La ciberseguridad también será responsabilidad de la jefatura de Gabinete. La dirección nacional de Ciberseguridad quedó bajo el área de Innovación Pública, que dirige Micaela Sánchez Malcolm, y estará a cargo de Gustavo Saín, quien hasta ahora se desempeñaba como asesor del ministerio de Justicia.
Según lo que pudo saber iProfesional, la intención del gobierno es que esta dirección trabaje en conjunto con el área de Asuntos Estratégicos de Gustavo Béliz, además de articular con el ministerio de Defensa y con los distintos organismos de gobierno que abordan temáticas vinculadas con todo aquello que queda contemplado bajo el paraguas de ciberseguridad.
El objetivo es no sólo que desde esta dirección se impulsen las acciones vinculadas con los delitos informáticos, que van desde los ataques a los sistemas y redes hasta el grooming, sino también aquellas cuestiones relacionadas con la protección de los datos personales, que hoy se encuentra bajo la Agencia de Acceso a la Información Pública. Todo en un marco en donde se garanticen las libertades individuales.
A esto se sumará la reformulación del actual Comité de Ciberseguridad, creado por el decreto 577/2017 y su modificatorio 480/2019. Ese comité estuvo liderado por el ex ministerio de Modernización luego devenido en secretaría, e integrado por las carteras de Seguridad y Defensa en un primer momento para, luego, sumar a las de Justicia y Relaciones Exteriores.
De acuerdo a lo que pudo saber iProfesional, una idea podría ser la conformación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad, con lineamientos que sigan el funcionamiento de los principales organismos en la materia que existen en el mundo.
Actualmente, esta dirección tiene a su cargo las redes de la administración pública a través del ICIC CERT, que brinda información sobre incidentes informáticos, además de delinear las políticas generales en materia de ciberseguridad para la administración pública, "tarea en la que se ha hecho bastante poco", aseguró una de las fuentes consultadas.
Es la razón por la que, por estos tiempos, las tareas y responsabilidades están en pleno proceso de análisis. Y de acuerdo a lo que surja de la evaluación final se avanzará con un nuevo perfil para la actividad.
La designación de Saín al frente de la dirección de Ciberseguridad había trascendido hace algunos días en distintos espacios. En varios de ellos la noticia fue muy bien recibida. Se espera que su designación se publique en los próximos días en el Boletín Oficial.
Entre las distintas tareas sobre las que ya se encuentra trabajando el equipo de Saín aparecen la revisión del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) sobre el que se articula el funcionamiento del 100% de la administración pública nacional y que viene experimentando desde hace ya un tiempo largo distintos inconvenientes. Desde esta área se emitirá una opinión aunque no es responsabilidad de la dirección de ciberseguridad tomar definiciones en la materia.
El GDE es la plataforma sobre la que se apoya, por ejemplo, la gestión de los trámites a distancia, los expedientes electrónicos, los legajos y hasta las comunicaciones oficiales. Su mal funcionamiento o una eventual caída dejaría inoperante a la administración pública prácticamente en su totalidad, admitieron a este medio diversos expertos en la materia.
La decisión de darle prioridad a este tema se debió a que, en noviembre pasado, la empresa a cargo de este sistema, Everis, sufrió un ataque informático en sus oficinas de España, y nunca hubo información acerca de una eventual afectación a las operaciones de la Argentina. Más allá de este inconveniente, distintas fuentes consultadas por iProfesional dieron cuenta de serias fallas en el sistema que, de no resolverse, podrían provocar, como se dijo, serios inconvenientes en el funcionamiento del Estado.
Otro punto sobre el que quiere trabajar la gestión de Alberto Fernández es redactar una nueva ley de ciberseguridad para empezar a ordenar las distintas cuestiones que quedan abarcadas bajo este concepto.
Las decisiones que se tomen hacia adelante también contemplarán a los actores del sector privado. El grueso de las empresas de seguridad informática que operan en el mundo tienen oficinas comerciales en la Argentina. Y hay voluntad para que todas puedan continuar con sus actividades y sus negocios con tranquilidad.
Otras inquietudes que se vienen planteando en distintos ámbitos relacionados con la ciberseguridad se vinculan con la falta de información de prevención y concientización para la población que, muchas veces, no sabe cómo actuar o a dónde acudir cuando se encuentra ante un ataque informático o delitos mucho más graves como puede ser el grooming, la sextorsión o el robo de identidad, todos en alza.
Una serie de estudios estadísticos sobre cibercrimen que realizó la dirección de Política Criminal del ministerio de Justicia de la Nación entre 2013 y 2017, y que estuvieron a cargo de Gustavo Saín, mostraron que las denuncias de delitos informáticos son exiguas en comparación con otro tipo de presentaciones de este tipo.
En 2017 se efectuaron 205 denuncias en la Justicia Federal vinculadas con la ley 26.388 de delitos informáticos, sancionada en 2008, de las cuales más de la mitad se produjeron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y apenas una o dos se efectuaron en La Pampa, Salta o Corrientes. Si bien la diferencia de densidad poblacional entre un distrito y otro es significativa también lo es la conciencia sobre las posibilidades de concretar la denuncia que poseen los ciudadanos.
Tal como se explica en uno de los cinco muestreos, el objetivo de estas estadísticas es "realizar una aproximación sobre qué tipo de hechos ilícitos llegan al ámbito de la justicia relacionado con dichas leyes, tanto en los fueros federales como en los penales y contravencionales en los
distritos más importantes en términos poblacionales del país".
Sin embargo, los análisis de la información arrojada en 2017 también determinaron que si bien la Ciudad de Buenos Aires se mantiene en primer lugar en cantidad de casos investigados de acuerdo a la tasa poblacional, a diferencia de lo sucedido en años anteriores, el segundo distrito que "más pesquisas realizó de delitos informáticos en términos poblacionales es la provincia de Tierra del Fuego, con poco menos que del doble de habitantes por ingreso que la Ciudad de Buenos Aires", es decir, 42.401 habitantes por delito investigado.
El tercer lugar fue ocupado por La Pampa, con 159.475 habitantes por delito investigado, distrito que había ocupado el segundo lugar en 2016. Le siguieron Mendoza, con 217.366 y Córdoba con 220.591.
Respecto de las denuncias por figura penal, el ránking fue encabezado por el acceso ilegítimo a un sistema o dato informático, al totalizar 80 casos, seguido por la interrupción o entorpecimiento de comunicaciones, con 58 denuncias, y la violación de correspondencia electrónica, con 47 reclamos judiciales.
Más lejos se ubicaron los delitos vinculados con la protección de datos personales, la publicación indebida de comunicaciones, los daños a bienes intangibles y distribución de virus, y la alteración de evidencia informática.
Estas cuestiones, relacionadas tanto a las delitos contra las personas como contra empresas y organismos públicos serán, junto con las vinculadas a infraestructuras críticas las que deberá abordar Saín, también director de la diplomatura en Cibercrimen de la facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Temas que, a su vez, tomarán rango de alto nivel al ser trabajados de manera conjunta con Gustavo Béliz, sobre quien el presidente Alberto Fernández ha depositado la máxima confianza en asuntos clave de la administración pública nacional.