Marcos Galperin marcó una tendencia. Con su retiro al Uruguay se convirtió en el prócer de los empresarios que "emigran" a la otra orilla, disgustados con Alberto Fernández. Pero esa sensación de paz habría llegado a su fin. Al menos para el CEO de Mercado Libre.
En las últimas horas, el líder de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, solicitó al directorio del Banco Central, encabezado por Miguel Pesce, "la inmediata inspección, tal como lo manda el artículo 38 de la ley 21.526, de la empresa Mercado Libre SRL y de sus vinculadas Mercado Crédito y Mercado Pago" .
El escrito de 31 páginas al que accedió iProUP apunta a revisar "libros contables, documentos contractuales, financieros y de toda otra naturaleza siempre que reflejen el giro comercial habitual, junto con otros documentos de interés que sean de utilidad para la evaluación rigurosa del negocio".
Según Palazzo, Mercado Libre se extendió en actividades reguladas por el BCRA al concertar operaciones de créditos y captación de ahorros mediante su sistema de pagos, sin estar autorizada para ello por la autoridad monetaria.
Por ello, el sindicalista también exige el "reencuadramiento del modelo de negocios" a los requisitos de obtener una licencia previa para operar en la actividad financiera, bajo la presunción de que "tergiverzó" su objeto social, que en un principio no exigía autorización especial para dicho fin.
La medida inédita representa un nuevo avance del dirigente bancario después de intentar sin éxito el año pasado encuadrar a los empleados de Mercado Pago. Pablo Moyano obtuvo el mismo resultado en julio cuando quiso poner bajo su convenio a los trabajadores de logística de Mercado Libre.
Palazzo cree que es un buen momento para recuperar terreno: hace dos semanas estuvo reunido con Alberto Fernández, quien le agradeció "el gran esfuerzo" de los bancarios en pandemia. También acompañó al Presidente en el acto del 17 de Octubre en Azopardo. Todavía aspira a liderar la central obrera.
La ofensiva contra la empresa valuada en u$s60.000 millones coincide con otros movimientos desplegados desde el Gobierno. No pasó desapercibido para los hombres de negocios el plan "Transferencias 3.0" aprobabo el jueves pasado por el Banco Central.
Se trata de un nuevo mecanismo para incentivar los pagos en comercios y entre personas a través de QR. La medida apunta a bancarizar esas operaciones, pero también representa una competencia contra Mercado Pago, ya que fija comisiones máximas y abre el juego a todas las fintech.
El mismo objetivo -aunque más simbólico, por ahora- persigue el lanzamiento reciente de Correo Compras, el ecommerce estatal que busca aprovechar la capacidad logística de la empresa postal pública. La jugada implica una alianza con pesos pesados del retail como Unilever o Arcor.
Galperin ya había confirmado sus sospechas con la sanción de la Ley de Economía del Conocimiento, que incluye una rebaja del Impuesto a las Ganancias del 60% para las Pymes y solo un 20% a las grandes compañías.
Así, la misma fuerza política que financió con generosas exenciones el imperio inspirado en eBay ahora redujo sus beneficios fiscales. En el kirchnerismo todavía pesan ciertas apuestas hechas por el empresario.
Galperin fue uno de los principales soportes de Mauricio Macri. No solo militó la última elección de Cambiemos, sino que alentó al resto de sus pares para acompañarlo hasta el final. Fracasado el proyecto, las tensiones volvieron con los spots de la firma a favor de la apertura de comercios en plena cuarentena.
Con la mira puesta en Brasil y México, el hombre más rico de la Argentina volvió la vista hacia su país. En estos días recordó cómo tuvo que "remarla" en el 2000, cuando buscaba financiamiento desde una oficina en Saavedra, justo un mes antes del estallido de la burbuja de las puntocom. Ahora, tendrá que enfrentar otro desafío.
La presentación firmada por Palazzo es fruto del trabajo de un equipo legal que desde el año pasado venía preparando el terreno para avanzar en la regulación de la plataforma. La novedad es que la "fiscalización y control" apunta a los negocios, en lugar del reclamo sindical originario. El paso previo para afiliar a su empleados es que Mercado Pago sea considerado un banco.
En el documento, se intenta demostrar que "la sociedad comercial Mercado Libre SRL ha extendido los alcances de su actividad comercial habitual, ingresando de lleno en el terreno de las materias comprendidas dentro de perímetro supervisor y regulatorio que el BCRA tiene bajo su órbita".
Estas son las operaciones de captación de dinero sin "derechos elementales" para el consumidor, como protección de su privacidad, no alteración de las cláusulas pactadas y la renuncia a reclamar daños derivados del servicio.
También se señala el otorgamiento de un mandato irrevocable a la empresa para disponer de esas sumas ingresadas a la plataforma de pagos, la administración de un circuito de liquidez para el fondeo de operaciones de crédito a usuarios de Mercado Crédito.
Y se advierte que la "triple articulación" entre Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Crédito permite el desarrollo de un modelo que trasciende la operación de un marketplace tal como fue diseñado en su origen por la firma.
Palazzo destaca que los términos y condiciones contractuales de la sociedad expresamente reconocen que la actividad de recepción de depósitos y pagos no se encuentra autorizada por el Banco Central.
Por otra parte, la Ley de Entidades Financieras (21.526) dispone que cualquier operador financiero debe cumplir -con autorización previa- reglas legales.
A partir de dicha norma, el documento plantea la posibilidad de estar ante un supuesto de "banca de hecho" por tratarse de una sociedad comercial que -actuando sin la licencia previa- se dedica con cierta habitualidad a captar ahorros del público para el otorgamiento de créditos.
Por su impacto en la política monetaria y crediticia, el BCRA "se encuentra legalmente habilitado para realizar inspecciones y evaluar el reencuadramiento del negocio", según Palazzo.
En otro apartado, se informa que el 98,3% del capital social del unicornio pertenece a Meli Participaciones S.L. (España), de la cual Mercadolibre Inc. posee el 99,9%.
Sobre esa base, el bancario sostiene que "la estructura de capital de la firma reconoce detrás de la sociedad de responsabilidad limitada la participación accionaria de una sociedad constituida en el exterior bajo una forma societaria que -a priori- reuniría las características tipificantes de las sociedad off shore".
Según el informe, Mercado Libre opera en 18 países de Latinoamérica, siendo los principales Brasil, Argentina, México, Colombia y Chile. Después de Brasil, Argentina es el segundo mercado más importante para el grupo y donde mantiene la sede social de la compañía.
De acuerdo a los datos de la empresa, en el segundo trimestre:
"Todos estos datos demuestran el marcado crecimiento que ha tenido el grupo, convirtiéndose en la empresa más valiosa de toda Latinoamérica. Sólo este aspecto acredita la significancia del volumen de negocios que representa la firma desde el punto de vista regulatorio", señala el documento.
En cuanto a Argentina, el unicornio también tuvo un buen desempeño. Sus ingresos anuales en dólares crecieron 110% y en moneda local un 224%. Esto, junto al tipo de cambio favorable, serían los motivos por el cual, en lugar de levantar campamento, el empresario sigue apostando a sus negocios en el país.
En efecto, la mayoría de sus empleados están en su casa matriz. De acuerdo al balance 2019, a fines de ese año contaba con un total de 9.703 personas en la región: 4.894 en Argentina, 2.644 en Brasil, 1.000 en Uruguay, 618 en Colombia, 265 en México, 248 en Chile, 21 en Venezuela y 13 en Perú.
En otro de los apartados, se compara las políticas de regulación en los diferentes países donde opera Mercado Libre. Mientras a nivel local no está alcanzada por pautas regulatorias, en otras jurisdicciones sí.
En Brasil, por caso, está sometida a la supervisión del Banco Central de ese país. También se menciona el caso de México, Colombia, Uruguay, Perú y Chile, donde se dictaron reglamentaciones que afectan a la plataforma de comercio eléctronico, pagos y créditos.
El documento destaca, por otra parte, el cambio de objeto social de la compañía en 2017. Su estatuto menciona la gestión de cobranzas y pagos por cuenta y a nombre de terceros por medios electrónicos, el otorgamiento de garantías (hipoteca, prenda o fideicomiso) y la concesión de préstamos o contratos de crédito.
Por ello, se concluye que Mercado Libre SRL habría incurrido en una "tergiversación" de su objeto social, que inicialmente no exigía la emisión de una autorización especial.
En ese sentido, se advierte que la intermediación financiera debe cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente en cuanto a la forma societaria, el pago de los cánones correspondientes, la integración del capital mínimo y medidas de seguridad fijadas por el BCRA.
Asimismo, la autorización para funcionar genera obligaciones y responsabilidades como la remisión de balances y estados contables, aspectos patrimoniales, exigencias de efectivo mínimo, regímenes informativos, medidas mínimas de seguridad, normas mínimas de auditoría externa y controles internos.
Por ese motivo, Palazzo deduce que la empresa realiza una "intermediación financiera en las sombras", ya que a través de esa plataforma asociada a Mercado Pago ofrece medios de financiación para la compra de productos en el sitio oficial, el uso de una billetera electrónica y opciones de inversión con fondos administrados por bancos.
Esta situación, según el reporte, le genera ventajas a la compañía por operar supuestamente fuera del marco legal, a la vez que incentiva una "competencia a la baja" en materia regulatoria, por la cual los bancos y otros intermediarios financieros replican el modelo, evitando los controles correspondientes.
También se solicita un estudio sobre el grado de penetración de la sociedad comercial en el segmento de provisión de pagos, de acuerdo con la Comunicación A 6885 y, de corresponder se disponga los ajustes necesarios a fin de evitar concentración económica.
Por último, el petitorio incluye el envío de una copia al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), además de la fiscalización y controles de libros y documentos en todas las unidades de negocios de la empresa.