Después de la ratificación del tratado por los 46 ministros de Exteriores en Estrasburgo, el Consejo de Europa anunció que este acuerdo, abierto tanto a países europeos como no europeos, proporciona un marco legal completo para regular los riesgos asociados con la Inteligencia Artificial en todas sus etapas.
Establece la obligación de los estados signatarios de implementar medidas para identificar, evaluar, prevenir y mitigar posibles riesgos de la Inteligencia Artificial, tanto en el ámbito público como en el privado.
Hace especial énfasis en situaciones donde la aplicación de la Inteligencia Artificial pueda violar los derechos humanos, buscando evitar tales escenarios mediante regulaciones y supervisión adecuadas.
El reciente anuncio del Consejo de Europa sobre la adopción del primer tratado internacional vinculante para regular la Inteligencia Artificial (IA) marca un hito significativo en la evolución de la tecnología y su impacto en la sociedad.
Este tratado, que será abierto a países no europeos, establece un marco legal integral destinado a supervisar y gestionar los sistemas de Inteligencia Artificial en todas sus etapas de desarrollo y aplicación.
Una de las principales preocupaciones abordadas en el tratado es asegurar que estos sistemas de Inteligencia Artificial respeten la igualdad, incluida la igualdad de género, y eviten la discriminación mientras protegen la privacidad de los individuos.
Además, el tratado se propone prevenir el uso indebido de la Inteligencia Artificial para socavar las instituciones y los procesos democráticos, respetando los principios de la separación de poderes.
Este enfoque refleja una comprensión profunda de los posibles riesgos y desafíos asociados con la IA, especialmente en un contexto político y social cada vez más digitalizado.
El proceso de elaboración del tratado ha sido exhaustivo y colaborativo, extendiéndose durante los últimos dos años.
Un comité que incluyó miembros de los 46 estados del Consejo de Europa, así como representantes de 11 países adicionales, como Argentina, Australia, Canadá y Estados Unidos, trabajó en conjunto para desarrollar el marco legal.
Además de los estados, se han tenido en cuenta las perspectivas del sector privado, la sociedad civil y la academia para garantizar la amplitud y la efectividad del tratado.
La convención marco sobre la Inteligencia Artificial, que se abrirá a la firma el 5 de septiembre en una conferencia de ministros de Justicia en Vilna, ofrece a los países dos opciones de adopción.
Pueden optar por acogerse a las disposiciones directas del tratado de regulación o comprometerse a implementar medidas equivalentes que protejan los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho.
Esta flexibilidad se ha diseñado teniendo en cuenta la diversidad de sistemas jurídicos entre los países participantes en el acuerdo.
El Consejo de Europa ha destacado que se establecerá un mecanismo de seguimiento para garantizar que el tratado se implemente de manera efectiva.