Luego de 4 años en que irrumpieron al mercado las aplicaciones basadas en la Economía colaborativa, como Rappi, Glovo, Uber y Cabify, aún no hay un acuerdo como debería aggiornarse el mercado a una realidad que equilibre la evolución del negocio,con los requerimientos laborales de los empleados, y los requerimientos de los sindicatos.
Para la posible nueva regulación que se estudia desde el gobierno nacional, desde las empresas de aplicaciones se piensa que podrían ser un golpe letal para el negocio.
¿Hasta dónde están dispuestas a ceder las apps ante una regulación más estrecha de su modelo? En el mundo ya se inició un proceso para establecer reglas claras, con resultados diversos, y hay varias señales de que el tema está en la agenda del nuevo Gobierno.
"La Argentina no es un mercado tan importante como para que las empresas adapten todo su modelo de negocios y tengan empleados. El punto de partida tiene que ser la flexibilidad del repartidor porque ese es el modelo, si no estas plataformas van a sacar su inversión de estos países y se van a ir absolutamente todas", sentencia un exejecutivo de una de las empresas más grandes del segmento, y que conoce de cerca las problemáticas históricas de este negocio.
Matías Lonardi, cofundador de Treggo, plataforma de mensajería on demand, expresa que, si bien podría adaptarse ante un marco normativo con menos libertades, la actividad podría sufrir de forma irremediable. "Hemos hecho análisis y podríamos seguir operando si pasáramos a un modelo de relación de dependencia, pero deberíamos acotar nuestra flota y afectaría nuestro servicio. En lo personal no lo deseo", señala.
El emprendedor advierte: "Si el día de mañana se apagan estas plataformas hay más de 50.000 personas que se quedan sin fuente de ingreso y ningún Gobierno quiere eso. Creo que van a buscar una manera de estructurarlo de cierta manera para darle un marco pero sin atacar a que desaparezcan estos modelos".
El resto de las plataformas eligió el hermetismo total. Rappi, PedidosYa, Uber y Glovo decidieron no dar su opinión. Para Juan Manuel Ottaviano, asesor legal de la Asociación de Personal de Plataformas (APP), el contexto económico podría incidir en la vocación de diálogo de las compañías y en su permeabilidad a ceder en algunos puntos. "El mercado argentino aún está en recesión, entonces es atractivo para estas empresas y priorizan la posibilidad de seguir en el país para discutir en qué condiciones van a prestar servicio", comenta. El sindicato fue creado en octubre de 2018 y todavía no logró que se reconozca su inscripción gremial.
Durante el segundo debate presidencial, Alberto Fernández sentó su posición sobre el tema. "Macri ‘uberizó’ la economía. Ha dejado que el desempleo ocurra porque siempre pensó que los empleados pueden reconvertirse en emprendedores que son monotributistas que se suben a una bicicleta y reparten pizzas. Es un sistema por el cual el empleador se quita obligaciones y el que trabaja pierde derechos", expresó el por entonces candidato del Frente de Todos en una entrevista.
A su vez, una funcionaria de su flamante gestión figura como uno de los 19 autores de un paper que pide por un marco normativo para el rubro. Se trata de la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, quien firmó el documento "Agenda urgente para una sociedad de trabajo" publicado en julio de 2019 por su rol en el equipo de relaciones institucionales del Centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la Universidad de San Martín. Entre las 13 propuestas aparece la "regulación del trabajo en las plataformas digitales a partir del reconocimiento de derechos individuales y colectivos y de la existencia de relaciones de empleo". El Gobierno anterior, detalla una fuente con acceso a las mesas de diálogo, jugaba de otra manera sus cartas. "Teníamos dos charlas en paralelo con autoridades porteñas y nacionales, pero era raro porque tenían posiciones distintas. Los del Gobierno nacional recién estaban empezando a encontrar los puntos de charla y había ámbitos en los que no sabían cómo trabajar o avanzar por falta de experiencia política", explica.
Y ahonda: "Querían mostrar al mundo y a los inversores externos que girábamos a la misma velocidad que el resto. Sin embargo, nunca tomaron un rol protagónico en las charlas. Nos sentaban con los sindicatos y nunca se manifestaron con una postura". La creación de la figura del "trabajador autónomo de plataformas" aparecía en un documento llamado "Plan productivo 2020-2023" (publicado por la UIA) que se discutía dentro del Ministerio de Trabajo y Producción de Dante Sica. Ahora la cartera laboral está a cargo del abogado Claudio Moroni.
Un contexto poco alentador
De acuerdo a un estudio realizado por Cippec, BID Lab y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el conjunto de usuarios-proveedores de servicios a través de plataformas digitales representaba un uno por ciento del total de ocupados en la Argentina en 2018. Es decir, más de 1 millón de personas en el país trabajan en el sector. Desde julio de 2016 se sumaron 138.843 monotributistas, figura clave en este modelo de negocios flexible de estas empresas, según el Reporte del Trabajo Registrado de la ex Secretaría de Trabajo.
En cambio, en el Viejo Continente, donde este negocio ya lleva pedaleando más tiempo, las cifras se multiplican. En base a una encuesta desarrollada en 14 países por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC, por sus siglas en inglés) , un 10,5 por ciento aseguró que alguna vez desarrolló esa actividad, mientras que un 2,3 por ciento afirmó que la Economía de Plataformas es su principal ingreso.
La primera en desembarcar en el país fue Uber en abril de 2016 y tuvo a la Ciudad de Buenos Aires como uno de sus territorios más hostiles. Luego, en septiembre, se le sumó la española Cabify, que opera legalmente como si fuera una agencia de remises. En el rubro de transporte, a fines de 2019 se incorporó la griega Beat. Hay un caso particular que es el de Yupi, que inició sus operaciones en Neuquén en noviembre y un mes más tarde anunció que abandonaría el mercado para mudarse a Uruguay debido a la situación cambiaria y la cantidad de vehículos secuestrados por la Municipalidad.
Del lado del reparto, la colombiana Rappi y la catalana Glovo llegaron casi en sincronía, en el primer bimestre de 2018, aunque con actitudes distintas. "Glovo leyó más la ley y se movió con pasos chicos, siempre pidiendo permiso. Rappi se dio unos golpes terribles porque apenas se lanzó le dio ropa con su logo a los repartidores y eso es un uniforme, ahora aprendió", describe un empresario con experiencia en el sector. PedidosYa inició su camino en el mercado local hace varios años e incluso apostó por contratar a sus riders tras inaugurar un hub logístico. La estrategia finalizó con despidos masivos en febrero de 2019 y un cambio al modelo de ‘socios-colaboradores’. El único proyecto de ley presentado en el Congreso para regular de alguna manera la actividad fue publicado en julio pasado por la diputada bonaerense Romina Del Plá, miembro del bloque del Frente de los Trabajadores. No obstante, aún no se debatió en las comisiones de Legislación del trabajo y Presupuesto y Hacienda. "Es un proyecto de regulación transitoria porque entendemos que tiene que ser incorporado de manera plena al convenio colectivo de comercio que es donde pertenece este rubro", apunta la legisladora. Y agrega: "Creo que no hay un interés en salir de toda la maraña de las mil formas de eludir la regulación laboral".
Su propuesta se enfoca en las compañías de delivery y entre los puntos más importantes plantea prohibir las ‘mochilas-caja’, el establecimiento de lugares de descanso, la creación de una comisión de control y seguimiento, y la incorporación de un sueldo básico estable independiente de la cantidad de entregas realizadas.
Por caso, España, que cuenta con Glovo y Cabify como sus únicos unicornios, fue moviéndose en base a la jurisprudencia, muchas veces contradictoria, entre ciudad y ciudad. Aunque también grandes urbes como Madrid y Barcelona cercaron el negocio de las plataformas de transporte al establecer un mínimo de 15 minutos de precontratación, lo que ocasionó un éxodo de apps. La Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) pide adoptar el modelo francés o el italiano: el primero agregó un artículo en el código laboral que establece la naturaleza no exclusiva de la relación entre trabajadores y apps, mientras que el otro aprobó un decreto ley que reconoce que no hay subordinación entre ambos eslabones de la cadena laboral.
Aunque la situación más paradigmática quizá sea la de California, cuna del emprendedurismo techie, que sancionó en septiembre una legislación por la cual las compañías deben utilizar un test de tres preguntas para determinar si los trabajadores son autónomos o empleados. Este marcoentrará en vigencia en enero de 2020. Antes de lanzar una regulación, todas las partes piden reabrir las mesas de reuniones para encontrar puntos en común. "Tenemos buen diálogo con el gobierno actual, sobre todo porque tiene una perspectiva opuesta a la del saliente respecto de la economía colaborativa", explica Ottaviano. Lonardi se manifiesta dispuesto a acercarse para lograr un win win y aclara que la clave detrás del marco tiene que ser la definición de cuándo hay precarización y vínculo y cuándo no. El abogado concluye: "Es un tipo de prestación que tiene características muy específicas y seguramente requiera de cierta inventiva por parte del Estado y el Congreso para regularla", indicó InfoTechnology.