Después de la ola de despidos registrados en la fintech Ualá, Tiendanube, la desarrolladora Etermax y la empresa de alquiler de autos Kavak, entre otras, la Asociación Gremial de Computación (AGC), que nuclea a los trabajadores y trabajadoras informáticos, salieron a repudiar la postura empresarial y cuestionaron duramente al Gobierno.
El secretario General del sindicato, Ezequiel Tosco, afirmó que "producto de la Ley de la Industria del Conocimiento, las empresas del sector recibieron unos 42 mil millones de pesos en beneficios tributarios de parte del Estado, pero se niegan a cumplir con las normas laborales".
En diálogo con iProfesional, el dirigente apuntó que "mientras el gobierno peronista no para de otorgarle beneficios y financiar cualquier demanda que exijan, siguen sin cumplir con las leyes, modificándolas en oscuras secretarias con la plena complicidad de funcionarios que, evidentemente, no están a la altura de las circunstancias".
La conducción de la AGC advirtió: "Estamos haciendo las denuncias al ministerio de Trabajo porque esta es una crisis en el sector de la que no dan explicaciones". Al respecto, Tosco apuntó: "Resulta inaceptable que cientos de trabajadores y trabajadoras hayan pasado de un día para el otro a estar despedidos mientras las cámaras patronales no paran de festejar". El sindicato informó que se encuentra a disposición de los trabajadores y trabajadoras que han sido cesanteados.
El gremio denunció que hasta el momento registran unos 200 despedidos en Kavak; 17 en Tiendanube, 53 en Ualá (aunque se estima que a nivel regional sean casi 100), 40 en Etermax, 27 en Digital House (Mercado Libre y Globat), 100 en Buenbit y 100 en Lemoncash app (estas dos últimas, plataformas de inversiones en cripto), pero el temor es que en las próximas semanas las cesantías se amplíen "y el Gobierno continúe en esta postura de no hacer nada".
El justificativo de las citadas compañías se refiere a la crisis macroeconómica global, que frenó la inyección de capital y las inversiones. Señalan que el crecimiento que se venían sosteniendo en sus distintas actividades se vio afectado por la pandemia del Covid-19 y también ponen la mirada en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
Tiendanube informó que cesanteó a un total de 50 empleados en todos los mercados donde opera de los cuales 17 son de la Argentina. La firma de e-commerce -valuada en u$s3.100 millones- cuenta con más de 1.000 empleados, más de 100.000 tiendas activas vinculadas a la plataforma y en 2021 llegó a lograr u$s1.000 millones en ventas en toda América latina.
En el caso de la mexicana Kavak indicaron que el ajuste de la planta laboral se debe a una estrategia global por la situación macroeconómica negativa que prevén para 2023. Los cesanteados son unos 200, recorte que se haría en dos tandas. Esta compañía opera en nuestro país desde 2020 y cuenta con una oferta de más de 1.600 vehículos en línea. Ualá, por su parte, confirmó que las desvinculaciones alcanzan el 3% a escala regional, de las cuales 53 personas operaban en la Argentina.
Sobre las criptos, la explicación en más evidente, teniendo en cuenta la brutal caída que vienen sufriendo las distintas "monedas" que no lograr recuperarse y que algunos economistas tradicionales califican como "una burbuja que se pinchó" y a la que ven con poco poder de resurgimiento, en una economía que no logra recuperarse y una inflación que sigue en alza.
La conducción de la AGC presentó una acción de amparo por comportamiento antisindical contra el entonces ministerio de Trabajo Claudio Moroni, por su negativa a convocar a la mesa convencional y, por consiguiente, que el personal de la actividad informática pueda abrir su mesa paritaria y contar con un convenio colectivo de trabajo. La acción de amparo responsabilizaba a la cartera laboral y sus funcionarios subordinados por "comportamiento antisindical".
La firma Ualá, al igual que Etermax (creadora de Preguntados), debió despedir parte de su staff.
Tosco sostuvo que "Moroni y sus subordinados, atentaron abiertamente contra los intereses y los derechos de los trabajadores informáticos" y explicó: "Hemos mantenido reuniones con la ministra Raquel "Kelly" Olmos y nos prometió que cumplirá con la ley y convocará a la mesa convencional de los informáticos".
La actividad informática emplea alrededor de 141.000 trabajadores que se encuentran hoy, en su mayoría, fuera de convenio e imposibilitados de contar con paritarias, obra social y demás derechos que trae aparejado encontrarse bajo el paraguas de un Convenio Colectivo de Trabajo.