"Google es uno de los mecanismos de control social más relevantes de la historia de la humanidad", lanzó el ministro de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti para ponerle el broche final a la audiencia pública de 2 días por el caso de Natalia Denegri contra la bigtech que pretende ser un leading case sobre derecho al olvido.
Lorenzetti citó, según comentó, al historiador escocés Niall Ferguson, en su libro publicado en 2018, The Square and the Tower donde compara la revolución de Internet con la provocó la imprenta en el siglo XV, con su secuela de conflictos políticos y guerras.
El magistrado dio así un cierre dramático a la audiencia de 2 días en el caso Denegri en el que se ventila el derecho del olvido en las redes.
Natalia Denegri llegó a la fama en 1996 por su participación en programas de Mauro Viale en el marco del caso Coppola.
Luego se fue a vivir a Estados Unidos, se reinventó y hoy es una empresaria periodística que desarrolla una acción solidaria para mujer de Latinoamérica y tiene hijas pequeñas.
Pero sus videos de la década del 90 son lo primero que aparece en YouTube cuando se busca su nombre, y no las entrevistas actuales en los EEUU sobre actividades solidarias.
Decidió hacerle juicio a Google, a la que considera "una empresa privada responsable" de este hecho, según dijo a los periodistas a la salida de la audiencia en la Corte.
El derecho al olvido fue esgrimido por el abogado Martín Leguizamón al principio de la causa en la que pedía que se desindexen de YouTube videos de en los que aparece Denegri en escenas violentas o grotescas.
Pero el caso de Denegri tiene aristas que lo alejan de ser un ejemplo clásico para decidir sobre el derecho al olvido, porque fue grabada cuando era menor de edad y hay causas penales donde hay un juez y policías presos que afirmaron que actuó bajo amenazas.
Los abogados de Denegri, que empezaron defendiendo el derecho al olvido, terminaron defendiendo el "honor" de la empresaria periodística, un derecho privado, e incluso el abogado de Google, Mariano Grondona, pareció aceptar que "si hubo extorsión, habría que considerarlo".
De esta manera, un eventual fallo de la Corte, aunque haga una serie de manifestaciones de principios sobre Google y los derechos personales, en lo jurídico seguiría aplicando e antecedente María Belén Rodríguez, que es de 2014 y sólo se refiere a lo ilegal o falso.
De los 20 minutos que le correspondían a abogado de Google, Mariano Grondona, como expositor en la audiencia pública, sólo ocupó 8 para defender la libertad de la información de los usuarios, tanto al subir un video a YouTube como al buscarlo, el resto del tiempo, más de media hora después, los jueces de la Corte lo bombardearon a preguntas sobre el algoritmo de búsqueda.
Aunque todo el equipo de abogados de Google recordaba que el caso no era sobre search en el buscador sino sobre material en YouTube, tuvo que insistir una y otra vez en explicar que era "un proceso automático con más de 200 factores que se conjugan para otorgar "relevancia" a un material sobre los otros, como cuántas veces aparece la palabra, si la palabra está en el título, confiabilidad del sitio, entre otros".
Sin embargo, los ministros de la Corte dejaron bien en claro que no quedaron convencidos.
El juez Ricardo Lorenzetti, por caso, dijo que "se critica que permitir el derecho al olvido implicaría atentar contra la libertad de expresión y, sin embargo, Google ejercita una valoración y una "ponderación", en las palabras de sus abogados, para bajar contenidos con pornografía infantil, mensajes de odio o incluso actualmente mensajes de violencia referidos a la guerra de Ucrania y Rusia".
"No es todo automaticidad de un algoritmo", remarcó Lorenzetti, y afirmó que "es necesaria la transparencia de los algoritmos". Los abogados resaltaron que están en Internet, aunque no completos para no permitir que ciertas empresas recurran a políticas de "limpieza de imagen".
Grondona intentó desligar el caso Denegri del precedente europeo Costeja, por el que Google tuvo que implementar un formulario de derecho al olvido con el que todo usuario puede pedir desindexación de contenido bajo ciertas condiciones.
El abogado de la bigtech aseguró que en las leyes europeas no defienden el derecho a la información como lo hacen las argentinas y los mismos precedentes judiciales de la cosa, citando el caso de María Belén Rodríguez de 2014, donde la Corte aceptó remover contenidos de Google cuando son falsos o ilegales.
Sin embargo, Lorenzetti respondió que el debate al derecho al olvido en Argentina corresponde porque "estamos en un proceso de cambio muy grande, y esto no sólo mereció fallos juridicales que lo defienden en Europa, sino también en Japón y en Chile, por ejemplo".
Al reiterar que "nuestro país merece este debate", Lorenzetti insistió en cuestionar "¿qué hace Google?, ¿tiene un rol pasivo o en realidad es activo?". Para terminar afirmando a corto con el resto de los jueces que considerar que la bigtech es responsable por los contenidos y por el orden en que aparecen esos contenidos en las búsquedas.
Los abogados de Denegri expusieron antes y seguramente no se esperaron esta dureza de los jueces contra Google, porque cuando les tocó el turno, tampoco les fue también, al punto que cambiaron de estrategia a mediados de la audiencia.
El letrado Martín Legizamón empezó totalmente volcado a tratar de imponer en Argentina los estándares europeos del fallo español Costeja, que fijó un estándar para toda la Unión Europea, ya que se puede utilizar el formulario desde cualquier jurisdicción que no sea España.
Pero luego la excamarista Marta Mattera se centró en que Denegri era menor edad y actuó amenazada, por lo que se trataría de un caso de defender el "honor" y de "prevención del daño", al evitar que la violencia que vivió se perpetúe a través de Internet.
Para recalcar este aspecto, los abogados pidieron presentar a Denegri en el estrado. El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, dijo que lo permitirían, pero si respondía a las preguntas de los ministros, y siempre que no considerara que la estaban revictimizando.
Denegri, visiblemente nerviosa, contó cómo, siendo una estudiante de abogacía que trabajaba en un estudio, y vecina del exfutbolista Alberto Tarantini, la durmieron con una pastilla en su bebida, le plantaron droga en su casa y la llevaron presa.
Tres días después, y "con olor a calabazo", dos policías y productores del programa de Mauro Viale la obligaron a participar en un programa televiso siguiendo un libreto violento y degradante.
Mattera insistió reiteradamente en recordar que hay una causa penal firme en la Cámara de Casación que determinó que estas denuncias de Denegri son verdaderas.
De hecho, el juez federal es Hernán Bernasconi, quien estaba a cargo del juzgado federal de Dolores; el que era su secretario, Roberto Schlagel, y los policías Daniel Diamante, Antonio Gerace y Carlos Gómez están en prisión por estos hechos.
Además, hay otra causa en el fuero Contencioso Administrativo que Denegri demandó al Estado argentino por daños y perjuicios, y que ya ganó en primera instancia. La tiene la Sala H de la Cámara, recalcó varias veces Mattera para explicar por qué no la puede ver ahora la Corte.
El juez Ricardo Lorenzetti remarcó antes de preguntar que un fallo de la Corte tiene repercusión en muchos otros casos. Las principales definiciones del magistrado fueron las siguientes:
Confirmar el fallo de Cámara apelado y que benefició a Denegri, sería aceptar que el derecho al olvido permite pedir que se elimine de Internet lo grotesco. "Lo grotesco es una expresión artística desde Grecia para acá. ¿Quién decide entre expresiones artísticas, entre Beethoven y la cumbia?", enfatizó.
Si se pide el derecho al olvido porque Denegri fue víctima, ¿habría que pedirle una solución al derecho para que toda persona que sea víctima pueda pedir que se supriman videos?
Denegri siente vergüenza de que sus hijos vean los videos, ¿toda persona que se avergüence de su pasado podrá pedir el derecho al olvido?
Finalmente, Lorenzetti escuchó las reiteradas apelaciones de Mattera por defender el caso concreto, más allá de pedidos de otros abogados de grandes definiciones que les sirvan en otros casos, y fue guiando la discusión para hacerlos desembocar en que "el bien jurídico" que buscan proteger está en los artículos del Código Civil referidos al honor. "Dejen de lado esa expresión de derecho al olvido", les sugirió.