Aunque se reconocen los méritos que para la seguridad trate aparejado el utilizar tecnologías de biometría, como el reconocimiento facial, hay especialistas que critican su uso en lugares públicos, dado los riesgos que conlleva respecto a la privacidad de los individuos, y el uso indebido que se le podría dar.
Es por ello que la Comisión Europea plantea la posibilidad de prohibir el uso de la tecnología de reconocimiento facial en lugares públicos por un periodo de hasta cinco años, con el fin de avanzar en el desarrollo de soluciones que disminuyan los riesgos que supone.
El objetivo es ofrecer una "perspectiva europea" que "promueva el desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial en toda Europa, mientras se asegura que la tecnología se desarrolla y se usa de una forma que respete los valores y principios europeos".
El borrador, compartido por la Comisión Europea con los medios del mundo, explica que "como cualquier nueva tecnología el uso de la inteligencia artificial trae tanto nuevas oportunidades como nuevos riesgos". También plantea retos en materia de regulación, ya que los productos y servicios basados en inteligencia artificial "combinan la dependencia de los datos con una casi omnipresente conectividad dentro de nuevos ecosistemas tecnológicos".
Además de reconocer la necesidad de invertir y promover la investigación y la innovación en esta tecnología, la Comisión Europea propone también posibles obligaciones y opciones de regulación. Entre otras, señala regulaciones específicas para los sistemas de reconocimiento facial, "independientemente de que sean usados por actores públicos o privados".
Actualmente, el Reglamento General de Protección de Datos establece que los sujetos de los datos deben otorgar su consentimiento explícito y ser informados de los procedimientos automatizados de toma de decisiones con sus datos.
El borrador amplía la regulación, con la propuesta de establecer un marco que incluya una prohibición temporal para el uso de la tecnología de reconocimiento facial en lugares públicos. Se trataría de un periodo, de tres o cinco años, en el que "se podría identificar y desarrollar una metodología sólida para evaluar los impactos de esta tecnología y posibles medidas de gestión de riesgos".
La versión final de este borrador se presentará en febrero, como parte de una revisión más amplia de la regulación de la tecnología de inteligencia artificial, indicó TN Tecno.