Este lunes entró en vigor la Resolución 87/2024 de la Secretaría de Comercio, que obliga a locales y negocios, tanto pequeños como grandes, que operen con tarjetas de crédito y débito de bancos y fintechs a ofrecer una terminal de pago inalámbrica visible para el cliente al momento de realizar los cobros.
De esta manera, la normativa garantiza que el usuario mantenga el control del plástico durante la operación, con el objetivo de reducir el riesgo de fraude y robo de datos.
Los comercios tenían 180 días, a partir del pasado martes 12 de marzo, para implementar la normativa, a riesgo de sanciones en caso de incumplimiento. Y aunque muchos ya la aplican, el "reloj de arena" llegó a su fin este domingo y, desde esta semana, esto es obligatorio para todos, sin excepciones.
Fuentes del Gobierno Nacional aseguran a IProUP que el plazo de adecuación funcionó bien, ya que permitió a los comercios adaptarse y tomar acciones necesarias, como adquirir máquinas POS inalámbricas y reemplazar las de cable, si aún las usaban, además de servir para que el público conociera la norma en detalle.
Respecto al primer punto, Emiliano Porciani, Chief Bussiness Officer de Payway, afirma que, desde la publicación de la resolución, la compañía entregó más de 7.000 soportes para que los dispositivos estén a la vista del cliente. Además, complementaron la campaña con capacitaciones y tutoriales para optimizar su uso.
Desde el Ejecutivo sostienen, a su vez, que la medida, orientada a mejorar la experiencia de pago al brindar mayor rapidez y seguridad, ha tenido una amplia aceptación tanto por parte de usuarios como de comerciantes en sus primeros días de implementación.
Además, resaltan a IProUP que esta disposición va en línea con los recientes cambios regulatorios impulsados por la gestión de Javier Milei en cuanto al mercado de medios de pago.
Estos incluyen la habilitación del pago de propinas mediante cobros digitales, la reducción de retenciones impositivas sobre pagos con tarjetas y la modernización progresiva del transporte público de pasajeros para permitir el uso de otros medios de pago, por fuera de la tradicional SUBE, en colectivos, trenes y subtes.
Con la plena aplicación de esta resolución, todos los comercios deberán acercar el posnet o la terminal de pago inalámbrica al cliente, manteniendo la tarjeta o el Documento Nacional de Identidad siempre a la vista.
Por ejemplo, en un restaurante, el mozo deberá llevar el posnet a la mesa para realizar el cobro. El cliente será quien apoye la tarjeta o el celular (de tener NFC habilitado y billeteras virtuales que permitan pagos con el dispositivo) con tecnología contactless (sistema de pago sin contacto) en la terminal, tras verificar los datos, para completar el pago.
En cuanto al DNI, la normativa establece que el comercio no podrá manipularlo en ningún momento. Sin embargo, el cliente deberá seguir mostrándolo, según lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley 25.065, que exige la verificación de la identidad del titular de la tarjeta como parte de la operación.
Si el comercio intenta manipular tanto el documento como la tarjeta del cliente fuera de su vista, se aplicarán sanciones conforme a lo dispuesto por Defensa del Consumidor. En caso de inconvenientes, se pueden realizar denuncias en argentina.gob.ar/reclamosconsumidor.
Es que una de las estafas más comunes, y que esta normativa busca prevenir, es el robo de datos mediante la captura de imágenes de las tarjetas de crédito o débito y el DNI, ya que la información en estos documentos es esencial para realizar compras online.
A este se le suma la clonación de tarjetas, donde los delincuentes copian los datos para duplicarlos en otro plástico. Esto suele realizarse con un skimmer, un pequeño lector que extrae la información de la tarjeta y la envía a una computadora, donde un software especializado accede a los datos.
Por ello, esta normativa fue bien recibida, ya que no solo está vinculada a la comodidad del consumidor, sino que redefine la forma en que se realizan las transacciones en el día a día, alineándolas con las prácticas internacionales, con la meta de priorizar la seguridad, confianza y transparencia en la relación entre el comercio y el cliente.
"Al prevenir la manipulación de tarjetas de crédito, débito o prepagas por parte de los comerciantes, se disminuye considerablemente la probabilidad de fraude. Esto, a su vez, salvaguarda los intereses financieros y la reputación tanto de los consumidores como de los comerciantes", aseguran desde la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra.