En la mañana del jueves, un mensaje irrumpió en el grupo de WhatsApp que mantienen varios popes de la industria cripto local. Pero esta vez, el texto no tuvo demasiada interacción.
Se trataba de un video de Martín Breinlinger, director de la Comisión Nacional de Valores (CNV), en el marco de un plenario en la Cámara de Senadores que analiza una reforma para la reforma de la Ley de Prevención del Lavado y Financiamiento al Terrorismo.
"Hay 10 millones de usuarios argentinos de criptoactivos", arrancó el funcionario. Y adelantó lo que se viene, que para muchos es un ataque a Bitcoin y hasta los "dólares digitales" como USDT.
Breinlinger confirmó la letra de un proyecto que ya fue consultado con la Cámara Fintech, Banco Central, Unidad de Información Financiera (UIF), AFIP y varias empresas del ámbito cripto local.
El primer punto es que la entidad será la autoridad de aplicación, algo que trajo algo de "alivio" tras iniciativas cajoneadas que mostraban mayor potestad de la AFIP o el Banco Central.
Así, CNV será la encargada de mantener un registro de Proveedores de Servicios de Activo Virtuales (PSAV) –exchanges–, siguiendo la recomendación del GAFI, sobre los cuales tendrá las facultades similares a las que posee hoy en las sociedades de Bolsa:
Sin embargo, más allá de que empresas del sector fueron consultadas y se muestran a favor de la iniciativa, una importante parte del ecosistema la ve con recelo. Temen por un "Gran Hermano" cripto.
"La inclusión de los exchanges como sujetos obligados a registrarse ante la UIF e informar las operaciones sospechosas hubiera sido aceptado como algo ineludible en este contexto de las finanzas internacionales. Es una directiva de GAFI, con todo lo que ello implica", señala a iProUP el abogado Ricardo Mihura Estrada.
Sin embargo, el letrado, flamante presidente de la ONG Bitcoin Argentina, asegura que la decisión de que pase "a la jurisdicción de la CNV y la delegación de amplias competencias de regulación y control va mucho más allá del control de lavado".
"No estaba en el proyecto que envió el Ejecutivo. Todavía no es claro cómo, quién y para qué lo incluyó en el texto que aprobó la Cámara de Diputados y tratará el Senado: no es una directiva del GAFI".
Para Mihura Estrada, "esto es muy peligroso, porque sin ningún marco legal se le da plenos poderes a la CNV para que diga qué se puede hacer y cómo. Y condenar a la ilegalidad a quien haga las cosas de otra forma".
En diálogo con iProUP, Iván Bolé, abogado financiero, analista técnico y especialista en criptoactivos, matiza que "el director de la CNV acierta en exponer que hay un vacío legal".
"Coincido en que resulta razonable que los negocios y productos ofrecidos por exchanges sean regulados con el objeto de proteger al público inversor, dar transparencia y equiparar a los actores que intervienen en procesos de captación de ahorro público".
Sin embargo, remarca que "no hay que confundir títulos valores con criptomonedas, ni igualar proyectos descentralizados con proyectos centralizados".
El letrado se refiere a que no todas las criptomonedas tienen un funcionamiento similar a un security, tal como dictaminó este jueves la Justicia de EEUU ante la denuncia a Ripple, divisa digital que había empezado a ser utilizada por la banca tradicional para las transferencias internacionales de dinero en detrimento del sistema SWIFT.
"Faltaría que la CNV se atreviera a tomar una determinación clara y concreta, en torno del ofrecimiento, compra y venta de criptoactivos y definiera cuáles pueden ser consideradas títulos valores, regulando el ecosistema en forma acorde", completa.
Para Mihura Estrada, una cuestión crucial pasa por los datos. Los exchanges ya informan mensualmente sobre saldos y movimientos en pesos a la AFIP, aunque no los efectuados en moneda digital, ya que algunos manejan la custodia en países con regulación para resguardar a los usuarios. Y también protegerse ellos mismos.
"El manejo de datos es una cuestión siempre sensible. Hoy, los exchanges lo saben y los cuidan, por responsabilidad e interés propios. Esperamos que esos datos no sean obligados a migrar en forma masiva y sistémica a la UIF o a la CNV, porque entonces se multiplicarían los riesgos para las personas y se las incentivaría a operar fuera del sistema", completa.
Este riesgo posee mayor relevancia luego del robo de datos que sufrió la entidad y de una Ley de Datos Personales que espera su sanción en el Congreso, pero no contempla controles ni sanciones si un incidente de ciberseguridad ocurre en una dependencia estatal, como la CNV.
Por su parte, el abogado y emprendedor cripto Nicolás Verderosa a iProUP alerta que "la Argentina intercambiará información con países con los que tenga convenio y a petición de éstos en los casos que amerite".
"Claramente, quien utiliza exchanges centralizados que requieren pasar por KyC (Conozca a su Cliente) sabe que sus actividades pueden ser controladas y su información puede utilizada por el Estado con fines impositivos, investigaciones penales, órdenes judiciales, etcétera".
Mihura Estrada agrega que la mayor preocupación de la organización que preside "es que muchas operaciones que hoy son informales pero lícitas pasen a ser consideradas ilegales sin ninguna necesidad. Y muchos de nuestros jóvenes sean arrastrados, aún sin saberlo, a vivir en la ilegalidad".
"Deberían dejarse fuera de las reglamentaciones de los PSAV a los pequeños operadores cuentapropistas que se ganan la vida operando en las plataformas P2P, pues sus operaciones se realizan con transferencia bancaria o a exchange: si ya existe una verificación de riesgo, es irrazonable condenarlos a la ilegalidad", completa.
"La ONG Bitcoin Argentina hizo saber su opinión por escrito: primero a la Cámara de Diputados y luego a las comisiones del Senado. Esta delegación no es necesaria, oportuna, conveniente ni ha tenido el debate necesario para convertirse en ley", remarca.
Entre los exchanges, por el momento, reina la calma. Más por temores a saber qué puede llegar a pasar –algunos hasta hablan de esta ley como "un caballo de troya"– que por mantener una pose políticamente correcta. Un ejecutivo C-Level del sector afirma a iProUP que "el proyecto es bueno y fue consensuado con la industria".
Tampoco se sabe cuándo se va a aplicar, cómo se reglamentará y, fundamentalmente, qué partido será oficialismo cuando se implemente, teniendo en cuenta que el Ejecutivo designa no sólo a los titulares de AFIP, UIF y BCRA, sino también al de la CNV.
"Por mejor que sea la ley, la puñalada te la pueden dar igual. Hasta con un tenedor. Nunca se sabe", resume irónicamente la fuente, que prefiere mantener el silencio, como en el WhatsApp del jueves que no obtuvo respuestas.