La fintech uruguaya DLocal fue imputada por la Justicia argentina en mayo de este año por supuestas maniobras de lavado de dinero que la firma realizó a lo largo del 2022, según la pesquisa de la Dirección General de Aduanas.
Acusada de sobrefacturación y fraude por unos u$s400 millones, a través de triangulaciones y fuga de divisas, la Justicia levantó una nueva causa que complicaría aún más a la compañía.
La empresa, que actúa como agente de pagos fintech de compañías de renombre radicadas en el exterior, es acusada de actuar como intermediario en una maniobra para acceder a dólares oficiales y girarlos hacia los Estados Unidos.
La Aduana nacional detectó una supuesta institución educativa llamada Academiland LLC (plataforma estadounidense con sede en Delaware, que se dedicaría al servicio de educación online), la cual habría realizado cobros a, por lo menos 800 usuarios registrados de las 9.304 operaciones efectuadas mediante DLocal, quienes alegaron nunca haber adquirido productos o servicios de dicha plataforma.
De hecho, según lo analizado por la Aduana, 20 supuestos usuarios son sucesiones, cuya fecha de fallecimiento es previa a la contratación del servicio de e-learning.
Incluso, en el listado de 'alumnos' figuran empleados de la Aduana, un miembro de la Justicia Federal y personas que trabajan en medios de comunicación, algo que llamó la atención del organismo aduanero.
"El objetivo final de la supuesta institución educativa sería adquirir dólares a valor oficial y girarlos a Estados Unidos, simulando la adquisición de servicios que nunca fueron prestados y que se sostuvieron mediante el uso de una base de datos con particularidades que hacen presumir su falta de licitud", subrayaron desde el organismo.
El ente dirigido por Guillermo Michel denunció a los supuestos dueños de Academiland LLC por acceder de forma ilegítima a bancos de datos personales, por defraudación a la administración pública y por lavado de activos.
Como parte de la investigación, la Aduana también allanó los domicilios declarados de los presuntos dueños y rescató documentación y múltiples equipos informáticos.
La causa está en el mismo juzgado que investiga al unicornio uruguayo por los supuestos delitos fiscales llevados a cabo el año pasado.
Se trata del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, a cargo de la doctora María Eugenia Capuchetti.