El 27% de los hogares de la Argentina, según datos de la industria, no pueden pagar o resignan otros gastos familiares para afrontar el costo del servicio de internet fija, una de las prestaciones para las cuales el Gobierno nacional viene discutiendo con el sector la implementación de una tarifa social.
Según el último relevamiento de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), "en el 27% de los hogares del país, el costo del servicio fijo de banda ancha representa una carga significativa".
Estos hogares, según el informe con datos al primer semestre de este año de las ciudades de La Rioja, Posadas, Santiago del Estero, San Miguel de Tucumán, Viedma y Formosa concentran más de un tercio de los hogares que "no traspasan el umbral de asequibilidad".
El umbral de asequibilidad se ubica en el 2% de los ingresos per cápita de los hogares, de acuerdo a lo dispuesto por la comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
El acceso a internet desde el hogar tomó relevancia este año al convertirse en el principal lugar desde dónde se conectan las personas, ya que trabajadores y estudiantes de todos los niveles dejaron de conectarse desde los espacios públicos (incluyendo oficinas y colegio) para hacerlo desde el hogar.
Servicio esencial
Como tal el Gobierno nacional mediante el DNU 690 declaró como servicio de carácter público y esencial sujeto a regulación estatal a las prestaciones de internet, televisión paga y la telefonía móvil y fija.
"El uso de la computadora como dispositivo de acceso a internet venía bajando, año a año, y ahora pasó del 34% el año pasado al 50% este año", indicó la analista Nora D'Alessio, quien remarcó que este año Argentina sumó 5 millones de nuevos usuarios de internet por lo cual subió al 89% de la población conectada.
En cambio el uso del smartphone como principal dispositivo pasó del 59% el año pasado a 46% este año, y también se redujo en el caso de las tablets del 7% al 4%.
El acceso a internet fijo es prestado en el país por unas 700 empresas entre grandes corporaciones, pymes y cooperativas.
Para aliviar la carga que representa el servicio de internet en los hogares de menores recursos, el Gobierno ratificó en distintas oportunidades que avanzará un servicio básico a un menor precio que los actuales de mercado.
La intención de la tarifa social es sostener con un servicio básico universal la conectividad de las millones de personas que este año perdieron la capacidad de pagar servicios por la inactividad en la pandemia o por la disminución en sus ingresos.
Una de las políticas decididas por el Gobierno en la pandemia fue la reactivación de la entrega de tablets a jubilados, docentes y estudiantes y de tarjetas prepagas para comunicación en los barrios vulnerables, tanto para asegurar la continuidad de las actividades escolares como para permitir la realización de trámites en Anses, la solicitud de certificados de circulación o la atención médica.
La especulación del mercado es que esa tarifa social debería ser un correlato de los "planes inclusivos" que se aplicaron en mayo pasado cuando se definió el primer congelamiento de precios y estaba vigente la prohibición de cortar el servicio por falta de pago.
Desde mayo pasado, quienes no podían afrontar el costo del servicio podían migrar a estos paquetes considerados "inclusivos".
Para telefonía e internet móvil el plan inclusivo ofrecía por $280 mensuales 500 MB de datos; Aplicaciones de mensajería -solo texto- (WhatsApp); 500 SMS; 300 minutos de llamadas en la red del mismo prestador y 50 minutos en redes de otros prestadores, 0800 gratis, navegación en portales educativos gratis.
Para el prepago móvil por $100 incluye aplicaciones de mensajería -solo texto- (WhatsApp); 300 SMS; 100 minutos de llamadas en la red del mismo prestador y 50 minutos en redes de otros prestadores; 0800 gratis, navegación en portales educativos gratis.
Mientras que para internet fijo el plan inclusivo se estableció en mayo pasado en $830 para conexiones de 5 mega bits por segundo (mbps).
Consultadas empresas prestadoras por Télam, sólo Telecom indicó que de sus más de 28 millones de clientes, 700.000 solicitaron los planes inclusivos.
¿Aumentos? No, por ahora
En medio de la pandemia global de coronavirus COVID-19 un rumor no deseado surgió con fuerza en el transcurso de las últimas semanas en redes sociales y plataformas de mensajería: a partir del 1 de enero de 2021 existiría un nuevo aumento en las tarifas de los servicios de internet, telefonía y cable.
No obstante, más allá de la fuerza que consiguió tomar el trascendido, desde el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) decidieron salir a confirmar lo contrario.
Gustavo López, vicepresidente de Enacom, remarca que "aún no se autorizaron subas en las tarifas de los servicios de Internet, televisión por cable y telefonía móvil o fija a partir del 1 de enero de 2021.
Las palabras de López, incluso, desestiman las comunicaciones que algunas empresas enviaron a sus clientes.
"No se autorizó hasta el momento ningún aumento tal como anuncian las empresas de internet, telefonía y televisión respecto de un supuesto incremento del 20% para enero", asegura López.
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Gustavo López, vicepresidente de Enacom.
El directivo añade que el aviso realizado por las empresas no fue consensuado en ningún momento con el Gobierno.
"Las empresas se tiran el lance para los aumentos, pero absolutamente nada está autorizado", insiste López
