El uso de billeteras virtuales, monedas digitales y fintech se disparó por la propia dinámica de la pandemia, las restricciones cambiarias y la crisis económica que viene "arrastrando" la Argentina.
Al ser actividades altamente desreguladas, son observadas con mucha sospecha por autoridades monetarias y de control del lavado de dinero. En virtud de ello, Zenón Biagosch, director del Banco Central, anticipó que la entidad lanzará regulaciones que, todo indica, generarán más de una polémica.
Según el directivo, existen "tres sub-universos" en mundo de las finanzas virtuales y altamente desreguladas. En este marco, las normativas fijarán requisitos para evitar que se transformen en vehículos de delitos.
Durante el 10 Congreso Sudamericano de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo organizado por Forum, Biagosh anticipó tres clases de regulaciones que se vienen para las fintech y las billeteras virtuales, que las asemejarán más a los bancos en su funcionamiento:
"Se trata de regulaciones que aseguren que estamos en pos de la transparencia", afirma. Además, Biagosh recalca que si bien las fintech no son sujetos obligados en materia de lavado de dinero por ley, esa falta de legislación no implica que el Banco Central no pueda aplicar otro tipo de medidas que asegure la transparencia.
Pese a que las fintech no son consideradas entidades financieras, el funcionario justifica la próxima intervención del BCRA, ya que la normativa interna le permite actuar en otros ámbitos si el volumen de las operaciones así lo aconseja.
Y subdivide ese universo no bancario en los siguientes rubros:
"Hay muchos no registrados porque no utilizan crédito bancario para funcionar. A éstos, entre los que se registran fintech, se dirigirá el cambio normativo", anticipa Biagosh.
Estas prestamistas crédito asisten a 4 millones de personas con 8% de los saldos de crédito que otorga el segmento formal bancario. Se caracterizan por el pago regular promedio alto y tasas de interés también bastante elevadas.
Biagosh remarca que ya hay normativa del Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF), pero adelanta que la autoridad monetaria seguirá ajustando con más regulación.
"Estas empresas exigirán un esfuerzo muy grande de supervisión por parte del Banco Central y la UIF", enfatiza.
El directivo anticipa que estos son "los tres puntales a los que se dirigirán las regulaciones", ya que "facilitan la vida de la gente, como en estas épocas de Covid, pero esto no debe conllevar una mala utilización que implique maniobras de lavado".
Ante la consulta, Ignacio Plaza, presidente de la Cámara Fintech, señala a iProUP: "Las regulaciones, per se, no son algo malo, pero tienen que estar bien diseñadas y no deben significar un riesgo para el sistema. Según como se hagan, pueden dar seguridad y confianza en los negocios -facilitando su expansión- o trabarlos y disminuir la oferta".
Para el directivo, todo dependerá de la implementación, y reconoce que los reguladores tienen siempre autonomía para emitir normas en forma unilateral.
"Los activos digitales son una gran herramienta de inclusión financiera que permiten la realización de distintos tipos de operaciones completamente legítimas", señala Jorge Litvin, del Estudio Nercellas. "Sin embargo - añade- al igual que con el dinero físico, también pueden ser utilizados con fines ilegítimos, y lo cierto es que han facilitado la 'empresa del delito'".
Por ejemplo, a las víctimas de secuestros de sistemas y datos informáticos (modalidad conocida como ransomware) se les exige en concepto de "rescate" una suma de criptomonedas a ser transferidas a una dirección específica.
A nivel local, Telecom o la Dirección Nacional de Migraciones fueron víctimas de este tipo de ataques en los últimos días.
A su vez, los activos digitales son la moneda de cambio en los mercados clandestinos de la "Dark Web", en las que se compran y venden bienes y servicios ilegales como drogas, armas, software para ejecutar otros ataques o bien los propios criminales ofrecen su servicio de ataque contra objetivos determinados.
Todo el dinero obtenido, producto de esos ataques o de la venta de bienes y servicios ilegales es, "dinero sucio", y para poder aprovecharlo tienen que limpiarlo. Para ello, utilizan distintas técnicas de lavado tendientes a que aparenten ser de origen legal, indicó Litvin.
Según Litvin, se eligen estos activos son elegidos porque "son descentralizados (no son regulados por el Estado), las operaciones son irreversibles y, fundamentalmente, la trazabilidad de las transacciones es mucho más complicada, con lo cual el anonimato y la consecuente impunidad está casi garantizada".
Además hay que considerar que divisas como Bitcoin permiten la creación instantánea de nuevas direcciones que, a diferencia de las cuentas bancarias, no requieren del registro obligatorio de información personal.
A diferencia del dinero que se intercambia en operaciones en las que intervienen entidades financieras, las divisas virtuales se transfieren entre particulares utilizando direcciones virtuales especificas. Estas transacciones quedan registradas en un libro contable público y verificable, conocido como la blockchain.
Pero independientemente de ese registro, las direcciones no están registradas a título personal (a diferencia de las cuentas bancarias) y cada una en sí misma actúa como un identificador único y solo el propietario que tiene los datos de inicio de sesión en la billetera (claves pública y privada) del criptoactivo puede acceder a la cuenta.
Esto quiere decir que no hay nombres conectados a la dirección ni a la "billetera". "A esto hay que sumarle que los criminales usan navegadores como Tor en combinación con una red privada virtual (VPN), lo que les permite impedir el rastreo y geolocalización desde donde operan para lavar", puntualiza Litvin.
Según Litvin, en la Dark Web se ofrecen diferentes servicios ilegales, muy difíciles de detectar por las autoridades:
Estos servicios funcionan como plataforma de salida y se utilizan sistemas como PayPal o Western Union para que los fondos lleguen en la divisa deseada. El Exchange cobra un porcentaje por cambiar los Bitcoins y transferirlos en la moneda seleccionada.
"Ese sistema bien ejecutado, sin cometer errores por parte de alguno de los intervinientes en la operación, hace prácticamente imposible la trazabilidad en una investigación", concluye Litvin.