El Gobierno obtuvo su primera victoria el 28 de junio tras la aprobación de la Ley Bases en el Congreso, luego de múltiples revisiones del proyecto de distintos flancos legislativos.
Formalmente conocida como "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" (Ley 27742), el proyecto propuesto por la administración de Javier Milei busca implementar reformas profundas en la estructura del Estado, abarcando cuestiones laborales, económicas y administrativas, entre tantas otras.
Ahora, más de un mes después de su promulgación, se confirmó que reglamentaron la primera parte de la ley el 5 de agosto.
La reglamentación, que busca acelerar la puesta a punto de la normativa, se hizo efectiva a través del Decreto 695/2024 publicado en Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de los ministros de Economía, Luis Caputo y de Desregulación, Federico Sturzenegger.
El decreto hace hincapié en cuatro cuestiones: reorganización administrativa, privatizaciones, silencio administrativo y reglamentación y ajustes.
Uno de los puntos que fijó fue el de los procedimientos específicos para privatizar empresas estatales, que incluyen la presentación de informes y la publicación de convocatorias para ofertas. En cuestión, instrumentaron el esquema previsto para la concesión o venta parcial o total de las siguientes compañías pertenecientes al Estado:
En cuanto a la reorganización administrativa, se establece que el Poder Ejecutivo tendrá la facultad de "reorganizar, transformar, liquidar fondos fiduciarios públicos".
Otra de las disposiciones más destacadas es la autorización al Poder Ejecutivo de modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar fondos fiduciarios públicos, una medida que busca optimizar el uso de los recursos públicos y mejorar la eficiencia económica.
La reglamentación también abarca reformas en el empleo público, con el fin de reducir la burocracia y aumentar la transparencia en la gestión de los recursos del Estado. Esto incluye la implementación de procedimientos administrativos más ágiles y eficientes.
En el Capítulo 4 se establece que, desde ahora, para ingresar a trabajar en la Administración Pública se deberá aprobar una "Evaluación General de conocimientos y Competencias", de carácter "anónimo". Los candidatos evaluados recién serán "individualizados luego de su calificación", al tiempo que no podrá efectuarse ninguna designación sin la correspondiente acreditación del certificado de aptitud psicofísica".
A su vez, "se creará un Registro Nacional de Personas en Situación de Disponibilidad para gestionar una posible reducción de casi 20,000 empleados públicos". En tanto, "las indemnizaciones serán de seis meses para quienes tengan hasta 15 años de antigüedad, nueve meses para 15 a 30 años, y 12 meses para más de 30 años y se exceptuarán de despidos a embarazadas y personas con accidentes", resalta el capítulo de la norma.
Sturzenegger destacó la importancia de esta medida para la modernización del Estado y la implementación de reformas clave.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado subrayó que la reglamentación permitirá avanzar con la llamada "motosierra", una serie de medidas destinadas a eliminar el empleo público innecesario y a combatir la corrupción dentro del sistema estatal. Este primer tramo incluye normas "anti-ñoquis" y "anti-coimas", que son cruciales para lograr un gobierno más eficiente y transparente.
El funcionario fue uno de los autores de la Ley Bases original presentada en diciembre de 2023, modificada en numerosas oportunidades para conseguir consensos en ambas cámaras del Congreso y su posterior aprobación.
En su cuenta de X, el ministro expresó su satisfacción por los avances logrados hasta el momento y resaltó que la reglamentación de la normativa "es solo el comienzo de un proceso más amplio de desregulación y reestructuración estatal".
Esta medida habilita a Javier Milei a "cambiar las formas societarias de las empresas públicas, sobre la base de un mandato que ya estaba en el DNU 70/23" y lo faculta a "cerrar cualquier organismo del Estado si no está en la lista de excluidos", detalló.
Y concluyó: "esta medida involucra todo un sistema para mejorar la calidad del empleo público, evitar la interferencia política en los nombramientos, fortalecer el régimen disciplinario, evitar el dispendio de recursos y facilitar el proceso de ordenamiento del Estado".