El gobierno de la provincia de Santa Fe envió a la Legislatura un proyecto de ley tributaria para 2025, que establece un impuesto de Ingresos Brutos a plataformas de streaming internacionales como Netflix, HBO y Disney.
También se incluyen los servicios de transporte, afectando a empresas como Uber, que serán alcanzados por la nueva normativa.
El gobierno provincial de Santa Fe, liderado por Maximiliano Pullaro, propuso una modificación al Código Fiscal, incorporando un impuesto para los Servicios Digitales, que incluye aquellas plataformas electrónicas o aplicaciones tecnológicas extranjeras.
Aunque los servicios digitales nacionales ya tributan, la nueva ley busca que las empresas extranjeras también lo hagan, aplicando una alícuota del 3%. Este mismo porcentaje sería implementado para los servicios nacionales, bajando del 4,5% actual.
De aprobarse la modificación, las tarjetas de crédito y otros medios de pago actuarán como agentes de percepción, deduciendo el impuesto directamente del abono mensual de los usuarios o de la tarifa de servicios, como ocurre con Uber.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, explicó que se establecerá un mecanismo para que los usuarios puedan solicitar el reintegro de este porcentaje adicional, asegurando que el tributo recaiga sobre las empresas y no sobre los consumidores.
Además, el 35% de los ingresos generados por este tributo se destinarán a un fondo específico para el fomento de las industrias culturales de la provincia.
En cuanto a las aplicaciones de transporte, aunque la mayoría ya está registrada en el país, Uber se encuentra en proceso de inscripción en Santa Fe, a diferencia de otras plataformas como Cabify y Maxim, que ya operan localmente.
La provincia de Santa Fe propuso su adhesión al RIGI, buscando promover inversiones de hasta 200 millones de dólares mediante incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios durante los próximos 30 años.
El gobierno santafesino argumenta que esta medida, que implica una reducción en las percepciones impositivas, tiene como objetivo apoyar las metas nacionales establecidas por el Congreso y el Gobierno.
Dentro de la propuesta, se contempla la extensión por 10 años de beneficios fiscales en Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos e Impuesto Inmobiliario, para proyectos de infraestructura que estén alineados con las inversiones aprobadas.
Además, se garantiza una estabilidad normativa tributaria por 30 años, similar a la iniciativa nacional recientemente aprobada. La ley provincial también ratifica el blanqueo de capitales, facilita la búsqueda de la formalización de inversiones.
Sin embargo, el proyecto introducirá una actualización del impuesto inmobiliario urbano y rural, aumentando un 22% en relación con la última cuota de 2024, calculada con base en el Ripte y el IPC.
Para mitigar el impacto de este aumento, se ofrece un descuento del 20% en las cuotas 1 a 5 y la exención de la cuota 6 para aquellos contribuyentes al día con sus pagos.
Esta combinación de incentivos y ajustes fiscales busca equilibrar el fomento de grandes inversiones con la sostenibilidad fiscal a largo plazo.