El nuevo titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, siempre tuvo a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) en la mira. Según su visión, este las empresas constituidas bajo este nuevo tipo societario originado por la Ley de Emprendedores, promulgada durante la administración de Mauricio Macri, son una especie de "off-shore".
Para Nissen, hay varios aspectos sobre las SAS que ofrecen bajas barreras a los emprendedores, pero también a quienes deseen crear empresas para el lavado de dinero, a saber:
- No es necesario ser emprendedor para constituirlas, pues no se creó un registro de emprendedores
- Se habilita un objeto tan amplio que no se puede controlar si el capital es suficiente para cumplir su finalidad
- No inscriben balances por resolución, no se sabe qué capital poseen y con qué patrimonio podrían responder
- El capital social para consituirlas es de apenas dos salarios mínimos, unos $34.000
Con la llegada de Alberto Fernández, el Gobierno plantea un mayor control de la economía con un estado más presente. Y la SAS no son una excepción, aunque vinieron a bajar costos a los emprendedores, cuya supervivencia depende en gran medida de la ausencia de barreras burocráticas.
La disputa
Los especialistas consultados por iProUP precisan que la constitución de sociedades es federal. Cada provincia maneja su Registro Público con sus propias normas y sólo las que quieran inscribirse en la ciudad de Buenos Aires caen bajo la órbita del interventor de la IGJ, Ricardo Nissen.
Y recuerdan lo que ya pasó entre 2003 y 2005, en otro período en el que el funcionario aplicó su concepción de férreo control sobre las sociedades, a las que muchas veces ve como simples vehículos para el fraude. En esa época, rememoran, los emprendimientos se constituían en el interior.
Si un negocio que se desarrolla en Salta, por ejemplo, está inscripto en la ciudad de Buenos Aires es porque por lo general es más conveniente. Cuando esto deja de ser así, bien puede registrarse en Córdoba o Tierra del Fuego.
Esas provincias junto con Buenos Aires y Corrientes picaron en punta el año pasado en la implementación de inscripciones de SAS por el sistema digital que maneja la subsecretaría de Gobierno Abierto y Digitalización de la Jefatura de Gabinete.
Pero el gobernador bonaerense Axel Kicillof probablemente se encolumnará con el Gobierno nacional, ya que tiene la misma concepción de un Estado que haga "marca personal" a diferentes fascetas de la actividad económica.
El sistema que Nissen quiere dejar sin efecto para pasar la inscripción de sociedades a la órbita de la IGJ, en la que se efectuará en soporte papel al menos por 180 días, es el de Gestión Documental Electrónica (GDE).
Según indican altas fuentes del Gobierno a iProUP, la medida que impulsa el funcionario y que fue plasmada en un borrador de resolución, circuló por los estudios de abogados el viernes pasado, pero luego fue frenada en Jefatura de Gabinete, que se tomará su tiempo para evaluarla.
En la dependencia que encabeza Santiago Cafiero defienden ante asesores de la IGJ la transparencia de la inscripción en el GDE, ya que luego de la constitución el trámite se publica directamente en el Boletín Oficial.
Hace pocos días, el propio Nissen puso en vigor una norma por la cual en ese edicto que se publica en el Boletín Oficial debe estipularse la inscripción de la constitución de una sociedad o los incrementos de capital. Por ejemplo, los socios deben incluir la proporción de acciones de cada uno.
Para la Jefatura de Gabinete, esa norma reciente ya impulsó bastante seguridad para los acreedores y otros terceros. Pero para Nilsen eso no es suficiente, ya que sospecha que las SAS pueden llegar a ser incluso vehículos para el lavado de dinero, entre otros delitos graves, por lo que se requiere que tengan los mismos controles que aplican a cualquier Sociedad Anónima (SA).
Ese control, además, Nissen espera que se realice con las pautas que él fijó en 2005, antes de dejar la IGJ en su anterior mandato, y eso tiene altos costos para el nuevo tipo societario, como la tasa anual y los que derivan de requerimientos de capital, presentación de balances en papel y mayor formalidad de las Asambleas, entre otros.
Cabe preguntarse qué piensa el resto del Gobierno de esta interna entre el titular de la Inspección General de Justicia y funcionarios de la Jefatura de Gabinete.
En el Ministerio de Desarrollo Productivo, del que dependen los emprendedores, se alejan lo más posible de aparecer involucrados en esa disputa. Si bien afirman a iProUP que están a favor de la conformación de nuevas firmas, también advierten que apoyan una "revisión de las SAS", que implique mayor control estatal sobre este instrumento.
"Nos parece fundamental promover todos las herramientas que simplifiquen y permitan trabajar en la agilización de la creación de empresas", dicen desde la Secretaría de Emprendedores y Pymes. Pero agregan que "la modernización de los procesos y los trámites no puede ser a cualquier costo, ni convertirse en una excusa para delinquir".
"La revisión de las SAS en particular no significa que estemos en contra de simplificar los trámites. Estamos en contra de que, con el argumento de simplificar, se creen atajos que habiliten actividades ilegales", aseguran a iProUP desde la dependencia que encabeza Guillermo Merediz.
Además, remarcan que "tras cuatro años de un programa de ajuste, encontramos en la Secretaría una gran ausencia de políticas en pos del fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas, con programas desfinanciados, sin articulación ni abordaje territorial".
Al igual que lo que ocurrió con la Ley de Economía del Conocimiento, de la que recientemente el Gobierno envió al Congreso un proyecto para modificarla, el centro de la cuestión es promover a las firmas más pequeñas y agregar el aporte de la academias y las cámaras del sector.
"Creemos en un Estado presente, con herramientas eficaces que lleguen realmente al entramado productivo, que impulsen capacidades en territorio, que fortalezcan las cadenas de valor, siempre en diálogo con todas las áreas de Gobierno, con las provincias, los municipios, cámaras, universidades y actores del ecosistema emprendedor", precisan a iProUP.
Además, subrayan que valaron "todos los instrumentos que simplifiquen y modernicen los procesos, que estimulen el espíritu emprendedor y creativo y que allanen el camino para generar nuevas empresas, siempre dentro de un esquema de control que permita a todas las áreas del Estado hacer un seguimiento de todos los procesos".
A favor y en contra
Desde el sector privado, las voces también están divididas: hay quienes ven a las SAS como un instrumento imprescindible para destrabar inversiones cuando la situación macroeconómica las vuelva a hacer viables, mientras que algunos abogados también tienen sus reparos.
José María Allonca y Francisco Álvarez, del estudio Allonca, opinan que Nissen intenta "adjudicar a la IGJ funciones que hoy no le corresponden". Y aseguran que la "competencia registral no implica tener 'control formal y sustancial' sobre las SAS", como pretende el titular del registro público porteño.
Además, según los letrados, suspender la inscripción digital fue aprobada por un decreto que es una norma jerárquicamente superior a una resolución de la IGJ, por lo que dejaría "abierta la posibilidad de una judicialización" del tema.
"Obligar a la realización de presentaciones clásicas burocratiza el sistema y hace que justamente estas sociedades 'simplificadas' no tengan nada de simple", remarcan desde Allonca y Álvarez.
De acuerdo con los expertos, "esa resolución iría absolutamente en contra de las tendencias internacionales de muchos países del mundo, incluso de América Latina, como Chile, Uruguay y Colombia, y lo único que ocasionaría es un atraso".
Además, apuntan que si Nissen "considera que las Sociedades son creadas a los fines de la comisión de fraudes y violaciones a la ley, ¿por qué se van a volver a utilizar los libros físicos que son mucho más simples de enmendar que un libro digital, cuyos archivos son cargados bajo un código alfanumérico único e irrepetible y almacenados en registros públicos?".
Por su parte, desde la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), que participó del borrador de la ley que originó a estas sociedades, indican a iProUP que la medida "es una decisión que atrasa y dificulta el trabajo de los emprendedores argentinos".
Alejandro Ramírez, responsable de Políticas Públicas de ASEA, asevera que "hasta hoy, los libros contables se llevaban de manera digital a través de la Blockchain, lo que garantiza absoluta transparencia e inviolabilidad. Ahora, habrá que volver a un sistema del siglo XIX, permeable a cualquier adulteración".
Ezequiel Calcarami, presidente de ASEA, agrega que "medidas como estas no hacen más que desalentar a los argentinos que quieren emprender. Es curioso volver atrás en un esquema societario que se tomó como referencia en la ONU, la OEA y diferentes países de la región".
En la otra vereda, Juan Dighero, del estudio homónimo, afirma que el establecimiento de la inscripción digital de las SAS "generó alegría a los vendedores de sociedades mayoristas, pero creó un caos entre los abogados, contadores y escribanos minoristas, que debieron adecuarse a un sistema nuevo y bastante complejo".
"Una SAS fue un invento para tener una sociedad para el instrumentador, para tener una sociedad fácil de instrumentar, pero a los socios no les hace una gran diferencia", asegura Dighero.
Y precisó que "como esto sólo afecta a la ciudad de Buenos Aires, donde tiene jurisdicción la IGJ, seguramente ocurrirá lo mismo que pasó entre 2003 y 2005, cuando Nissen afinó el control: habrá sociedades que empiecen a constituirse en el interior".
"Según las provincias, en algunas es más complejo inscribir sociedades que la ciudad de Buenos Aires, pero en otras no. Y la gente vuelve a constituir donde tiene sentido hacerlo", advierte Dighero.
Sobre qué hacer ahora si se quiere constituir una empresa y se ve más conveniente hacerlo como SAS, Dighero aconseja: "Si no está ya en marcha el emprendimiento o es inminente, yo esperaría".
De esta manera, un instrumento que vino para simplificar la vida de las empresas se complicó y está en stand by. Sumado a la situación macroeconómica, se torna inviable la inversión en la Argentina y, en épocas de digitalización y trabajo remoto, llevará a muchas compañías a radicarse en países cercanos.
Dolores Olveira
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