y generar empleo a través de inversiones en áreas clave como petróleo y gas, energías renovables, siderurgia y turismo.
Además, se promueve el desarrollo de proveedores locales, quienes podrán competir en igualdad de condiciones para vender bienes de capital a los proyectos aprobados, denominados Vehículos de Proyecto Único (VPU).
El programa cuenta con beneficios fiscales, arancelarios y cambiarios que serán otorgados tras una evaluación realizada por la Comisión evaluadora, integrada por la Jefatura de Gabinete y varias secretarías del Ministerio de Economía.
El plazo de aprobación de los proyectos será de 45 días desde su postulación en TAD.
Otra de las ventajas del RIGI es la posibilidad de que las provincias se adhieran al régimen y ofrezcan incentivos adicionales a los proyectos que se desarrollen en sus territorios.
Hasta ahora, ya se sumaron:
- Río Negro
- Chubut
- Mendoza
- San Juan
- Salta
- Córdoba,
Además se espera que otras provincias se unan próximamente.
Este régimen garantiza que los proyectos no verán aumentada su carga tributaria durante 30 años, lo que otorga previsibilidad a largo plazo para los inversores.
La Secretaría de Industria y Comercio, a través de la Subsecretaría de Política Industrial, se encargará de la evaluación técnica de los VPU, mientras que la decisión final sobre la viabilidad de los proyectos estará en manos del Ministerio de Economía, bajo recomendación de la Comisión evaluadora.