A solo algunas semanas de las elecciones Primarias, la campaña registra un enfrentamiento que tiene como protagonista a un nuevo actor: el oficialismo trazó en la figura de Marcos Galperin, CEO y fundador de Mercado Libre, a un aliado para simbolizar a la "Argentina de bien".
Por su parte, el kirchnerismo sumó al movimiento sindical dentro de sus filas, especialmente a Hugo Moyano, líder camionero; y Sergio Palazzo, titular de La Bancaria. Y no dudaron en apuntar su artillería al empresario.
La mecha se encendió con el conflicto en el depósito automatizado que el unicornio instaló en La Matanza, enclave "kirchnerista" que posee como intendenta a Verónica Magario, precandidata a vicegobernadora bonaerense en la boleta que encabeza Axel Kicillof para enfrentar a María Eugenia Vidal.
Rápido de reflejos, la empresa homologó en el entonces Ministerio de Trabajo un convenio con el Sindicato de Carga y Descarga para los empleados de la instalación, lo que despertó el descontento de Moyano: no sólo le quitaba la representación de transportistas, sino también reducía el peso a OCA, empresa vinculada al camionero, entre los proveedores de envíos del gigante del ecommerce.
Pero hace dos semanas, Palazzo subió la temperatura del enfrentamiento. Y cuenta con el apoyo no sólo del kirchnerismo, que llevará a la dirigente de la agrupación Claudia Ormachea en su lista de diputados bonaerenses, sino también de los empresarios de la banca.
En esta suerte de unión que, parafraseando a Jorge Luis Borges, se basa más en el espanto que en el amor, gremio y patronal reclaman que las fintech –fundamentalmente, Mercado Pago– sigan los lineamientos y la regulación del resto de la industria financiera para competir en igualdad de condiciones.
El titular de la Asociación Bancaria le agregó más pólvora al debate al afirmar la semana pasada: "Vamos por el encuadramiento de todos los trabajadores de las Fintech. Si Galperin está ahí, le tocará ajustarse a la ley".
El CEO de la firma de los u$s31.000 millones no tardó en responder. En Twitter lanzó que estaba "repasando la lista de nuestros nuevos #amigos2019" y agregó que "sólo falta la Conmebol y están todos", en alusión al órgano rector del fútbol sudamericano, sospechado de beneficiar a Brasil en la Copa América.
No todo quedó ahí: compartió un artículo con fotos de la sede que abrió el unicornio en el barrio porteño de Saavedra, con comodidades al estilo Silicon Valley, acompañado de la leyenda: "Parece que los capitalistas precarizamos trabajadores".
En las últimas horas, Palazzo, en "modo campaña" luego de asegurarse que la dirigente bancaria Claudia Ormachea ingresara en la lista de diputados bonaerenses del Frente de Todos, subió la apuesta asegurando que "el convenio bancario es el único aplicable a la banca digital".
Más allá del tinte electoral y cuestiones gremiales, la disputa revela el profundo impacto de la revolución digital en las empresas y empleos del sector bancario y financiero. La irrupción de las fintech, que hoy suman más de 130 empresas, la mayoría creadas en los últimos cinco años según un informe de Accenture, puso en jaque a los bancos. Pero también a la legislación laboral vigente.
La Argentina es el tercer país de la región, detrás de Brasil y México, en cantidad de empresas fintech. El 80% de las compañías son Pymes que poseen en promedio 50 empleados o menos.
Se trata, además, de una de las industrias que viene creciendo y goza de pleno empleo: según la flamante cámara del sector, posee una demanda laboral que supera a la oferta. En este contexto, se plantea la disyuntiva de si sus trabajadores deben ser considerados bancarios o informáticos.
"Se trata de empleos tecnológicos, pero quienes prestan servicios financieros dentro de una fintech deberían considerarse bancarios", sostiene Ignacio Lonzieme, titular de la Unión Informática, una de las agrupaciones gremiales del rubro tecnológico, surgida en 2013. Y en esto coincide con el líder de La Bancaria, Sergio Palazzo.
Sin embargo, la realidad dentro de Mercado Libre y de la mayoría de las empresas tecnológicas es que sus empleados están "fuera de convenio" o se enmarcan dentro del Sindicato de Comercio.
"Ante la sindicalización, que empezó en 2011 con la primera huelga informática que hicimos en IBM y luego se extendió a otras firmas, las empresas grandes prefirieron hacer convenios con Comercio y no con nosotros, que conocemos la actividad y reclamamos beneficios y condiciones específicas", señala Lonzieme.
Desde el punto de vista del trabajador, no es lo mismo ser considerado bancario, informático o mercantil. Las diferencias en cuanto al sueldo inicial, condiciones laborales y beneficios, son notorias. Y en general tienen que ver con la trayectoria y fortaleza de cada sindicato.
La agrupación que dirige Armando Cavalieri es claramente el más numeroso, con más de 1 millón de afiliados en todo el país, mientras que el que lidera Palazzo tiene algo más de 90.000. Los informáticos poseen varias agrupaciones gremiales, pero ninguna supera los 2.000 afilados. Entre ellas se destacan Sutira (Sindicato Único de Trabajadores Informáticos, ACG (Asociación Gremial de Computación) y Unión Informática.
El salario básico de convenio de la Federación Argentina de Empleados de Comercio (FAECYS) ronda los $ 30.000 brutos mensuales tras el último aumento paritario, quedando por debajo del límite de la pobreza, que se calcular en $30.300 de ingresos familiares mensuales.
Con 1.200.000 adherentes en todo el país, se estima que unos 35.000 pertenecen a compañías tecnológicas, a quienes el gremio mercantil ofrece "una amplia gama de servicios de salud, turismo y mutuales".
Las condiciones y modalidades del trabajador típico de comercio difieren de las de un empleado informático. Desde gremio mercantil, aseguran a iProUP que están por crear una rama dentro del convenio para atender las necesidades específicas de los tecnológicos.
En tanto, en el sector bancario, al ser una de las actividades con mayor rentabilidad en la alicaída economía argentina, las remuneraciones e incentivos son superiores a la media del mercado.
Según datos de La Bancaria, el sueldo inicial para la categoría más baja ronda los $52.000 brutos, compuesto por $48.900 de básico más unos $ 2.500 por participación en las ganancias. A esto se suman $43.000 por el Día del Bancario, bono por productividad a fin de año, obra social, créditos a tasa preferencial y ventajas como descuentos en espectáculos, turismo y hotelería.
En el sector tecnológico, siendo otro de los rubros con alto crecimiento, rentabilidad y demanda de empleo, los números y beneficios son menos homogéneos y dependen en gran medida de cada empresa.
En base a informes del Observatorio Permanente de la Industria de Software y Servicios Informáticos y datos de la Unión Informática, el ingreso inicial promedio se ubica en los $35.000 brutos. Sin embargo, "esto es muy variable según la empresa y puede ir desde $22.000 para un data entry en una software factory local hasta $55.000 en una compañía internacional", afirman fuentes del mercado a iProUP.
Al tratarse de una industria con "escasez de talento" y alta rotación laboral (alrededor del 25% de la plantilla promedio se renueva cada año), los beneficios extrasalariales suelen ser usados por las compañías como estrategia de atracción y retención del personal.
Así, cuestiones que van desde vales de almuerzo, descuentos en gimnasios y espectáculos, paquetes turísticos, horario flexible, home office, vacaciones extra y amenities en el lugar de trabajo (sala de juegos, espacios de relax, música o siestarios) pasan a jugar un rol casi tan importante como el sueldo, sobre todo teniendo en cuenta que el grueso de los informáticos pertenecen a la generación "millennial".
En cuanto a la salud, a falta de obra social o policlínico propio, la mayoría de las firmas tecnológicas tienen convenios con prepagas y ofrecen planes de cobertura de gama media y alta como parte de los beneficios.
Más allá de la discusión entre bancarios, informáticos y mercantiles, "el criterio para encuadrar gremialmente a un trabajador tiene que ver no con la empresa, sino con la actividad que realiza", explica Nicolás Trotta, especialista en Derecho Laboral y rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). "Y esto no lo decide el dueño de la empresa ni el líder gremial, sino la justicia del Trabajo", apunta.
Además –aclara el especialista–, "siempre las condiciones laborales van a ser mejores en aquellas empresas donde hay sindicalización y en la Argentina rige el derecho de sindicación, ya que el país ratificó el convenio sobre la libertad sindical en la OIT".
Para Juan Carlos Cerutti, abogado laboralista, la cuestión del encuadramiento gremial "es complicada porque el sistema sindical argentino funciona por solapamiento. Es decir, sólo puede haber un gremio por rama de actividad".
"Las grandes empresas, como tienen varias actividades, tienen varios gremios. La actividad fintech, como es algo nuevo, aún no definió a cual corresponde. Pero no puede haber una parte de los empleos afiliados a bancarios y otra parte a comercio si desarrollan la misma tarea", ejemplifica.
Según el letrado, "así como la revolución industrial trajo el concepto de empresa, de jornada laboral y nacieron los primeros sindicatos y derechos laborales; hoy la economía del conocimiento y las industrias 4.0 replantean todo eso, porque permiten el trabajo remoto y el concepto de jornada laboral cambió por el de objetivos a cumplir".
Con los números a la vista y detrás de los cruces entre sindicalistas y empresarios, hay quienes creen que la disputa va más allá de la representación del personal que se desempeña en fintech. Y se extiende a la afiliación de trabajadores tecnológicos dentro de los más diversos rubros: desde la producción industrial y servicios hasta el propio Estado.
Se trata de al menos 150.000 trabajadores con altas remuneraciones y con baja afiliación: se estima que sólo un 25% está sindicalizado. La torta por la que pelean estas agrupaciones alcanzaría los $7.500 millones anuales entre cuota sindical, obras sociales y aportes de las empresas.
Una porción nada despreciable en un contexto en el que la pérdida de 200.000 empleos formales solo durante el último año y el desplome de los salarios reales han raleado las arcas gremiales.
Pero la transformación digital, según Cerutti, "lleva a que determinadas tareas no están encuadradas, porque no hay un convenio que las defina claramente", por lo que reclama que estos aspectos se tomen en cuenta en este momento en el que se discute una reforma laboral.
"Por ahora, no hay proyectos en el Congreso que consideren seriamente el impacto de las tecnologías en el empleo. Sería una oportunidad para discutir nuevas condiciones de trabajo y nuevos derechos laborales", destaca el letrado. Aunque para ello, haya que esperar hasta octubre.