El tiempo corre y la economía no espera. Las empresas englobadas dentro de la llamada economía del conocimiento no solo tienen que hacerle frente a un panorama local de recesión y crisis, sino que además sumaron al combo una crisis sanitaria inédita en la historia por su alcance, como lo es el avance del COVID-19.
Para muchos jugadores del sector las exportaciones eran el salvavidas que les permitía mantenerse a flote en tiempos donde la recuperación económica ni siquiera aparece allá lejos, en el horizonte. Ahora, con un parate global que se ve potenciado por las medidas de aislamiento tomadas en decenas de países, el escenario se tornó todavía más oscuro.
En resumidas palabras, esta será la realidad a la que deberá salir a auxiliar rápidamente la nueva Ley de Economía del Conocimiento, cuya promulgación se esperaba para marzo, pero con la suspensión de las sesiones en el congreso se ha dilatado hasta mitad de año.
Las cifras del sector son elocuentes: según la Cámara de Empresas de Software y Servicios informáticos (CESSI), 88% de las compañías sienten el impacto de la caída de la actividad producto de la cuarentena. En el caso de las pequeñas y medianas, el número de damnificadas asciende al 91%, mientras que en aquellas que poseen menos de 50 empleados es del 73%.
Los números adquieren aún más importancia si se expone la real dimensión de la industria en la pirámide industrial del país: sus exportaciones en 2019 alcanzaron los u$s6.000 millones (un 7% menos respecto de 2018), lo que la ubica en el podio de los sectores más grandes del país en volumen de ventas.
Se trata, asimismo, de un universo heterogéneo, compuesto no solo por firmas de software, sino también por empresas de servicios empresariales, profesionales y técnicos; junto a otros de las ramas culturales y recreativas.
A todas ellas, la nueva Ley buscará dar respuestas ante la crisis, aunque sus principales actores advierten que el Gobierno deberá "apretar el acelerador". Ya no hay tiempo para más retrasos.
En febrero, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma a la norma impulsada durante la gestión de Mauricio Macri, que había logrado su promulgación por unanimidad en el Senado el año pasado
Sin embargo, la administración de Alberto Fernández consideró que esa ley "dejaba afuera" a las pequeñas y medianas firmas y que, además, contemplaba un costo fiscal diseñado antes de la profundización de la crisis
En este marco, frenó su vigencia, al tiempo que la Secretaría del Conocimiento, encabezada por María Apólito, comenzó el trazado del nuevo borrador del que participaron también otras dependencias del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Todo indicaba que el proyecto se convertiría en ley a fines de marzo. Pero el coronavirus trastocó todos planes. Hoy, la Ley sigue "stand by", a la espera de la reapertura de las sesiones.
Mientras tanto, la espera genera incertidumbre en las empresas, que auguran no solo un futuro sombrío sin un proyecto aprobado, sino también un marco global en el que, inexorablemente, perderán protagonismo frente a otras regiones.
En diálogo con iProUP, Luis Galeazzi, presidente de Argencon, revela: "Nosotros estamos amesetados, facturamos u$s6.000 millones anuales desde hace 8 o 9 años. El mundo, mientras tanto, creció más del 100% en 8 años en algunas regiones, por lo que la diferencia se va ampliando".
Así, mientras países como Uruguay (262%), Costa Rica (141%) o Colombia (68%), avanzaron a "tasas chinas", Argentina no logró capitalizar en números el enorme valor de sus recursos humanos, alcanzando un magro 18% de crecimiento en el periodo comprendido entre 2010 y 2018.
El ejecutivo señala que, si bien fronteras adentro el sector es uno de los más pujantes, la falta de iniciativas gubernamentales que impulsen a la industria ha llevado a una pérdida de competitividad internacional.
"Tanto en Asia, como en Europa del Este y América Latina, se han implementado políticas que ya están dando resultado. Incluso ves países que hace 5 años no aparecían en el mapa y ahora nos pasan", advierte Galeazzi y agrega que, si se hubiera crecido a nivel del mundo, "ya se habrían creado más de 100 mil empleos".
A pesar de que todos los actores del sector subrayan el diálogo directo que han logrado establecer con todos los gobiernos, admiten que la ralentización, gradual pero constante, ya se notaba en 2011.
"En el caso de la Ley de Economía del Conocimiento, llevamos el tema al Gobierno anterior, pero recién dio respuestas en 2019", señala el titular de Argencon. Ahora, esperan que la administración de Alberto Fernández de celeridad a una cuestión que, aseguran, es cada vez más urgente.
Galeazzi es claro respecto del alcance de la Ley. Si bien es fundamental para oxigenar a un sector que ve con incertidumbre lo que depara para lo que queda de 2020, no será la punta de lanza de una revolución tecnológica. Por el contrario, el ejecutivo asegura que servirá para "ponernos nuevamente en competencia con el resto de los mercados".
Desde la CESSI confirman que se hicieron gestiones para, al menos en un esquema de emergencia, se habilite la vieja Ley de Software a través de un DNU, aunque el pedido no prosperó dentro de Casa Rosada. Por otro lado, revelan que hubo dificultades para acceder a las ayudas que brinda el Gobierno a las empresas afectadas por la pandemia (implementadas vía decreto 376/2020).
"La ayuda se segmenta de una manera en la que vos quedás afuera. Para pedirlo hay que tener una caída nominal en la facturación, pero al ser la inflación de un 50% y el crecimiento general de entre el 20% y el 30%, apenas 3 empresas del sector accedieron al beneficio", subraya a iProUP Sergio Candelo, presidente de la cámara.
"El sector es ‘cross’, le vende a toda la economía. Por ejemplo, aquellas que hacen software para turismo están completamente paradas. Lo mismo podes ir viendo sector por sector", agrega el directivo.
Candelo señala además que "lo diferente de esta crisis a, por ejemplo, la de 2002, es que vos tenías el mundo para ir. Hoy, las exportaciones comienzan a caer porque los rubros más golpeados caen también en todo el mundo". Así, esta rama de actividad por ahora no encuentra su vía de escape.
Al respecto, sostiene que prácticamente todas las empresas gastaron a cuenta de la promulgación de la nueva ley, por lo que su aprobación en el Congreso pasó de tener status de "necesaria" a "urgente".
"Hasta el 18 de diciembre, arrancábamos 2020 con una nueva ley, por ende, todos tus costos incluían esta cuestión. En ese momento, los cálculos eran de u$s250.000 por año en beneficios para una empresa de hasta 100 personas, fruto de la nueva normativa", señala el ejecutivo. El panorama, como ya es Vox populi, cambió completamente en enero.
En el caso de las empresas, el estatus de la nueva ley "en suspenso" generó más signos de interrogación sobre un sector que desde principios de año no tiene un roadmap seguro sobre el cual moverse.
Juan Manuel Magadán, director en PWC Argentina, señala que, en el caso de la empresa, no gozaban de beneficios con la vieja Ley de Software, pero podían aplicar a la nueva Ley.
Hoy, todos esos planes están parados y, en el interín, se pierden miles de puestos de trabajo: la empresa ya había adelantado que, en caso de ingresar a los beneficios de la Ley de Economía del Conocimiento, planeaba sumar más de 2.000 nuevos ingresos para sus operaciones locales.
Magadán revela además que muchos de los clientes de la empresa se vieron afectados de manera directa por lo ocurrido con la suspensión de la Ley promulgada en 2019: Se generó un escenario de incertidumbre, más que nada en aquellos exportadores de servicios que pasaron a tener requisitos más estrictos, y en grandes compañías que, en un principio, iban a quedar fuera del nuevo proyecto".
Al respecto añade que, si bien la nueva propuesta se acerca a lo pedido, deberá atender al contexto de pandemia y crisis, algo que no estaba incluido en el plan original: "En resumidas cuentas, deberá flexibilizar el cumplimiento de ciertos requisitos, para que las empresas puedan seguir aplicando al régimen, como el de cubrir una cuota de erogaciones en capacitación, ya que es imposible de cumplir en este contexto de aislamiento".
"El sector siempre tiene buen diálogo con todos los gobiernos y todas las provincias. Se trata de una industria que no está en la grieta", explica Candelo, y agrega que "lo bueno es que el ministro de desarrollo también lo ve así, no hay que ir a explicarle que somos ni nuestra importancia".
Desde la cámara revelan que Matías Kulfas quiere que sea una de las primeras leyes en salir una vez que se reanuden las sesiones, y lo mismo repiten fuentes del ministerio consultadas por iProUP.
"Están avanzadas las gestiones con el presidente de la Cámara (Sergio Massa) y con varios diputados para darle prioridad a la Ley de Economía del Conocimiento", aseguran desde el Gobierno a iProUP. Además, deslizan que "ya se se enviaron notas para efectivamente acelerar su tratamiento".
Todas las voces consultadas coinciden en el mismo concepto: celeridad. Que la Ley se ponga rápido en marcha es hoy el pedido en el que se encolumnan la totalidad de los actores de la industria del conocimiento.
"Actualmente tenemos una Ley votada y derogada, y una nueva no aprobada. Nos agarra en el medio de la nada. No tenemos reacción frente a lo que se avecina", confiesa Galeazzi y agrega: "No solo hay que tener una Ley, su instrumentación tiene que ser veloz".
Según el titular de Argencon, "si las empresas no se pueden adherir este año, la oportunidad está perdida. No solo hay que buscar el nuevo marco, sino que tenga efectos más rápidos".
"En tiempos normales, se hablaba de una puesta en marcha en junio", recuerda Magadán. Con el parate del congreso, hoy esas fechas ya son imposibles y el horizonte se corrió, al menos, hasta septiembre u octubre".
Luego llegan las resoluciones, que llevan sus propios tiempos , "y esto incluye a la AFIP, a la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, a la Autoridad Reglamentaria, etc", enumera el ejecutivo. Así, la puesta en marcha todavía no tiene su fecha marcada en el calendario. La búsqueda es, en ese sentido, que sea lo más pronto posible.
Afortunadamente, más allá de las idas y vueltas, existe un consenso general de aprobación respecto de la nueva ley. Palabras más, palabras menos, todos los actores están dispuestos a que salga ya mismo al ruedo.
"La relación con diputados oficialistas y oposición es de diálogo directo. Todos estiman que cuando salga, lo hará rápido. Incluso nos llaman para ver si está todo bien con lo que van aprobar", revela Candelo.
Galeazzi añade que, si bien quedan cosas por pulir, "la ley que va a salir va a ser una ley recortada respecto de la aprobada en 2019, pero sigue siendo útil. Lo que no queremos que sea útil pero lenta".