En una entrevista que arrojó luz sobre la situación, Jorge Rodríguez, el secretario general de la Asociación Bancaria de Río Negro, expuso acusaciones graves dirigidas a los bancos Galicia, Santander y Supervielle.
Rodríguez denunció que estas instituciones están llevando a cabo prácticas empresariales que calificó como "injustas".
Esto incluye el cierre de sucursales sin la debida autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la sustitución de trabajadores por sistemas de inteligencia artificial.
Estas alegaciones han generado un profundo descontento entre los empleados del sector bancario, quienes habían previsto un paro laboral para el viernes en protesta por esta situación.
Sin embargo, el Ministerio de Trabajo de la Nación intervino en el asunto, emitiendo una orden de conciliación obligatoria. Esta intervención del Gobierno agrega un elemento inesperado a la evolución actual del conflicto laboral.
A pesar de haber obtenido un incremento salarial, la situación sigue desarrollándose de manera crítica.
Jorge Rodríguez, el secretario general de la Asociación Bancaria de Río Negro, destacó que "se ha logrado una actualización del 6,2% para el mes de septiembre, y para octubre se alcanzará un salario base de $521.000, además del ROE (Return on Equity), que refleja la participación de los empleados en los beneficios de la empresa".
Rodríguez se enfatizó que se han tomado medidas de protesta en los bancos Galicia, Santander y Supervielle debido a lo que califican como "prácticas desleales", tales como el cierre de sucursales sin la debida autorización del BCRA.
Además, señaló que existe un proceso de reducción de personal impulsado por las ventajas de la virtualidad y la inteligencia artificial.
Un tema central en esta disputa gira en torno al cierre de sucursales efectuado por los bancos Galicia, Santander y Supervielle, sin haber obtenido la aprobación previa del Banco Central.
Según los empleados bancarios, este cierre no solo impacta negativamente en los trabajadores que prestan servicios en esas sucursales, sino que también tiene repercusiones directas en las comunidades, ya que muchas personas dependen de estos servicios financieros en sus localidades.
La Ley de Entidades Financieras establece de manera inequívoca que cualquier cierre de sucursales bancarias debe contar con la aprobación del Banco Central y debe ser planificado con detenimiento, tomando en consideración su impacto en la población.
Los empleados bancarios aseveran que el cierre de sucursales sin la debida autorización constituye una práctica injusta que amenaza los puestos de trabajo y la seguridad laboral.
Jorge Rodríguez hizo hincapié en la importancia de esta controversia, señalando que "los bancos siempre se han beneficiado en cualquier sistema económico, lo que debería permitirnos alcanzar acuerdos salariales más favorables que en otros sectores. Un incremento generalizado en los salarios beneficiaría a toda la sociedad al impulsar el consumo y fomentar un nivel de vida más alto".
La Ministra Kelly Olmos, al frente del Ministerio de Trabajo, cumplió un papel fundamental al intervenir en el conflicto laboral mediante la convocatoria de una conciliación obligatoria.
Esta acción no solo impidió la huelga programada por los trabajadores bancarios, sino que también abrió un espacio de diálogo entre las partes implicadas con el propósito de encontrar una solución al conflicto laboral.
Este enfrentamiento laboral plantea interrogantes de relevancia sobre el equilibrio entre el avance tecnológico y la preservación de los derechos laborales en la era actual.
Los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial y la automatización, desafían las dinámicas laborales tradicionales, generando cuestionamientos esenciales sobre cómo conciliar la innovación con la seguridad laboral y la protección de los trabajadores en un entorno laboral en constante evolución.
La intervención del Ministerio de Trabajo destaca la necesidad de encontrar un equilibrio entre la implementación de tecnología y la salvaguardia de los derechos de los trabajadores en el siglo XXI.
La sustitución de empleados por inteligencia artificial no se limita a Argentina, sino que es un desafío global. Diversos sectores e industrias a nivel mundial se enfrentan a situaciones similares.
Por ejemplo, en el ámbito manufacturero, la automatización y la robótica están reemplazando trabajadores en fábricas que producen automóviles, productos electrónicos y textiles.
En el campo de la atención médica, la inteligencia artificial se utiliza para diagnosticar enfermedades y llevar a cabo cirugías, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de los profesionales médicos y enfermeros.
Además, el sector de servicios, que incluye la atención al cliente y el soporte técnico, ha experimentado la automatización a través de chatbots y asistentes virtuales. Esto afecta tanto a los empleados de los centros de llamadas como al personal de las oficinas de atención al cliente.
En Argentina, la agricultura y la minería también se ven afectadas por los avances en la automatización y la inteligencia artificial, lo que disminuye la dependencia de la mano de obra.
En respuesta a esta situación, líderes sindicales como los bancarios, exigen un enfoque más equitativo en el acceso a los beneficios de la ciencia y abogan por la necesidad de establecer un marco regulatorio para la implementación de la inteligencia artificial en el sector bancario.