En las mesas de trabajo hay hojas impresas, resaltadores, notebooks, calculadoras y funcionarios manteniendo acaloradas conversaciones, a toda hora. Las computadoras están encendidas, con Word y Excel, en los que se redacta cada medida y se calcula su impacto en números.
Los teléfonos suenan con frecuencia y se escuchan pedidos de definiciones: las cámaras empresarias y compañías siguen el minuto a minuto. Quieren saber de primera mano qué cambios traerá la nueva Ley de Economía del Conocimiento.
El trabajo es contrarreloj. En efecto, no sólo el equipo de la Secretaría creado para este sector está abocado a la tarea, sino también personal de otras dependencias del Ministerio de Desarrollo Productivo.
El objetivo: llegar al 5 de febrero, fecha en la que inician las sesiones extraordinarias del Congreso, para presentar el proyecto de modificación a una normativa que, a pesar del consenso de todas las fuerzas, tenía algunas cuestiones para corregir, según la actual administración.
- En primer lugar, como aclaró el Gobierno, la falta de una mayor especificidad en lo que es "conocimiento"
- En segundo término, la inequidad entre Pymes y grandes empresas o multinacionales
- El tercero, y fundamental, un diseño basado en un panorama económico poco realista
Así, los equipos técnicos de Desarrollo Productivo analizan una decena de escenarios en los que podría impactar cada una de las medidas, con dos objetivos: que aporte mayor desarrollo a las empresas del sector y que el esfuerzo fiscal sea menor –se habla de reducirlo un 30%– al que planteaba la norma original.
Los 10 cambios
Una de las clavijas que se ajustará más fuertemente en el "ecualizador" de medidas es el de la equidad. Es decir, que los beneficios tengan mayor impacto en las pequeñas y medianas compañías pero sin perjudicar a los unicornios.
"Cómo vamos a ir en contra de Mercado Libre que genera mucho empleo de calidad, es una fuente de innovación y su apuesta es a la inclusión financiera, al permitir que cualquier comercio pueda aceptar tarjetas", se escucha en los pasillos de Irigoyen 250.
De esta forma, Desarrollo Productivo trabaja en los siguientes ítems:
1.- Empleo y exportaciones: en lugar de mantener la cantidad de empleados o el volumen de ventas al exterior que planteaba la norma original, se exigirá el incremento de esos ítems entre 2% y 5% cada dos años, para poder mantenerse en el régimen
2.- Nuevo fondo: la ley original obliga a destinar el 1,5% de los beneficios fiscales anuales al Fondo de Capital Emprendedor (FONDCE) y otro 4% para la auditoría del régimen. Ahora, se apunta a crear un "Fondo del Conocimiento" que agrupe ambos ítems pero invirtiendo la ecuación: más recursos para promover programas y acciones de la Secretaría de Economía del Conocimiento y, como contrapartida, menos para el control
3.- Estabilidad fiscal: es una de las cuestiones más espinosas. La norma original establece el no aumento por 10 años de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Ahora, "se diagramará para que ese beneficio no entre en contradicción con la Ley de Emergencia", revelan fuentes a iProUP. Podría reducirse el plazo a 5 años
4.- Federalización: se propondrá un incentivo para aquellas compañías que abran filiales fuera de las grandes urbes, como Capital y Gran Buenos Aires. De este modo, se buscará diversificar la matriz productiva en el interior
5.- Escalas impositivas: "El objetivo es dividir en dos grupos -grandes empresas y Pymes- para brindar beneficios diferenciales. A estas últimas se les dará mayores incentivos. La finalidad es generar más impacto en las más chicas y en las que requieran de plazos más extendidos para consolidar sus negocios (como por ejemplo la bio o nanotecnología)
6.- Nivel de conocimiento: la norma "vieja" estipula que una empresa debe dedicar el 70% de su actividad a los rubros promovidos. El problema es que las pequeñas y medianas no llegan a ese mínimo. En virtud de ello, la nueva normativa propone un tratamiento especial. La palabra clave es "progresividad"
7.- Doble imposición: por el momento, se mantendrá el crédito fiscal para los impuestos análogos que se abonen en el exterior (IVA o Ganancias, por ejemplo)
8.- Reducción de cargas sociales: "Este punto está en contradicción con la Ley de Emergencia, por lo que está bajo análisis", revelan altas fuentes. En efecto, la norma original establecía un mínimo no imponible de $17.000 por cada empleado, pero la Ley de Solidaridad lo redujo a $7.000
9.- Límite de beneficios: no habrá tope para las empresas sino, más bien, un cupo fiscal: un máximo de beneficios en general. Se está definiendo cuánto les corresponde las Pymes y cuánto a las de mayor tamaño
10.- Capacitación: la formación de nuevos profesionales no estaba contemplada en la Ley. Ahora, en cambio, "se apunta a la creación de una Dirección de Capital Humano para promover programas que formen capacidades en todas las industrias que requieran profesionales vinculados a la Economía del Conocimiento. El Plan 111 Mil ( para generar esa cantidad de perfiles), se reemplazará con varios programas para formar expertos en diversas disciplinas
De esta forma, el borrador del proyecto va tomando forma y se espera que durante marzo se convierta en Ley y –finalmente– comiencen los registros en el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento.
Ganadores y perdedores
La noticia de la suspensión había sido recibida como un balde de agua helada para las empresas que venían ajustando sus planes para ingresar en el registro que les permita acceder a los beneficios fiscales
Por el momento, las únicas que "zafaron" son las compañías informáticas por un tecnicismo: al estar inscriptas en el registro de la Ley de Software, que empalma con la de Economía del Conocimiento, siguen con los incentivos de la norma que rige desde 2004.
El resto de las empresas deberá esperar a la nueva ley y su posterior reglamentación. Esta demora puede darle "oxígeno" al Gobierno en términos fiscales, pero al mismo tiempo impacta de forma negativa en las firmas que tenían planeado subirse al régimen en enero.
Sebastián M. Domínguez, socio del estudio SDC Asesores Tributarios, explica a iProUP que el delay para las inscripciones al nuevo registro desencadena los siguientes "efectos inmediatos":
- Bono de Crédito Fiscal: "Iba a ser de 1,6 veces el monto de las contribuciones patronales los empleados en general y de dos veces para los que tengan título de doctor. Como no pueden iniciar su inscripción, no pueden comenzar a gozar de este beneficio", señala el tributarista
- IVA: "Al no poder acceder al Certificado de exclusión de retenciones y percepciones del IVA, la empresa tendrá un saldo a favor que le quedaría inmovilizado"
- Ganancias: "Si la reglamentación está en abril, las firmas recién gozarían de la alícuota reducida a partir del ejercicio iniciado con posterioridad. De esta forma, perderían un beneficio importante si sus cierres son enero, febrero o marzo de 2020"
Si bien es una cuestión negativa para las empresas que ya cumplían con los requisitos, este "barajar y dar de nuevo" es una segunda oportunidad para las Pymes de electrónica que producen soluciones de la llamada "Industria 4.0", uno de los rubros que pretendía incentivar la ley original.
De acuerdo con la Cámara de Empresas de Electrónica y Luminotécnica (CADIEEL), muchas de las firmas del sector "vienen del fierro". Es decir, comercializaban hardware, y ahora "quieren agregar capas de conocimiento".
"Entendemos que se va a revisar el concepto de actividad principal permitiendo alguna forma de progresividad para que las Pymes que quieran digitalizarse y pasar de una industria tradicional a una del conocimiento y así acceder a alguno de los beneficios", explica a iProUP Guillermo Freund, de la comisión de Electrónica de CADIEEL.
Y agrega: "El Gobierno anterior nos recomendaba crear otra empresa, algo realmente inviable cuando ya se poseen estructuras con ingenierías y áreas de desarrollo que no es posible ni duplicar ni desvincularlas para crear otra sociedad".
"Quizás puedan llegar al porcentaje de 70% dentro de cinco años", reconocen desde la entidad, al tiempo que anticipan que una flexibilización de los requisitos permitiría que "la Argentina pueda lograr un lugar de privilegio en la industria 4.0 a nivel regional".
Este sector –compuesto por unas 2.200 Pymes– está desarrollando soluciones de Internet de las Cosas, sensores, maquinaria automatizada (industrial y agrícola), equipos sustentables y soluciones de ciudades inteligentes, entre otras cuestiones.
Además, puede crear casi 100.000 puestos de alto valor (entre ingenieros y técnicos) de los 60.000 actuales. Es decir, la misma cantidad que hoy representa la industria del software y casi la mitad de los 215.000 empleos que calculaba generar la Ley original para que el sector totalice casi medio millón de profesionales.
Mientras tanto, en el Gobierno analizan el efecto secundario de cada punto del borrador sin que eso desdibuje el espíritu original de la Ley de Economía del Conocimiento: que esta industria de valor agregado represente u$s15.000 millones en exportaciones en los próximos años e iguale así al complejo agrícola en el actual contexto de "hambruna" de divisas.
