El Gobierno Nacional oficializó la reglamentación de la reforma laboral a través del Decreto 847/2024, publicado este jueves en el Boletín Oficial.
Esta normativa, que parte del capítulo referido a empleo de la Ley Bases, aprobada en junio de este año en el Congreso, trae consigo importantes modificaciones en las condiciones laborales del país, con el objetivo de mejorar la promoción del empleo registrado y ofrecer más garantías tanto a trabajadores como a empleadores.
Su reglamentación implica la entrada en vigencia de innovaciones en el terreno del trabajo y la relación entre empleados y empleadores.
Luego de las modificaciones presentadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la reforma sumó múltiples cambios clave para su implementación.
A través del decreto, el Poder Ejecutivo mencionó que "el profundo cambio generará más oportunidades para el empleo registrado en el sector privado a través de la flexibilización de una serie de condiciones".
Entre otros puntos, la reforma establece el axioma de cese acordado si el trabajador y el empleador consideran que el nuevo sistema los beneficia. De esta forma, los sindicatos y la patronal podrán negocias, en el marco del convenio colectivo, un sistema de cese en reemplazo de la indemnización actual.
Para ello, el sistema contempla una serie de directrices como la creación de un Fondo de Cese individual o colectivo, a través del cual podrán abonar de manera mensual un porcentaje fijo destinado a cubrir potenciales despidos. Otros dos formatos habilitados incluyen un Sistema de Cancelación Individual y un Sistema de Seguro individual o colectivo, para salvaguardar al empleado.
El blanqueo se suma como una herramienta que va a permitir enfrentar el alto nivel de informalidad. Se implementa un sistema de regularización de empleo no registrado, que permite a las empresas saldar deudas por aportes y contribuciones patronales.
Las micro y pequeñas empresas podrán acceder a condonaciones de hasta el 90% de sus deudas, mientras que para las demás compañías la reducción será del 70%.
La nueva reglamentación introduce la extensión del período de prueba a seis meses para nuevas contrataciones. En este sentido, por convenio colectivo se puede ampliar hasta 8 meses en empresas de entre 6 y 100 trabajadores y hasta 1 año en firmas de menor tamaño (hasta 5 trabajadores).
Durante este tiempo, los empleadores podrán evaluar al trabajador sin la obligación de pagar indemnización por despido, lo que busca fomentar nuevas oportunidades de empleo.
En cuanto a la simplificación laboral, la reglamentación busca eficientizar el proceso de registración laboral para fomentar la formalidad. Para ello establece que el contrato de trabajo se considerará registrado cuando se hubiese inscripto al trabajador en los sistemas de la AFIP, independientemente de quien lo registre (sea la empresa usuaria o empleador).
La normativa también establece sanciones más estrictas contra los bloqueos sindicales o tomas de establecimientos que afecten la actividad productiva, imponiendo multas severas a los gremios que incurran en estas prácticas en el artículos 94.
Las injurias cometidas en este apartado resultarán en causal de despido justificado. Los empresarios pidieron mantener el sesgo duro de ese punto, mientras que la Confederación General del Trabajo (CGT) propuso atenuarlo en la reglamentación a través de un procedimiento previo que obligaba al empleador a ir a la Justicia para despedir a un 'bloqueador'.
Sobre este punto, Sturzenegger mencionó que "la redacción que hizo el Congreso es fuertísima porque habla de bloqueo total o parcial", algo que puede generar "un cierto halo de discrecionalidad" para determinar los alcances de una protesta.
Por último, para los trabajadores independientes, se establece que el régimen creado por la Ley Bases se implementa mediante la figura del monotributo.
Todos los empleados abarcados bajo esta modalidad deberán prestar una declaración jurada ante la AFIP y no podrán tener más de tres trabajos en forma simultánea.