En un capítulo nuevo que se extiende desde los días previos del inicio de las restricciones sanitarias por el covid-19, las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) continúan en un limbo y el caso ya se presentó ante la Corte Suprema.
Luego de que el juzgado comercial 24 otorgara la cautelar al amparo presentado por los emprendedores luego de cuatro meses de idas y vueltas, el fuero contencioso administrativo anuló esa medida tras declarar incompetente al juzgado a través de una acción promovida por el procurador general de la Nación, Carlos Zannini.
La historia, además, volvió al Congreso a donde había arribado en junio pasado tras la media sanción del Senado de la ley que suspendía su implementación, y promete complejizarse.
Los emprendedores elevaron a la Corte tanto la discusión por la cautelar como la determinación de la competencia, según pudo saber iProfesional. En su presentación señalaron que la Cámara Contencioso Administrativo no es "de ninguna manera" un superior de la Cámara Comercial y consideraron escandaloso que declaren la nulidad de la medida cautelar cuando la Corte no ha señalado que sean competentes. Las fuentes consultadas indicaron que es la Cámara Comercial debe seguir siendo competente hasta tanto la Corte diga lo contrario.
Hace más de 10 días, la sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, decidió hacer lugar a la apelación de la IGJ y "declarar la nulidad de la medida cautelar dictada el día 16 de septiembre de 2020", en el texto que firmaron Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani. La Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) ya se presentó ante la Corte Suprema con la expectativa de que el máximo tribunal le dé lugar. En paralelo, resta esperar qué decisión tomará el juez comercial que avaló el amparo de ASEA porque puede rechazar el intento de desplazamiento del juez contencioso administrativo.
La suspensión de las inscripciones de las SAS en formato on line, tal como se había establecido en la ley de emprendedores sancionada en 2017, motivó que los emprendedores nucleados en ASEA impulsaran una acción de amparo tras señalar que varias medidas tomadas por la Inspección General de Justicia (IGJ), a cargo de Ricardo Nissen, eran inconstitucionales. Desde que asumió en su cargo, el funcionario se manifestó abiertamente en contra de esta figura jurídica por considerar que habían sido creadas para cometer delito.
Este lunes, la discusión volvió a la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, a la que asistió el propio Nissen, legisladores y parte de los abogados que acompañaron la iniciativa de ASEA, como también quienes cuestionan aspectos de la ley que dio lugar a las SAS para discutir sobre el proyecto de ley que propone suspender por seis meses la conformación de estas sociedades, impulsado por el senador Oscar Parrilli, y que ya tiene media sanción en la Cámara Alta.
En ese encuentro, quienes se oponen al proyecto de ley consideraron que la propuesta de crear un registro de emprendedores no sólo va en contra de la legislación existente a nivel internacional sino que se trata de un instrumento que responde a las nuevas modalidades de hacer negocios en el mundo.
Por otro lado, otros expertos en sociedades señalaron que la norma dejó resquicios abiertos para que puedan constituirse sociedades no sólo con montos mínimos, tal como lo propone el espíritu de la ley, sino también con montos millonarios bajo la excusa de ser una SAS.
A favor de las SAS, Alejandro David, especialista en prevención de lavado de activos, dijo que "la forma de prevenir el lavado de activos no está en intervenir el momento constitutivo de las sociedades", sino en "la fuente de circulación en mercado", en declaraciones que tomó Parlamentario.
Por el contrario, César Guereta, de la SAS Sierra Tech Solutions indicó que "si queremos que sea un instrumento para el desarrollo de Argentina se utilice para tal fin y no para fines espurios, como hemos visto que se ha utilizado" pues ha habido personas que "además de cometer delitos desprestigian nuestra actividad empresarial.
A su turno, Ricardo Nissen defendió la conformación del registro y señaló que ese aspecto "no se debería discutir" para luego agregar que "se constituyen con un capital absolutamente irrisorio y a los cinco días, diez días, veinte días, están invirtiendo millones de dólares con la posibilidad de contar con una suma de dinero que no lo pudieron aportar al momento de constituir la SAS. Esto, señores, es simple y llanamente fraude, es utilización espuria y fraude a la ley y no lo podemos consentir".
El proyecto de ley de Parrilli no pareciera, por el momento, de tener chances de avanzar en Diputados, pues el bloque liderado por el mendocino José Luis Ramón dijo que no acompañaría la iniciatva puesto que que tanto en Mendoza como en Misiones el 80% de las nuevas empresas de economía del conocimiento se conforman mediante SAS. Hace dos semanas, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, envió a la Legislatura tres proyectos para impulsar la economía del conocimiento y la conformación de figuras societarias ágiles, como la de las SAS, acompaña esas iniciativas.
Desde la Coalición Cívica ARI definieron una resolución de rechazo a las medidas de la IGJ. "Es importante que el Estado facilite la creación de nuevas pequeñas y medianas empresas en vez de crear trabas, burocracias y mayores costos para los emprendedores", señaló el diputado nacional de la CC ARI, Maximiliano Ferraro, en el marco de la reunión de la reunión de la comisión de Legislación General.
Para Ferraro el proyecto contra las SAS del senador Oscar Parrilli y del titular de la IGJ Ricardo Nissen es de "suma gravedad política y económica. Suspenderlas implica un ataque directo contra miles de emprendedores micro, pequeños y medianos en medio de una pandemia y crisis económica".
"El proyecto de Nissen, ex abogado de la familia Kirchner en la causa Hotesur, propone la vuelta a los libros en soporte papel que facilitan la opacidad y falta de transparencia. Recordemos que en dicha causa Nissen fue sancionado por presentar libros societarios adulterados a la Justicia", recordó Ferraro.
El tema de las SAS, independientemente de las cuestiones que pudieran corregirse y que exigen de un buen funcionamiento de la justicia, lejos de resolverse rápidamente promete complejizarse y politizarse cada vez más en momentos en que el país atraviesa una de las peores crisis de su historia en la que se necesitan instrumentos para favorecer el desarrollo.