Legisladores del Frente de Izquierda presentaron, tanto en la Legislatura porteña como en el Congreso Nacional, proyectos para restringir y controlar la actividad de plataformas de delivery. Estos proyectos ingresaron la semana pasada casi en coincidencia con un nuevo capítulo de la pelea judicial con Glovo, Rappi y Pedidos Ya luego de situaciones relacionadas con las irregulares condiciones de trabajo que sus conductores sufren. 

Por estas razones el viernes el juez Roberto Gallardo redactó un fallo que decidió suspender las actividades de las empresas Rappi, Glovo y PedidosYa, "por incumplimientos de resoluciones judiciales". La pelea judicial de Gallardo con las plataformas viene desde abril, cuando el magistrado ordenó prohibir el funcionamiento de "Rappi", "Glovo" y "Pedidos Ya" en CABA hasta que acrediten "judicialmente la adecuación" a los requisitos legales estipulados por el Código de Tránsito y Transporte local, según se informó hoy. 

"El proyecto que elaboramos junto compañeros precarizados de la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR) establece una serie de medidas como la prohibición de que las empresas publiciten un servicio veloz de entrega a costa de poner en riesgo la vida de los trabajadores y las suspensiones y castigos por incumplir estándares que ponen en riesgo su vida o su salud", explicó la diputada Romina Del Plá, del PO y el Frente de Izquierda, y asegura que propuesta apunta a "proteger a las y los trabajadores de reparto, uno de los rubros laborales más degradados en el país y en el mundo".

Además, agregó, "prohíbe la carga un peso excesivo sobre sus espaldas; obliga a las empresas a reconocer plenamente la relación de dependencia (golpeando el generalizado régimen monotributista en el rubro); establece un régimen de licencias y condiciones de infraestructura para cubrir necesidades básicas durante la jornada laboral; dispone el incremento del cobro por entrega y un sueldo básico independiente del mismo y, entre otras medidas, sanciones para las empresas".

Y sumó: "Se crea asimismo una Comisión de Control y Seguimiento de la ley, integrada en un 70% por representantes electos de los trabajadores de reparto y en un 30% por funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación".

Según la diputada "esta forma devaluada de trabajo es el modelo en que se inspira el empresariado argentino cuando reclama la reforma laboral, que requiere la destrucción de los convenios colectivos para eliminar derechos conquistados. El pacto con el FMI, que defienden tanto los Macri-Pichetto como los Fernández-Fernández, está orientado a garantizar esta degradación laboral en detrimento de los trabajadores y en favor de una porción de empresarios y del sistema financiero".

"La necesidad de establecer medidas urgentes la ilustran los accidentes –algunos fatales- que afectan duramente a los trabajadores del sector, que pagan con brutales consecuencias físicas y psicológicas la extrema precarización a la que están sometidos para obtener un ingreso mínimo, trabajando a destajo, sin horarios, medidas de protección ni licencias de ningún tipo", dijo la también docente y secretaria general del Suteba Matanza

Del Plá hizo foco en las malas condiciones laborales que sufren los conductores de plataformas: "Las calamidades que deben soportar a diario en su jornada de trabajo implican un riesgo diario a su integridad física, en una actividad donde los accidentes de tránsito ya se han cobrado varias vidas. Las empresas los obligan a atender el teléfono cuando están manejando las bicicletas o las motos, promocionan sistemáticamente "la entrega veloz" e imponen un perverso sistema de "premios y castigos", incluidas las suspensiones, que los fuerza a violentar sistemáticamente normas de tránsito y a exponer su salud y sus propias vidas. Son miles de trabajadores en estas condiciones, haciendo un esfuerzo titánico para conseguir un ingreso mínimo, y que además no tienen un lugar donde ir al baño o descansar, obligados a realizar una actividad a destajo, sin horarios ni licencias de ningún tipo".

Según datos oficiales a partir de un relevamiento hecho por la Policía de la Ciudad a más de 400 ciclorodados, se sabe que el 77% circula con el portaobjetos cargado en su espalda, el 70% desempeña tareas sin seguro alguno, y 67% circula sin casco, según publicó el portal de noticias del Consejo de la Magistratura porteño, IJudicial.

A su vez, el Ministerio de Salud porteño informó que en el lapso de un mes, y siempre hablando del sistema público de Salud de la Ciudad, se atendieron 25 víctimas de accidentes en la vía pública, mientras desempeñaban su tarea de delivery.

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