A un mes del estrepitoso colapso de la criptomoneda $LIBRA, promocionada como una herramienta para impulsar la economía argentina, los tribunales estadounidenses se preparan para un litigio de alto voltaje.
Inversores de diversas partes del mundo, representados por el estudio Burwick Law, presentaron una demanda colectiva contra los responsables internacionales de este proyecto fallido, exigiendo compensación y justicia.
El planteo apunta a la familia Davis, Julian Peh, Benjamin Chow y las firmas Kelsier Ventures, Kip Protocol y Meteora, señalándolos como los artífices de un esquema que habría defraudado a más de 200 víctimas.
Víctimas en todo el mundo y acciones legales en curso
Según la demanda presentada por el estudio Burwick Law, los acusados promocionaron $LIBRA como una iniciativa para financiar pequeñas empresas y proyectos educativos en Argentina.
Si bien el presidente Javier Milei no figuran entre los demandados, su nombre resuena con fuerza en la demanda. Los afectados sostienen que la figura del presidente fue clave para atraer inversores, otorgando una "apariencia de legitimidad" al proyecto.
"No me imagino al presidente Milei teniendo que dar explicaciones. Es una acción de los perjudicados norteamericanos que van por los creadores de la plataforma", remarca a iProUP Nicolás Leiva Dalmás, abogado especialista en blockchain e integrante del estudio LACLE.
Como apunta el letrado, la estrategia legal de los demandantes busca evitar un enfrentamiento con el Estado argentino y sus funcionarios, centrándose en obtener un resarcimiento económico en Estados Unidos.
Para Leiva Dalmás, la publicidad que se hizo en relación a $LIBRA "excede al presidente Millei. En el universo cripto es sumamente usual este tipo de operaciones. Subidas abismales y, de pronto, caídas abismales también".
No obstante, la demanda acusa a los responsables de $LIBRA de implementar una "estrategia de distribución de tokens intrínsecamente injusta y manipuladora", inflando artificialmente el precio y ocultando información crucial a los inversores.
"Pienso que el asunto adquiere otra dimensión, en el sentido de que ahora - a partir de esa demanda civil colectiva- se "despenaliza" el caso y pierde el estrépito y efecto mediático que puede tener un asunto penal de interés público", comenta a iProUP el abogado Pedro Despouy Santoro.
El especialista aclara que la demanda "no solo que no incluye a Milei ni a su hermana como demandados, sino que, además, parece decir que el presidente habría sido utilizado como sujeto influyente para difundir el lanzamiento de Libra".
"Es decir, como un eslabón más dentro de la maniobra defraudatoria. En ese contexto, a mi forma de ver, no se infiere -de lo poco que surge de esa demanda- alguna participación dolosa de Milei", completa.
La presentación señala a los involucrados en la trama de utilizar "pools de liquidez unilaterales, trading con información privilegiada, bots snipers y prelanzamientos" para beneficiar a insiders a costa de los inversores. Los abogados de Burwick Law señalan que la "asociación estratégica con políticos influyentes" enmascaró estas prácticas fraudulentas.
La demanda colectiva representa a más de 200 víctimas de $LIBRA provenientes de varios países. Además, el Departamento de Justicia de Estados Unidos recibió un "reporte de operaciones criminales" relacionado con el caso.
Para Despouy Santoro, existe la posibilidad de que el Presidente pueda declarar como testigo en la causa civil, vía exhorto internacional. No obstante, enfatiza: "Es improbable que en el marco de una demanda civil colectiva pueda ir preso Milei, porque en ese ámbito no se investiga ni juzga un delito sino un reclamo de exclusiva naturaleza resarcitoria"
Investigación en Argentina: allanamientos y entrecruzamiento de llamadas
En la Argentina, la investigación avanza con allanamientos en las propiedades de intermediarios locales como Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores. La Fiscalía prepara un entrecruzamiento de llamadas para determinar las responsabilidades de los implicados.
A todo esto, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado reclama la competencia del caso, argumentando que el "hecho a investigar" que desencadenó la presunta estafa tuvo lugar en la Quinta de Olivos, residencia presidencial.
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