Crece la preocupación entre las organizaciones en materia de seguridad, las cuales buscan fortalecer las estrategias de compliance para enfrentar desafíos como los fraudes, la corrupción y las sanciones consecuentes.
Así lo aclaró la última edición del 'Global Economic Crime Survey' que realiza la consultora PwC, la cual reveló las principales preocupaciones de las empresas en torno a los temas mencionados.
En lo que respecta a los fraudes de adquisición, que son identificados por las empresas como un fenómeno en expansión, el informe resaltó que el 55% de las compañías consultadas manifiestan sentir preocupación por esta amenaza, sin embargo, solo el 26% de ellas utiliza análisis de datos para identificar patrones inusuales en las licitaciones y casi un 20% no emplea herramientas de análisis de ningún tipo para prevenirlas.
Por otro lado, el 59% de las empresas completó una evaluación de riesgos de fraude en los últimos 12 meses, lo que representa un paso más hacia la prevención. Sin embargo, un 20% sigue sin implementar herramientas de análisis, lo que deja a muchas compañías expuestas a posibles vulnerabilidades.
"El riesgo de fraude sigue siendo uno de los principales desafíos para las empresas, especialmente en un entorno de adquisición competitivo. La falta de análisis de datos en este ámbito es una preocupación seria, ya que las organizaciones se pierden la oportunidad de detectar irregularidades antes de que se conviertan en problemas críticos", sostuvo Diego Taich, socio de PwC a cargo de Ciberseguridad, Tecnología, Consultoría en Riesgos y Regulaciones.
Según el estudio, el 81% de los ejecutivos considera que los esfuerzos gubernamentales para hacer cumplir las leyes anticorrupción son más sólidos o se mantienen estables en los países donde operan. A pesar de ello, el 42% de las empresas carece de un programa de administración de riesgos de terceros, lo que aumenta su exposición a riesgos de corrupción dentro de sus cadenas de suministro.
En tanto, a nivel interno, el 77% tiene confianza en sus programas de cumplimiento para mitigar los riesgos emergentes. Sin embargo, es necesario que las compañías avancen en la implementación de programas más robustos para administrar adecuadamente el riesgo de corrupción que involucra a terceros.
El trabajo forzoso es otro aspecto que despierta preocupación en las empresas consultadas, ya que el 33% de ellas comenzó a realizar evaluaciones en su cadena de suministro para detectar este riesgo. En particular, el 65% de las grandes empresas, con ingresos superiores a u$s5.000 millones, rastreó su cadena de suministro hasta proveedores de Nivel 1 o Nivel 2, lo que refleja un compromiso con la erradicación de este tipo de explotación laboral.
En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) identificó 11 indicadores clave para detectar posibles casos de trabajo forzoso, que van desde abuso de vulnerabilidad hasta horas extra excesivas.
El 59% de los encuestados coincidió en que los controles de exportación son cada vez más complejos, y más de la mitad considera que la aplicación de estas normativas ha sido más estricta en los últimos dos años. Las empresas de algunos sectores están particularmente expuestas a estos controles como:
No obstante, solo el 50% cuenta con procesos sólidos de evaluación de riesgos relacionados con los controles de exportación, lo que implica un área de oportunidad para las organizaciones que deseen evitar sanciones o interrupciones en sus operaciones internacionales.
El 44% de los ejecutivos considera que el riesgo de incumplimiento de sanciones es una prioridad significativa, siendo la participación de terceros en actividades inadmisibles uno de los principales factores de preocupación. Sin embargo, solo el 30% realiza pruebas regulares para verificar la fortaleza de su programa de cumplimiento de sanciones, lo que pone en riesgo la integridad de sus operaciones.
"La creciente presión regulatoria, tanto a nivel local como internacional, exige a las organizaciones adoptar medidas más proactivas para garantizar el cumplimiento de las sanciones. De lo contrario, corren el riesgo de enfrentar graves consecuencias legales y financieras", concluyó Taich.