El proyecto de reforma de la ley antilavado obtuvo media sanción en abril y ahora sigue su curso en el Senado, donde la CNV "marcó la cancha" y confirmó que será tendrá facultades sobre los exchanges cripto equipables a los que despliega sobre las sociedades de Bolsa.
"No hay nuevo bajo el sol, pero pasa de todo a la sombra", reconoce a iProUP un directivo del sector que se siente cada vez más incómodo por los avances del Gobierno en la materia. Las empresas saben que una normativa sensata puede beneficiarlas. Pero no todo está tan claro.
Regulación cripto: qué puede pasar con ahorristas
Según revelan tres fuentes a iProUP, hubo una reunión de miembros de la CNV con empresarios cripto, que se desarrolló en buenos términos. Esta semana habría otro para afinar la "letra chica" de una regulación específica para las criptomonedas. Se espera que la frecuencia del diálogo se intensifique.
Sin embargo, para una gran parte del sector este buen feeling no sería más que "una pose para conseguir la legislación menos mala". La industria sabe que es necesaria una regulación y que llegará más temprano que tarde.
"Por mandato, los directivos de la CNV no pueden operar criptomonedas. ¿No sería más lógico que puedan tenerlas, conocer su funcionamiento más allá de la teoría y luego comenzar a ver qué es lo que se puede regular?", plantea un empresario "maximalista", término con el que se designa a quienes son bitcoineros a ultranza y desprecian otras divisas.
Ricardo Mihura Estrada, presidente de la ONG Bitcoin Argentina, aporta a iProUP otra inconsistencia: "La creación del registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en jurisdicción de la CNV y la delegación de amplias competencias de regulación y control va más allá de la prevención del lavado y no estaba en el proyecto original que envió el Ejecutivo".
El directivo remarca que "esto es muy peligroso porque sin ningún marco legal se le da plenos poderes a la CNV para que diga qué se puede hacer y cómo, además de condenar a la ilegalidad a quien haga las cosas de otra forma".
Un miembro de la industria, que prefiere el off-the-record para evitar presiones, asegura además que el enfoque es incorrecto: "¿Cómo vas a aplicar las mismas reglas de las sociedades de Bolsa a los exchanges?: son dos cosas distintas".
El análisis de Mihura Estrada sugiere que el de los exchanges y la CNV es un matrimonio por conveniencia, ya que se subirían las barreras de entrada.
"Quizás el impacto de los nuevos requisitos sea neutral salvo para crear un exchange: probablemente le cueste más pasar de chiquito a grande o le sea imposible 'nacer chiquito'", completa. Esto iría en contra de las "promesas" de la CNV de promover el desarrollo del ecosistema y generar empleo.
En tanto, el abogado y experto en mercados cripto Iván Bolé añade otra cuestión por la que una legislación no golpearía de lleno a las billeteras cripto. "Las fintech que ofrecen servicios de compraventa de criptoactivos, casi sin excepción, utilizan proveedores de criptomonedas no radicados en el país y están acostumbradas a operar en un entorno bastante libre", remarca.
En efecto, el negocio de custodia –sintetizando, "la caja fuerte cripto", con los activos de los usuarios– suele estar en spin-off creadas en países con regulación cripto, como Gibraltar, Malta y hasta El Salvador.
/https://assets.iproup.com/assets/public/images/lazyload.gif)
La ONG Bitcoin Argentina hace hincapié en la mayor presión para pequeños ahorristas
Sin embargo, Bolé asegura una una buena normativa "dotará al sector y, especialmente, a los inversores, de un imprescindible marco de seguridad jurídica, siempre escasa en nuestro país".
Regulación cripto: por qué puede hacer crecer el mercado paralelo
Los expertos aseguran que la creación de un registro también redundará en mayor presión impositiva. No sólo de AFIP, también de los fiscos provinciales, que cada tanto actualizan los hechos imponibles de Ingresos Brutos sus regímenes tributarios.
"Siempre buscan información y recaudación. Lo que se les puede pedir es, también, que sus regulaciones sean razonables y claras. De otra manera, no tendrán otro resultado que la expulsión de los usuarios hacia exchanges fuera de la jurisdicción", señalan.
Sebastián M. Domínguez, de SDC Asesores Tributarios, afirma a iProUP que "al haber un registro de todos los que realizan operaciones en los exchanges, esa información dejará de ser secreta y puede ser utilizada para ajustes impositivos".
"Además del lavado, la AFIP tratará detectar a quienes tengan fondos no declarados. El que tenga todo en regla, no va a tener problemas. Muchos de ellos de igual, aunque declaren todo, valoran la privacidad de las criptomonedas", alerta. E indica que el miedo en estos casos es que la información sea filtrada, como ocurrió con el "Blanqueo" lanzado en el gobierno de Macri.
"Estaba amparado por el secreto fiscal y no debería haberse difundido pero se publicó. Muchos se oponen no porque tengan operaciones en negro, sino porque no quieren que se conozcan", resalta. No es una cuestión menor: la CNV fue víctima de un fuerte hackeo. De repetirse, se podrían conocer nombres, montos y hasta direcciones de billeteras que tienen activos digitales.
Los expertos advierten que la regulación podría fortalecer la presión tributaria
En consecuencia, el abogado Nicolás Verderosa afirma a iProUP que la movida provocará que "más usuarios dejen de utilizar los exchanges, tendencia que va en aumento debido a la creciente fiscalización de AFIP, para volcarse a modalidades P2P, el espíritu original de Bitcoin".
Este mecanismo "persona a persona" se realiza de forma online o "cara a cara", lo que muchos llaman "bitcoin blue" porque ocurre por fuera del radar de las autoridades. Y ya impactó en las pizarras, mostrando el "valor de la privacidad":
- La cotización de la divisa digital líder en sitios P2P supera en 10% al que ofrecen los exchanges (u$s33.000 vs. u$s31.000)
- El dólar cripto, precio del billete verde que toman los exchanges para comprar 1 BTC, se ubica en $531, más caro que el contado con liquidación ($524) o el MEP ($490)
- El USDT, el dólar digital de mayor volumen en el país se vende a $525 en PSP ($518 en exchanges)
Pero esto podría cambiar. La regulación obligaría a registrarse también a pequeños "cambistas" de saldos digitales, algo que la ley no prohíbe, pero ahora podría criminalizar al intentar que cumplan las mismas condiciones que una sociedad de Bolsa.
"Deberían dejarse fuera del registro a los pequeños operadores cuentapropistas que se ganan la vida operando en plataformas P2P cuando usan con transferencia desde banco o exchange. Si ya existe una verificación de riesgo, es irrazonable condenarlos a la ilegalidad", remarca Mihura Estrada.
"Ellos no tienen ninguna posibilidad de adecuarse a las normas de la UIF para actuar como sujetos obligados, mucho menos a las que se le ocurra dictar a la CNV", completa.
Resalta que "el ecosistema blockchain permite operar en alternativas que quedan fuera del ámbito de acción y competencia oficial porque son descentralizados o están fuera del país. Esperamos que sea contemplado como un límite para que los requisitos de compliance".
Restará saber el resultado de los encuentros que se mantienen bajo el máximo secreto. Los usuarios, mientras tanto, están alertas para ver qué pasará con uno de los pocos refugios que le quedan para ahorrar en tiempos de inflación y devaluación contantes.
