Un "silenzio stampa" general dominó a la industria 4.0 luego de que en el Boletín Oficial se confirmara la suspensión de la aplicación de la Ley de Economía del Conocimiento. Sin embargo, ese mismo silencio puede transformarse en un sonido peligroso para el Gobierno de Alberto Fernández.
La medida, que pone en stand-by los beneficios para empresas que exportan servicios basados en tecnología contemplados en la Ley 27.506 aprobada en octubre de 2019, prendió las luces de alerta en uno de los sectores más pujantes del sector productivo argentino.
Se trata, en rigor, de un verdadero peso pesado: los servicios profesionales exportan u$s6.000 millones por año, lo que representa un 8% de las exportaciones totales y lo transforma en el tercer sector en ventas al exterior, luego del complejo sojero y la industria automotriz.
El "No comments" oficial de muchas firmas del sector fue, en "off", una verdadera catarsis respecto de una decisión oficial que muchos anticipaban y que generó una ola de malestar ineludible.
"Bronca", "incertidumbre" y hasta un maradoneano "nos cortaron las piernas" fueron los comentarios por lo bajo de algunos de los empresarios tech más importantes del país, que prefirieron guardar la munición pesada en las redes sociales para no confrontar directamente con el Gobierno y evitar eventuales "apercibimientos".
Se trata de un partido largo, 2023 queda todavía lejos en el tiempo, y muchos apuestan en "on" a la diplomacia para no perder beneficios ya ganados y no arrancar con el marcador en contra desde el pitazo inicial.
De todas maneras, no ocultaron su fastidio puertas adentro. Según pudo averiguar iProUP, las quejas se centraron en lo intempestivo de la medida, ya que obstaculiza el desarrollo de proyectos ya encarados y pone a toda la industria en un limbo que dificulta su accionar inmediato.
"La medida tiene nombre y apellido: Mercado Libre y Globant", dispara una fuente familiarizada con el nuevo borrador que, por estas horas, se está redactando en la Casa Rosada.
Esta mirada es compartida por muchos en el ambiente, ya que se buscaría limitar el poder de fuego de las grandes empresas del sector y evitar así las prebendas. En este punto, advierten con enojo desde el sector 4.0: "Le quieren pegar a Galperín, pero caemos todos en la volteada".
Sin demasiadas precisiones, desde el oficialismo señalan a iProUP que "filosóficamente, estamos de acuerdo con la ley, está en el sentido correcto", pero aclaran que empezaron "a estudiar la reglamentación y surgieron un montón de dudas que podían generar equívocos".
"No hay diferencias sustanciales en el tratamiento entre pequeñas, medianas y grandes. Se está trabajando sobre la reglamentación", remarca la fuente y adelanta que la nueva versión estará lista en las "próximas semanas".
Otro de los puntos que se analizan consiste en ajustar el filtro para que los sectores que se incentiven respondan al espíritu de la ley. "Una cervecería artesanal desarrolla tecnología y conocimiento. Si no lo reglamentás, puede entrar. No es el objetivo", ejemplifica.
Además, indica que los equipos técnicos del Gobierno ya anunciaron los cambios a los principales jugadores de la industria, aunque prefirió no dar nombres de las firmas contactadas.
Sin embargo, una persona que leyó el borrador que se está analizando en la Rosada remarca que el Gobierno evalúa cortar la "canilla libre" de ventajas impositivas y ajustarlas en base a dos vectores:
- Tamaño. "Hay un criterio de injusticia: le da los mismos beneficios a Mercado Libre que a una startup de tres personas. La vamos a hacer progresiva: que las exenciones se apliquen según el tamaño de la empresa"
- Valor agregado. "A la empresa que produce un commodity, como un ecommerce, no se le pueden dar los mismos beneficios que a una que desarrolla una solución de biotecnología o un software único"
De esta forma, una revisión de la Ley abarcaría escalas sobre el Impuesto a las Ganancias: el 15% que estipula la norma original será el mínimo que quedará reservado a firmas que cumplan con los puntos anteriores. Lo mismo ocurriría con el resto de incentivos.
Con respecto a una posible modificación de la norma, las fuentes aseguran que con la nueva reglamentación de la Ley de Economía del Conocimiento quedarían saldadas las "incompatibilidades".
En caso contrario, se podría enviar una nueva ley, lo cual "dependerá de la agenda legislativa", por lo que podría tratarse en sesiones extraordinarias o que el Gobierno lo "vaya manejando con resoluciones hasta que salga una nueva norma".
En el sector emprendedor, remarcan que "la ley tiene diferenciación entre Pymes y grandes empresas", aunque advierten que "ponerle límites a las grandes firmas no tiene sentido, porque son las que más invierten y generan más empleo".
"Son capitales que se van a otros países: en dos minutos se relocalizan", destacan, al tiempo que señalan que "no tiene sentido ir contra Mercado Libre, la empresa más importante de la Argentina".
También señalan que este "parate" para la entrada en vigencia de la ley fue "propyme" y beneficia a aquellas regiones donde "no existen condiciones para el agro o la explotación de recursos naturales".
Y reprochan que se los venture capital internacionales perderán el entusiasmo en la Argentina y ahora dudan de invertir en el país ante "el cambio de las reglas de juego".
El clima de incertidumbre tiene "pronóstico extendido": en la medida en que el Gobierno no apure la salida de la nueva reglamentación, más crecerá el malestar de las empresas. Si se decide ir por el camino de una nueva ley, el panorama es aún más sombrío: su promulgación puede demorar meses o años.
"Hay mucha preocupación. Se deja sin efecto la reglamentación, pero no se dice cuándo estará la nueva. Muchas firmas creían que entraban en el registro e iban acceder al beneficio de $17.000 de mínimo no imponible por empleado de contribuciones patronales. Pero con la Ley de Solidaridad pasó a $7.000. Esperaban a tener ese bono y ahora no lo tendrán", señala a iProUP Sebastián M. Domínguez, del estudio SDC Asesores Tributarios.
"Como las empresas no se pueden inscribir, no se sabe cuándo van a tener la reducción de la alícuota de Ganancias del 15%, el certificado de no retención de IVA y el descuento por el crédito de impuestos análogos retenidos en el exterior", agrega.
Mientras tanto, en "on", las grandes empresas del sector apuestan a la diplomacia. Se esperan nuevas reuniones con el Gobierno en las próximas semanas para ultimar detalles y acercar posiciones que eviten una escalada en el conflicto. Las cámaras del sector, a su vez, se expresaron con cautela y aclararon la necesidad de potenciar al sector Pyme.
La Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de Argentina (CESSI) confirmó a iProUP que está trabajando con la Subsecretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo en "la generación de alternativas superadoras a la Ley de Economía de Conocimiento que se plasmen en modificaciones a la normativa".
La entidad hace hincapié en "fortalecer el mercado interno, en especial la competitividad de las pequeñas y medianas empresas".
En la misma línea se pronuncia la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL): "A medida que nos íbamos interiorizando sobre la reglamentación de la ley nos dábamos cuenta de que muchas empresas quedaban excluidas".
"Todo lo que propiciaba para las Pymes quedaba anulada automáticamente por algunas exigencias. Sobre todo, porque para el gobierno anterior, solo había dos tipos de empresas: la grande o la startup. Las dos son importantes, pero hay un tercer grupo, que es el de las empresas que quieren transformarse", subrayan a iProUP desde la entidad.
Por ahora, ambos dan el visto bueno a la revisión de la reglamentación, pero advierten algo que ya es una verdad de perogrullo: una eventual suspensión de la Ley sería un grave retroceso de consecuencias imprevisibles.
Se trató de un tema que saltó grieta, al menos hasta ahora. En mayo, el Senado había promulgado por unanimidad a la Ley de Economía del Conocimiento, luego de haber sido votada por amplia mayoría (182 a 2) en Diputados.
En octubre, 10 días antes de las PASO, el entonces presidente Mauricio Macri había reglamentado la norma de promoción para que el sector genere ventas al exterior por u$s15.000 millones, una cifra similar al agro, que concentra el 25% de las exportaciones.
Para ello, planteaba otorgar los siguientes beneficios:
- Estabilidad fiscal para las empresas que se inscriban en un registro especial, sin que aumente su carga tributaria" durante el régimen. Incluía tasas y aranceles de importación y exportación
- Reducción de cargas sociales: por cada asalariado, recibirían una detracción equivalente al mínimo no imponible previsto en la Reforma Tributaria ($17.500)
- Bono de crédito fiscal: transferible por única vez, equivalía a 1,6 veces el monto de las contribuciones patronales para abonar anticipos o saldos de declaración jurada de Ganancias e IVA
- Este bono era mayor si los empleados poseen un doctorado: dos veces el monto de las contribuciones patronales correspondientes, por 24 meses desde su contratación
- Alícuota reducida de Ganancias: 15% si mantenía el personal y no estaban alcanzados por retenciones ni percepciones de IVA
Para ello, las firmas debían reunir los siguientes requisitos:
- Invertir al menos el 3% de sus ingresos en investigación y desarrollo
- Exportar, como mínimo, una cifra equivalente al 13% de su facturación
- En el caso de servicios profesionales, ese porcentaje se eleva al 45% (Pymes) y al 60% (grandes empresas)
- Destinar como mínimo el 8% de su masa salarial a la capacitación de los empleados
- Acreditar una mejora continua de la calidad de sus productos, servicios y procesos mediante una norma de certificación
Durante las próximas semanas, las empresas del Conocimiento estarán atentas a lo que ocurra con una ley clave no sólo para la generación de 500.000 puestos en la próxima década, sino también para el ingreso de dólares que darían oxígeno a una economía que lleva tres años de recesión.