El 9 de enero, 31 días después de la asunción de Alberto Fernández, el sector fintech tuvo su bautismo de fuego con la nueva administración del Banco Central, organismo comandado por Miguel Pesce.
La Comunicación A 6859 estableció las normas para ordenar el funcionamiento de las cuentas de pago ofrecidas por los Proveedores de Servicios de Pago (PSP). A diferencia de lo que barajaba la industria, fue mucho más "light" de lo esperada y dejó contento a más de un banquero "4.0".
Sin embargo, la fiesta fue completa, ya que en ese momento fuentes oficiales confirmaron a iProUP que la AFIP avanzaría sobre las CVU (Cuenta Virtual Uniforme) de personas jurídicas; un pedido recurrente de los bancos, que así tendrán un "premio consuelo" en su avanzada para que al menos aumente la presión impositiva sobre sus competidores.
A esto se sumó una nueva comunicación en la noche del jueves 30 de enero, la A 6885, que apunta a complementar el marco normativo general para los PSP que ofrecen cuentas de pago.
De esta manera, el Central establece que las fintech deberán inscribirse antes del 1° de abril de 2020 en un registro formal de proveedores y encuadrarse en un régimen informativo y de vigilancia para monitorear su evolución.
"Queremos igualdad para competir", pedía Javier Bolzico, presidente de Adeba, la cámara que agrupa a las entidades de capital nacional, en un evento con periodistas en julio del año pasado. "La cancha está inclinada para las fintech", agregaba.
El registro, si bien fue confirmado a altas horas de la noche, no sorprendió a los empresarios del sector. Por el contrario, se daba por descontada su puesta en marcha más pronto que tarde.
Respecto de su impacto, un "peso pesado" del sector confirma a iProUP que las fintech ya se preparaban para la puesta en marcha de la nueva reglamentación. En ese sentido, señala que "la norma tiene sentido" y aclara que su implicancia es que "el BCRA puede monitorear el funcionamiento de los PSPs".
El sentimiento compartido por los actores es que un avance en la regulación no es malo per sé, ya que da más transparencia a la banca 4.0 y, al mismo tiempo, la legitima.
Sin embargo, otros ven en los últimos movimientos del Central la amenaza de un "torniquete" sobre un sector que, hasta ahora, había gozado de plenas libertades para expandir sus negocios.
"Esto parece haber sido redactado por un grupo de banqueros", dispara uno de los players más consolidados del ecosistema fintech. "Registros, pedidos de transparencia con algo de ‘mala leche’. No creo que lo que venga de ahora en más sea más liviano", completa el ejecutivo.
Entre la cautela y los comentarios en off, los financieros "tech" se adaptan al ritmo de la nueva cúpula del Central. El miedo inherente es que la regulación no se transforme en un nuevo campo de batalla contra Mercado Libre, el gigante de Marcos Galperín que ya fue apuntado con los cañones del gobierno luego de la suspensión de la Ley de Economía del Conocimiento.
En la reunión que mantuvieron representantes de la industria y funcionarios del BCRA luego de las medidas para regular el sector ya se había adelantado que el próximo paso consistiría en controlar más de cerca a las financieras digitales.
Así, la autoridad monetaria creará un registro de PSP, como denomina el Banco Central a las fintech que ofrecen cuentas virtuales (identificadas con CVU, el equivalente a la CBU bancaria) y que permiten el vínculo entre quien realiza un pago y quien lo recibe.
Para inscribirse, las compañías deberán obtener un usuario y contraseña a través de la página de AFIP, ingresando con la clave fiscal de la empresa. Además de los datos de la empresa, este registro contará con información personal y de contacto de responsables legal, de seguridad de datos, de sistema de pago y de régimen informativo.
También deberán detallarse los accionistas que tengan al menos el 20% del capital o los votos, es decir, quienes poseen el "control final" sobre la firma.
De esta forma, las fintech deberán aportar información –en carácter de declaración jurada– sobre los movimientos que realicen los usuarios, ofrecer medios de información en tiempo real al BCRA y permitir inspecciones en las instalaciones y documentación.
Es decir, la autoridad monetaria dejará de estar "a oscuras" sobre lo que hacen las fintech y ejercerá un control similar al que efectúa sobre los bancos.
"Se van a tener que inscribir durante marzo y desde el 1º de abril deberán informar, tal cual hacen las entidades financieras", revelan desde el organismo a iProUP.
Sin embargo, no todas deberán brindar los mismos detalles. "Los requisitos de régimen informativo se van a fijar según cada caso particular, en base a su cantidad de operaciones", añaden.
"La norma es para Mercado Pago", advierte una fuente que prefirió mantener el off-the-record, quien agrega: "Había que controlar al jugador más grande, la Argentina es el único país en donde no estaba regulado".
"Estaba sin una supervisión activa y siempre se negó amablemente a brindar información a las autoridades que fueron muy insistentes en sus pedidos", revela la fuente.
Pero también se habla de un "pase de factura" de los bancos, quienes vieron cómo Marcos Galperín lograba volar por debajo del radar de la autoridad monetaria por su cercanía con el expresidente Mauricio Macri.
"Horacio Liendo, exdirector del BCRA, se fue a trabajar a Mercado Libre para indignación de los bancos que lo interpretaron como un síntoma de la amistosa relación de la compañía con la administración anterior", añade.
La "gestión Pesce" se diferenció rápidamente de sus antecesores al avanzar en regulaciones que den un marco de control a las fintech. Estas se habían beneficiado hasta el momento de un "dejar hacer" que les permitió crecer a un excelente ritmo y, al mismo tiempo, les ganó la antipatía de gran parte de la banca tradicional.
La Comunicación A 6859 fue el primer avance en ese sentido. El principal punto de esta normativa estableció que los fondos de los clientes acreditados en cuentas de pago ofrecidas por los PSP debe encontrarse en cuentas a la vista, en pesos, en entidades financieras del país y, en todo momento, disponibles con carácter inmediato ante su requerimiento, por un monto al menos equivalente al que fue acreditado en la cuenta de pago.
En otras palabras, el dinero de los usuarios se debe resguardar en cuentas corrientes, tal como adelantó iProUP. El objetivo del BCRA es garantizarse que el saldo que sus clientes tengan en un monedero virtual sea líquido y no se utilice por las fintech para obtener ganancias propias.
Asimismo, los PSP podrán, a pedido de sus clientes, aplicar los saldos de las cuentas de pago en fondos comunes de dinero y se requerirá al PSP que los saldos invertidos se informen de manera separada del resto.
Esto no afectará a los Fondos Comunes de Inversión que ofrecen empresas como Ualá o Mercado Pago, ya que en estos casos las personas aceptan invertir en esos instrumentos para obtener una renta.
En este punto, el Central es claro: "Para la realización de transacciones por cuenta propia (pago de proveedores, pago de sueldos, etc.), los PSP deberán utilizar una cuenta a la vista "operativa" (de libre disponibilidad) distinta a la cuenta donde se encuentren depositados los fondos de los clientes".
"En países donde se regula a las entidades de pago, con la intención de cuidar a los usuarios pero sobretodo con la idea de que crezca el mercado fintech, generalmente exigen que los saldos estén encajados al 100% en entidades. Es decir, no es una locura", afirmaron en ese momento a iProUP desde un importante banco digital.
"Es más, para licencias de eMoney piden encajes de más de 100% en algunas jurisdicciones. No es descabellado en pos de desarrollar el mercado fintech", agregaron.
Lo pendiente, por ahora, es establecer cómo actuará la AFIP sobre las CVU jurídicas con los ya comentados impuestos a créditos y débito.
Un referente del sector fintech, con fuerte llegada dentro de la industria, señala a iProUP que "gravar esas transacciones parece más lógico que impedirlas, como trascendió en los últimos días".
Sin embargo, advierte que la apuesta estratégica debe ser "beneficiar impositivamente los medios de pago digitales en detrimento del efectivo, que es el medio natural de la informalidad. Si le sumas retenciones y otros gravámenes incentivás el cash y la informalidad que acarrea".
Otro punto que quedó fuera de la regulación fue delimitar qué es lo que pueden hacer las fintech para que su operatoria no sea considerada intermediación financiera. Desde el Banco Central revelan que se prefirió no definir en detalle qué actividades están alcanzadas y en su lugar se optó por aumentar los controles.
Así lo establece en la Comunicación A 6859: "Los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) y los miembros de sus órganos de gobierno, administración y fiscalización, por los incumplimientos que se constaten respecto de las disposiciones previstas en esta comunicación, serán pasibles de la aplicación de las sanciones conforme a lo previsto en los artículos 41 y 42 de la Ley de Entidades Financieras y disposiciones concordantes".
En caso de comprobar que una financiera digital está dando préstamos con sus depósitos y no con fondos propios, como dicen hacer, la decisión de Pesce es muy clara: iniciará sumarios, reclamará multas millonarias y hasta evalúa recurrir a las inhabilitaciones para que sigan operando.