El Gobierno ha iniciado el proceso de implementación del silencio positivo en más de 500 trámites dentro de la administración pública nacional, buscando optimizar y simplificar los procesos burocráticos para los ciudadanos.
Desde el oficialismo sostienen que esta medida representa un cambio profundo en la visión del Estado y que será aplicado gradualmente en todas las áreas de la administración pública.
La normativa establece que, si un ciudadano cumple con los requisitos de un trámite y no recibe respuesta estatal en 60 días, su solicitud se aprobará automáticamente.
En esta primera fase, el silencio positivo se aplicará a trámites variados, como la obtención de licencias y la inscripción en distintos registros públicos, mejorando la eficiencia del sistema.
La administración libertaria declaró que la implementación del silencio positivo marca un "hito histórico" en los trámites administrativos, transformando la relación entre ciudadanos y el Estado de forma significativa.
Según un comunicado oficial del Gobierno, esta reforma busca simplificar procedimientos, eliminar barreras burocráticas y acelerar los tiempos de resolución, ofreciendo así mayor certeza jurídica para fomentar la inversión en el país.
Anteriormente, se aplicaba el sistema de silencio administrativo negativo, que obligaba a los ciudadanos a reiniciar trámites si no recibían respuesta de la administración.
Con la nueva normativa, cualquier solicitud reglada, como licencias de Marca País o inscripciones en el Registro de Buques, se considerará aprobada automáticamente si no se obtiene respuesta en el plazo estipulado de 60 días.
Este cambio permitirá a los ciudadanos ahorrar tiempo y dinero, incentivando el desarrollo de diversas actividades económicas y facilitando la inversión en proyectos innovadores.
La normativa, diseñada en gran parte por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, comenzó a aplicarse en organismos centralizados y se extenderá a los descentralizados desde el 1 de diciembre.
Sin embargo, en áreas críticas como salud pública y medio ambiente, donde se requiere un control exhaustivo, esta normativa no será aplicable, ya que es fundamental mantener la revisión adecuada en estos sectores.
Para apoyar esta implementación, el Poder Ejecutivo ofrecerá cursos a abogados interesados en familiarizarse con esta nueva legislación.
Sturzenegger, clave en la iniciativa del silencio positivo, ha analizado recientemente la situación del empleo público bajo el gobierno de Milei.
A través de su cuenta de X, el ministro divulgó cifras que reflejan la reducción en la plantilla estatal desde diciembre hasta septiembre, mostrando un recorte de 33.291 trabajadores.
Este total incluye 20.026 empleados de la administración central y descentralizada, 11.014 de empresas estatales y 2.251 del personal militar y de seguridad.
Sturzenegger destacó que la única forma sostenible de disminuir la carga fiscal es recortando el gasto público, subrayando el compromiso del equipo de Milei en este objetivo.
Durante el Coloquio de IDEA en Mar del Plata, enfatizó que los empresarios deberían centrarse en exigir recortes de gastos en lugar de pedir reducciones impositivas.
En consonancia con esta política, el ministerio ha comenzado un proceso de intimación a los empleados públicos elegibles para la jubilación para que inicien sus trámites.
Esta medida afectará a alrededor de 10.000 trabajadores, de los cuales 6.800 pertenecen a la planta permanente, contribuyendo así a la reestructuración del sector público.