Durante el fin de semana, surgió la clásica pregunta en cenas familiares y juntadas con amigos: ¿qué pedimos? Pero la respuesta estuvo signada por la duda: en la ciudad de Buenos Aires, las aplicaciones de delivery están suspendidas y muchos porteños están prescindiendo de una joven –aunque rápidamente adoptada– costumbre 4.0.
El viernes, el juez Roberto Gallardo, a cargo del Juzgado de Feria Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, ordenó el cese temporal de la actividad por incumplimiento de resoluciones judiciales.
La medida fue solicitada por la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (Asimm) y permite que la Policía decomise las mercaderías que transporten todos los empleados de las tres firmas hasta tanto "respeten íntegramente los requisitos legales y judiciales".
En tanto que la Asociación de Personal de Plataformas (APP), agrupación que nació entre los ciclistas de Rappi, señala "el único resultado de la prohibición es más clandestinidad y más precariedad". Y agregaron: "No es la solución a nuestros reclamos. Queremos derechos laborales y nos dejan sin trabajo".
Al platillo de la precarización laboral se le añadió otra guarnición: la grieta, en plena campaña electoral, condimentó la discusión sobre estas nuevas formas de trabajo. De hecho, a Gallardo se le atribuye cierta simpatía con el kirchnerismo.
En las últimas horas, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, criticó con dureza al magistrado y defendió el servicio que prestan las empresas de delivery.
"Una cosa es que trabajemos para ver cómo se regulan estas nuevas opciones que aparecen con la tecnología, pero otra es prohibirlo y dejar en la calle un tendal de gente, justo con la necesidad de trabajo que hay", cuestionó.
En este sentido, varios comercios sondeados por iProUP dan cuenta de bajas en sus ventas y de la presencia de menor cantidad de ciclistas en sus locales desde que se impuso la medida, quienes además de perder repartos son los más perjudicados en el caso de ser alcanzados por la inspección policial.
Según las empresas de delivery, existen unos 12.000 comercios adheridos y más de 20.000 repartidores que utilizan sus servicios en la Capital Federal. La gran mayoría de esos locales no poseía moto propia y basó su negocio en estos nuevos servicios, en tanto que el resto sumó a las aplicaciones para llegar a más clientes.
De acuerdo con el sondeo realizado por iProUP, desde que la decisión de la Justicia bajaron como mínimo 40% los pedidos realizados a través de la app. Y en algunos comercios, prácticamente, fueron nulos los envíos mediante estas plataformas.
"No se ven tantos repartidores. Bajaron 40% los pedidos y el 45% de nuestro negocio es a través de la app", afirman a iProUP desde un local de Mi Barrio, una cadena de hamburgueserías de fuerte actividad en Glovo y cuya expansión de sucursales se basó en la aplicación.
De esta forma, el local despacha unos 100 pedidos –que aumenta a 150 los fines de semana– promedio, que se redujeron a unos 60. Una tendencia que se repitió en otras cadenas gastronómicas.
Desde la sucursal de Sushi Club de Palermo aseguran a iProUP que "bajaron los pedidos al menos 40%" el fin de semana y añaden que como tienen una sola moto propia "la gente prefiere no hacer el pedido por la demora".
Una competidora, también del barrio de Palermo, confirma el retroceso de 40% el fin de semana y agrega que la cifra trepó al 65% el lunes y el martes.
"A nosotros nos complica porque nos sirven las apps. Antes llegábamos a clientes de hasta 15 cuadras y lo entregábamos en 40 minutos. Ahora, con un Rappi lo podemos enviar apenas sale y llegamos más lejos", remarcan desde el local.
Por su parte, la pizzería Kentucky de Palermo Hollywood calcula que la cantidad de pedidos "cayó entre un 40% o 50%". Y remarcan que en otros locales de la cadena pasó lo mismo. Su competidora y vecina de enfrente, Bakano, acusa un descenso de 40%.
Otro rubro que vio "congelados" sus repartos fue las heladerías. El local de Pérsicco de Parque Las Heras confirma a iProUP una baja que ronda el 50%. "En promedio, tenemos 25 pedidos por día. Y ayer (lunes) no tuvimos ninguno", agregan.
Lo mismo ocurrió con Tino, una emblemática heladería artesanal de la zona de Parque Centenario, que combina motos propias con el servicio de PedidosYa. "Bajó a la mitad, de unos 30 pedidos por día ahora tenemos unos 15 a través de la app", aseguran desde el local.
Pero en otros comercios, la baja fue aún más pronunciada. La parrilla Cachito Premium de Palermo, confía a iProUP que casi no están recibiendo pedidos a través de las aplicaciones tras la suspensión judicial.
"Bajó mucho. Como referencia, sí teníamos 20 pedidos por día, ahora tenemos 2 o 3. Desde que se dio a conocer el fallo, la demanda viene así todos los días", completan desde el local.
Según fuentes del sector consultadas por iProUP, en estos cuatros días desde que rige la medida se perdieron entre 30.000 y 40.000 envíos que, considerando un ticket promedio de $500, equivaldría a merma en la facturación de hasta $20 millones. A eso se deben sumar $2 millones que no fueron a los bolsillos de los repartidores en concepto de comisiones.
Desde APP, el sindicato para trabajadores de plataformas que nuclea a los riders de Rappi, Glovo y PedidosYa, aseguran que el fallo pegó fuerte en las calles.
"Hubo menos repartidores que salieron a la calle por miedo a que les saquen sus cosas. Por ejemplo, en varios puntos de la ciudad, la policía los hace frenar y les squitan sus mochilas", detallan a iProUP desde la entidad.
En ese sentido, subrayan que "los están persiguiendo bastante". Eso llevó a que muchos repartidores elijan salir a trabajar sin los uniformes de estas empresas, para evitar ser identificados.
La Policía de la Ciudad, por su parte, confirmó a iProUP que los operativos se están realizando "de forma que no se altere el despliegue policial para no afectar la seguridad de los vecinos".
En rigor, son 6 los puntos de la Capital donde se apostan todos los días, de 11 a 14 y de 20 a 24, las franjas horarias de mayor demanda de delivery.
Las autoridades tienen la orden de identificarlos y controlar que tengan casco puesto, chaleco refractario, la caja fija a la moto o bici y no de mochila y tener libreta sanitaria.
Según el organismo, "se los identifica y se les secuestra la caja con los alimentos, pero no se los detiene".
El fallo de Gallardo también pone una barrera a los pagos. El magistrado les ordenó a Visa, Mastercard, Tarjeta Naranja y American Express Argentina que dispongan la inmediata suspensión y bloqueo de sus operaciones con las apps de delivery.
Por ahora, los pagos siguen en pie. Solo para Rappi, las tarjetas representan el 60% de su facturación total; sin embargo, las tres "grandes" del delivery están preparadas para operar 100% con cash si así lo requiere la coyuntura.
Con respecto a los comercios, la abogada Solana de Diego afirma a iProUP que esta medida representa un lucro cesante para los restaurantes. "Estos servicios permiten impulsar a las Pymes, los pequeños locales y los comercios que tuvieron que cerrar pero usan la app para seguir vendiendo", remarca.
Según el abogado laboralista Juan Carlos Cerutti, los comerciantes "pueden presentarse en el expediente a través de alguna cámara que los agrupe y reclamar como terceros el daño que les está causando y proponer una medida diferente".
Asimismo, De Diego remarca que "hay tres personas independientes, que no tienen vínculo laboral sino comercial", por lo que critica que "que venga un juez de instancia administrativa que no tiene facultades para determinar lo que dispuso para que dejen de funcionar y que la policía persiga a los riders como si fueran delincuentes".
En este punto, Cerutti señala a iProUP que "los ciclistas transportan comida de forma legal y masiva, sin tener los cuidados bromatológicos que impone la ciudad, que es a lo que se dedica Gallardo" y agrega: "No sé si tiene competencia para que la Policía verifique si tienen ART o elementos de seguridad".
Tal como hacen a bordo de sus bicicletas, los repartidores se topan con otro obstáculo a sortear: las cuestiones judiciales. Y esperan que –con la misma velocidad de sus repartos– llegue una nueva legislación laboral que los rescate del vacío legal de su actividad.